Caso Maldonado: denuncian encubrimiento del Gobierno

Un fiscal federal pidió que el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, sea investigado por encubrimiento en el caso Maldonado.

El fiscal Federico Delgado presentó ayer un dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en el cual insta al magistrado a abrir una causa penal para investigar si existió o existe encubrimiento por parte del gobierno nacional en la causa Maldonado. En el escrito, Delgado también indicó que debería solicitarse con urgencia la remisión de una copia del expediente radicado en la justicia federal de Esquel. Además, apuntó que Guido Otranto (juez federal de Esquel, bajo cuyo entendimiento se encuentra la causa) debería ser apartado del caso, dado que fue él quien ordeno el desalojo, en cuya ocasión sucedieron los hechos investigados.
Más adelante en el dictamen, Delgado señala que Marcos Peña debe informar a cerca de las acciones tomadas por el Ejecutivo para esclarecer el destino del artesano, el escrito reza “el Señor juez también deberá requerirle al Jefe de Gabinete de Ministros, debido a sus facultades constitucionales, que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”.
La denuncia llega un día después de las declaraciones de Matías Santana, joven perteneciente a la comunidad Pu Lof del departamento de Cushamen (Chubut), que dice haber visto a Gendarmería Nacional golpear a Maldonado para luego llevárselo del lugar.
Luego de brindar su testimonio ante Otranto, Santana declaró ante la prensa, indicando “(el día de los hechos) habían tres efectivos de Gendarmería que estaban golpeando un bulto negro con una campera celeste. Esa campera es la que yo le presto a Santiago [Maldonado] esa mañana cuando decidimos cambiarnos la ropa”.
Y agregó: “Con unos binoculares logro observar que sale un Unimog desde la comunidad hacia la ruta 40. Estaciona una camioneta blanca perteneciente a Gendarmería. Hacen una pantalla, descienden el mismo bulto que yo vi que estaban golpeando, lo introducen en la camioneta y sale rumbo a Esquel”.
La causa que impulsa la fiscalía encuentra base en una denuncia presentada días atrás por la agrupación Liga Argentina de Derechos del Hombre (LADH), en la que se acusaba al presidente Mauricio Macri, al ministro de Justicia Germán Garavano, a la ministra de seguridad Patricia Bullrich y a las autoridades de Gendarmería Nacional.
La presentación de esta denuncia fue realizada por el 29 de agosto por Eduardo Barcesat, abogado de Hebe de Bonafini y ex asesor legal de Alicia Kirchner, y José Schulman, secretario de la LADH.
A su vez, la denuncia radicada en los tribunales de Comodoro Py, icluye también a Marcos Peña, Pablo Noceti (Jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad) y Claudio Avruj (Secretario de Derechos Humanos).
Delgado suscribe a la tesis según la cual, en el marco de la desaparición de Maldonado, las autoridades públicas han encubierto a los autores del hecho, pudiendo haberse configurado los delitos de encubrimiento agravado (por revestir su autor la calidad de funcionario público), violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los denunciantes presumen la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades estatales, buscando “deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.
“Se impone, entonces, impulsar la acción en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación para chequear la verosimilitud de la denuncia. Aunque esa tarea sólo puede limitarse en esta ciudad para el segundo de los hechos; es decir, el encubrimiento”, dice Delgado.
“Es determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado”, completó.