FIT disputa relato antirepresivo (pide jury a Dalma)

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores denunció ayer al fiscal Gustavo Dalma por violar la ley provincial de partidos políticos con los allanamientos de la semana pasada.

fitEl Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), las tres organizaciones que conforman el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) denunció ayer al fiscal provincial Gustavo Dalma.
El trotskismo cordobés entiende que los allanamientos ordenados por Dalma tras los disturbios vividos en las calles céntricas durante la marcha contra el gatillo fácil violaron la ley provincial de partidos políticos, y que el fiscal debe enfrentar un Jurado de Enjuiciamiento que decida su eventual destitución.
La medida se enmarca en una estrategia del FIT para recuperar terreno ante una avanzada kirchnerista sobre las denuncias de ajuste y represión, que siempre han caracterizado el discurso del trotskismo. La lista que encabeza Liliana Olivero no se resigna a recuperar votantes y alcanzar un escaño en la cámara baja, como casi sucede en las últimas elecciones de medio término (2013).

Diferenciación para sobrevivir
El ciclo electoral 2017 es el cuarto consecutivo en el que los partidos que integran el FIT concurren a las urnas como coalición, desde su conformación como alianza en 2011. Los resultados obtenidos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) por la alianza trotskista no satisfizo a sus integrantes, concluyendo la dicha ronda electoral en el cuarto puesto y con guarismos que, proyectados, no les permitirían alcanzar un escaño en el Congreso.
El desempeño de los partidos de izquierda ha sido, tradicionalmente, mejor en los comicios de medio término. Sin embargo, el alto nivel de polarización entre Cambiemos y el kirchnerismo y la conformación de otro frente de similares características ideológicas y estéticas (Izquierda al Frente por el Socialismo, integrado por el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Nuevo MAS) delinearon un escenario que no facilitó la tarea del FIT.
De acuerdo a los resultados de las PASO, que no otorgan bancas en el Congreso a las listas, pero permiten proyectar resultados hipotéticos, si bien la tercera fuerza fue el kirchnerista Frente Córdoba Ciudadana, la última banca que se asignaría por el sistema d’hont correspondería al quinto escaño de Cambiemos, con un coeficiente de 175.181,60 votos. Esto implica que, para lograr arrebatar dicho escaño, el FIT debe sumar casi 90 mil votos a los más de 85 mil que obtuvo en agosto.
Para tamaña epopeya, el trotskismo cordobés posa su mira sobre distintos reservorios de electores de los que podría traccionar votos. La lógica que descansa detrás de esta estrategia es la igualación de las tres primeras fuerzas (Cambiemos, Unión por Córdoba y el kirchnerismo) en términos de las políticas de ajuste y represión de sus respectivos gobiernos.
Según esa mirada, el FIT es la primera fuerza que se diferencia de las políticas atribuidas a los sucesivos gobiernos provinciales de los peronistas José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, o las gestiones nacionales de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
Desde esa posición, el trotskismo cree posible atraer votantes tanto de otras listas que competirán en octubre, como Izquierda al Frente, como de aquellas fuerzas que no superaron el mínimo legal en agosto, como el GEN, el Partido Humanista y Somos.
Además, los rojos especulan con los electores que, si bien no participaron en las PASO, sí concurrirían a votar en octubre. Estos serían entre 200 y 300 mil en la provincial de Córdoba y una de las principales razones de su apatía sería el no sentirse representados por las tres opciones principales.
Las usinas electorales del trotskismo identifican que, para los electores que podrían convertirse en votantes del FIT, las denuncias de represión contra los distintos niveles de gobierno y la situación de incertidumbre alrededor de la desaparición de Santiago Maldonado son temas de interés y preocupación.
Sin embargo, también ven que el kirchnerismo ha logrado ponerse a la cabeza de los reclamos, a pesar de hechos de similares características acontecidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que desde el trotskismo se denunció en repetidas ocasiones. La conferencia de prensa brindada por los dirigentes k de Córdoba en el local del Partido de la Victoria tras los allanamientos es prueba de ello.
El FIT no quiere ceder sus banderas y, para ello, debe ponerse al frente de las disputas mediáticas y discursivas.
Este razonamiento es el que empujó a los legisladores y candidatos de la izquierda a denunciar al fiscal Dalma por los allanamientos ordenados la semana pasada tras la marcha contra el gatillo fácil. En la presentación ante la Fiscalía de Instrucción estuvieron presentes representantes de los tres partidos: Liliana Olivero y Ezequiel Peressini por Izquierda Socialista; Javier Musso y Laura Vilches por el PTS; y Javier Navarro y Eduardo Salas del PO, entre otros.
Según difundieron, la denuncia se refiere a la violación del artículo 6 inciso 3 de la ley provincial 9572, que rige la vida de los partidos políticos cordobeses. Según dicha norma, “defender la inviolabilidad de sus sedes partidarias” es un derecho del que gozan los partidos.
El FIT denuncia que la falta de proporcionalidad entre los hechos investigados y la magnitud del operativo, así como la aparente falta de elementos en los que se sustentase la orden, convierten a los allanamientos de la semana pasada en una violación a dicha norma.
En las próximas semanas, los dirigentes del FIT buscarán estar más presentes en las discusiones mediáticas sobre el caso Maldonado y sobre el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en las manifestaciones de las semanas recientes.