Con ADN negativo Bullrich vuelve a negar desaparición forzada

La Ministra de Seguridad interpretó que el resultado negativo de los análisis hechos en base a las muestras recogidas de los vehículos utilizados por Gendarmería en el operativo descartan por completo la posibilidad de hablar de desaparición forzada.

Los estudios de ADN realizados en base a las muestras recogidas de los vehículos de Gendarmería dieron negativo. El perfil genético no es coincidente con el de Maldonado. En base a estos resultados la ministra de Seguridad Patricia Bullrich interpretó que ya no hay lugar para la hipótesis de una desaparición forzada, al entender que este elemento echa por tierra toda posibilidad de que haya existido secuestro.
Lo cierto es que, luego de caída la hipótesis según la cual Maldonado habría sido herido de muerte durante su participación en un asalto de sabotaje de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a un puestero de Benetton, indicios, declaraciones y hasta pericias jamás ordenadas por la justicia no paran de sucederse. Descartada esa hipótesis –sostenida por Bullrich con más esperanzas que pruebas- el Gobierno no tuvo más que enfocarse en la teoría de que Gendarmería debía estar involucrada en el asunto.
Entonces, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, entregó al juez de la causa, Guido Otrantto, actuaciones internas de la Gendarmería Nacional. Parte de la documentación que Milman entregó eran los testimonios de los gendarmes en el sumario interno. En base a este informe la investigación comenzó a centrarse en torno a siete gendarmes que participaron en el desalojo de la ruta 40 en Esquel y, particularmente, alrededor de uno de ellos: el subalférez Emmanuel Echazú. Echazú fue herido por una pedrada de uno de los manifestantes que le provocó una doble fractura de mandíbula, fue quién más cerca llegó del río Chubut en el momento en que los activistas huían cruzando el cauce y, tras cartón, fue quién redactó el acta del operativo. Así, todas las miradas se desviaban hacia Echazú. Se interpretó que el gendarme pudo obrar enfurecido por la herida que había recibido y atacar a su agresor u otro de los activistas.
Pero ayer otro gendarme quedó también en el centro de la atención. Se trata de Neri Armando Robledo, quien admitió haber herido a uno de los manifestantes. En sus declaraciones Robledo reconoció haberle arrojado una piedra a uno de los activistas mientras cruzaba el río, aunque dijo que este terminó de cruzar y que la herida no pudo haber sido de gravedad.
El lunes por la mañana, Ariel Garbarz, ingeniero electrónico y especialista en telecomunicaciones, dio a conocer a la prensa que, según sus propias investigaciones, el 2 de agosto pasado alguien habría atendido una comunicación entrante al teléfono celular de línea chilena que utilizaba Maldonado. Garbarz afirma que “a partir de esto podría establecerse la zona donde estaba el móvil y qué otros celulares estaban en el mismo lugar”.
El especialista, al momento de brindar estas declaraciones, esperaba ser atendido por el juez Otrantto, para que el magistrado le permitiera constituirse en perito de parte. Lo cierto es que estas declaraciones llegan de parte de alguien que, hasta el momento, no es parte de la investigación.
Garbraz, que había sido propuesto como perito de parte por la Comisión Provincial por la Memoria -querellante en la causa- no fue aceptado por Otrantto. “La Justicia de Esquel no quiere aceptar un dato que puede hacer avanzar la investigación”, declaró ofuscado antes de partir desde Esquel rumbo a Buenos Aires.
Ayer Otrantto comenzó a tomar declaraciones a 40 gendarmes involucrados que participaron en el procedimiento del 1 de agosto. Además, el Gobierno rechazó formar una comisión especial para investigar el caso, como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos (Acnudh) había sugerido. Marcos Peña así lo comunicó y expresó que el Gobierno confía en que la Justicia está avanzando en la investigación.



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