Con litigios en baja, Córdoba aplicará nueva ley de ART

La norma reformada comenzará a regir el próximo viernes, con algunos matices. En la Ciudad de Buenos Aires, en donde se acata desde su sanción, la litigiosidad en el sistema disminuyó.

A fines de mayo, la Legislatura Unicameral adhirió con algunas modificaciones a la nueva ley nacional de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que a partir del viernes comenzará a regir en la Provincia.
Luego de la reforma del sistema que promovió el macrismo los niveles de litigiosidad en las distintas jurisdicciones son variados, ya que cada una debe aprobar una norma específica para comenzar a aplicar la legislación.
La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito en el cual comenzó a acatarse apenas se sancionó, y según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) la cantidad de demandas que recibieron las empresas bajó notablemente. Además, precisó que el 96 por ciento de las causas se dirime vía acuerdo.
Ese panorama de litigiosidad en baja contrasta con el territorio bonaerense, que aun sigue los parámetros del mecanismo anterior, en donde los reclamos se incrementaron. Así, mientras los juicios notificados a las ART en la capital del país disminuyeron un 24 por ciento, en el interior bonaerense subieron el 58 por ciento.
No obstante, Santa Fe y Mendoza, que tampoco adhirieron, también registran una merma.
Córdoba empezará a implementar la ley con particularidades, ya que la manda local permitirá que una vez que los trabajadores transiten la etapa administrativa de las juntas médicas, puedan plantear automáticamente una acción judicial ordinaria en caso de que no estuvieran de acuerdo con los resultados.
Además, establece que las sedes de aquellos cuerpos de galenos pasarán de tres a 10 en todo el distrito, al determinar que en cada cabecera de circunscripción judicial deberá conformarse uno.
Paralelamente, determina que toda resolución de una junta médica consensuada con el reclamante será homologada no sólo por un funcionario de la Superintendencia de Seguros, sino también por uno del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
A fines del año pasado, según un informe elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia, durante el 2015 se iniciaron 31.511 causas laborales en la Provincia. El 70 por ciento de los procesos se presentaron en los Juzgados de Conciliación de la ciudad, mientras que el resto fueron promovidos en el interior.
El estudio determinó que en la capital la mayor cantidad de demandas fueron originadas por despidos (39 por ciento) y por accidentes o enfermedades laborales (38 por ciento).
En tanto, precisó que durante el período comprendido entre el 2011 y el 2016 los casos iniciados en base a la Ley Nacional 24.557 aumentaron un 4 por ciento.
Además, plasmó que a nivel provincial el indicador de litigiosidad se ubicó en 833 causas cada 100.000 habitantes.

“Industria del juicio”
La convicción de que la “industria del juicio” desalienta generación de empleo fue y es uno de los frentes comunes entre la Nación y la Provincia.
Desde que llegó al Gobierno, el presidente Mauricio Macri sostuvo que la legislación entonces vigente propiciaba que se incrementaran los pleitos en la materia e impulsó con éxito los cambios en el régimen de ART.
Juan Schiaretti comparte ese criterio y desde el primer momento se pronunció a favor del proyecto. Para el mandatario cordobés, la normativa era uno de los impedimentos para crear fuentes de trabajo y aseguró que con la modificación del 2012 los únicos beneficiados fueron “los abogados laboralistas”.
El respaldo político a la intención del Gobierno generó la reacción de los letrados especialistas, que difundieron sendos comunicados en la previa de la reforma planteando que se pretendía reducir la litigiosidad “a costa de las víctimas”.
El punto de vista de los profesionales no tuvo eco en el resto de los sectores involucrados en el debate. En Córdoba, la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, aprovechó la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, para plantear que el costo de los juicios laborales son “insostenibles” para las Pymes.
En tanto, cuando se conoció el visto bueno de la CGT y que la propuesta del oficialismo tenía luz verde, el Foro de Convergencia Empresarial respaldó la alteración normativa, al valorar que sería una herramienta eficaz para destrabar la conflictividad y que brindaría una adecuada respuesta a la problemática, mediante el régimen administrativo de solución de controversias.
También subrayó que atendió a los reparos constitucionales que se le hicieron al régimen anterior, al impulsar el mecanismo de adhesión voluntaria de las provincias.



Dejar respuesta