Debate por Fondo del Conurbano condiciona la reforma fiscal

Los gobernadores reclaman que la discusión sea política y no judicial. Presionan por una mayor caoparticipación del impuesto al cheque y por la eliminación de excepciones en el esquema de reparto de fondos.

Por Gabriela Origlia

La renovación del impuesto del cheque –vence este año- fue uno de los ejes de la reunión de gobernadores que se realizó ayer en la Capital Federal, junto con la defensa jurídica que las provincias harán ante la Corte Suprema por el reclamo de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.
Oficialistas y opositores advirtieron que la “pretensión” de Buenos Aires “perjudica gravemente al resto de las provincias y municipios”. Así lo señalaron en el documento emitido tras el encuentro realizado en la Casa de San Juan, en la Ciudad de Buenos Aires.
En otro punto del texto, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia no tomar resolución alguna hasta tanto sean escuchadas todas las jurisdicciones y se dé “el debate correspondiente entre la Nación, las provincias y el Congreso”.
Si la Corte fallara a favor de Buenos Aires, esa jurisdicción sumaría unos 55 mil millones de pesos al año en vez de los 650 millones de pesos que percibe ahora (el Fondo está congelado desde 1997). La clave es quién pondrá la diferencia: si serán las provincias que deberán resignar a parte de lo que reciben (en el caso de Córdoba unos 7 mil millones de pesos al año) o la Nación. Sobre la legitimidad del pedido no hay dudas; es razonable.
La pelea no es menor, representa medio punto del PBI y todos los gobernadores –sin distinción de partido- buscan una compensación si pierden ingresos por esa partida; esa discusión debe darse en el ámbito político y no en el judicial.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe al Congreso ratificó que es “razonable” el reclamo de actualización del Fondo pero pidió que lo debatan los legisladores. En esa línea también planteó que aspiran a mejorar la distribución de la coparticipación y a consensuar una “base” para la reforma fiscal.
Los gobernadores tienen dos elementos fuertes para presionar a la Nación, uno es que si hay recortes de ingresos no podrán cumplir con el acuerdo de Responsabilidad Fiscal que firmaron hace poco y que apunta a lograr superávit fiscal. El otro es que el impuesto al cheque debe ser renovado este año y el oficialismo requiere de legisladores de otras fuerzas para lograrlo.
La Corte convocó a los mandatarios a que intervengan en defensa de sus derechos al concluir que la controversia por el Fondo “resulta común a los demás estados provinciales”. En distintas fechas, conforme fueron notificadas, deberán establecer su posición. Tierra del Fuego es el último distrito que deberá asistir y la cita es en noviembre, por lo que el fallo no estará antes de las elecciones del 22 de octubre.
Un camino intermedio es que la Corte rechace el pedido de inconstitucionalidad del tope, en ese caso Buenos Aires pedirá que se declare inconstitucional la exclusión de la provincia del reparto del remanente del fondo y del 4 por ciento de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación. Esta alternativa también restaría fondos al resto.
Tanto la Nación como las provincias son conscientes de que la reforma fiscal que pretende Mauricio Macri requiere de negociaciones para establecer el impacto de los cambios. En ese contexto, ayer el gobierno de Córdoba insistió con su propuesta –que ya viene siendo analizada- de que haya una baja de la alícuota del impuesto al cheque, pero que se aumente su coparticipación (hoy se distribuye el 30 por ciento).
A cambio de una corrección de excepciones en la coparticipación (que implica menos fondos distribuidos), propone una reducción de Ingresos Brutos comenzando por los de «extraña jurisdicción».
Las provincias no tuvieron acceso todavía a la iniciativa de reforma fiscal que hace una semana el ministro Nicolás Dujovne le presentó al Presidente y que plantea reducir la presión tributaria del actual 41% al 33% en 2023. Sí conocen que el camino será «gradual» para darle previsibilidad al sector privado.
«Esperamos que en cinco años nos podamos alinear al mundo, donde el Estado no es una carga para el sector privado sino un facilitador. Necesitamos un tiempo para terminar de organizarnos, por la cantidad de problemas acumulados en los últimos años», expresó el ministro recientemente.



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