Sin acuerdo entre gobernadores y con la Nación, la reforma fiscal es utopía

Provincias ricas y pobres tienen diferentes intereses que requerirán de un consenso básico para poder avanzar en la eliminación de impuestos distorsivo y en la búsqueda de vías para no desfinanciarse.

reformaLos gobernadores peronistas sigan trabajando para armar un frente común e insisten en que será el peronismo “republicano” el que garantizará “gobernabilidad política” al presidente Mauricio Macri pero –enfatizan- la Casa Rosada debe ofrecerles “gobernabilidad económica”. Traducido: ellos todavía tienen la llave para debatir la reforma tributaria y laboral que pretende Cambiemos.
El economista del Ieral Jorge Vasconcelos señala que hay intereses comunes entre Nación y gobernadores y que es clave ordenarlos. Por el tamaño del déficit fiscal, superior a 7 puntos del PIB consolidando Nación y provincias e incluyendo intereses, no es posible mejorar la calidad de vida de la población en base a viejos instrumentos como el empleo público o los subsidios. En ese contexto, subraya que la cuestión del “país federal” es un tema de primer orden.
En la Argentina hay cinco provincias “ricas”, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Ciudad y Buenos Aires; cuatro que son fuertemente dependientes de la minería y los hidrocarburos (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y San Juan) y, las quince restantes, con muchos matices, están encuadradas como “pobres”. La divergencia de intereses de corto plazo entre unas y otras está en la base de los problemas nacionales.
Vasconcelos menciona que la gestión en las cinco “ricas” sufre el lastre de la elevadísima presión tributaria, del exceso de trabas burocráticas y de las llamadas “industrias del juicio”, porque allí el empleo es predominantemente privado y es dónde más repercuten las dificultades que enfrentan las empresas para invertir y generar puestos de trabajo. Esas jurisdicciones aportan más del 75 % del PIB nacional, pero en el Congreso tienen el 55 % de los diputados y el 21 % de los senadores.
Las “pobres” tienen un buen número de diputados y el 62% de los senadores, siendo que, en el corto plazo, sus incentivos son opuestos a los de sus “primos acomodados”, ya que su gestión depende poco de la suerte del empleo privado y la coparticipación puede llegar a representar hasta el 90 de sus ingresos fiscales. Por ende, la elevadísima presión tributaria es para ellas un beneficio (en lo inmediato), y no una preocupación.
En su análisis el economista apunta que los distritos mineros, que tienen a las regalías como ingreso clave, dependen de la confianza que tengan los inversores en la permanencia de las reglas de juego del país, y en la existencia de infraestructura adecuada, que requiere inversiones estatales. Por esas razones, esas jurisdicciones y el gobierno nacional pueden encontrar puntos en común, como en el caso de Vaca Muerta.
“Pero esta experiencia no es extrapolable al resto, porque la intervención estatal consistió en fijar un precio base para el gas, no en bajar impuestos –agrega-. El común denominador está en la expansión del sector privado, que podría generar simultáneamente buenas noticias en materia de empleos y recaudación impositiva”.
Las provincias “pobres” demandan fondos coparticipables abundantes, y tienen legisladores como para hacerse valer, pero es en las “ricas” donde se genera el grueso de esos recursos y sólo un necio podría proponer subir alícuotas para recaudar más: el 21 % del IVA en la Argentina compara con el 13 % promedio de América Latina; y el 35 % de Ganancias con un 28 % en la región, sin hablar del “impuesto al cheque”, especie en extinción que sólo subsiste aquí.
“Sin crecimiento de la economía no habrá mejora de recursos coparticipables, más allá de lo que pueda lograrse por menor evasión. La paradoja está en que, para lograr ambos objetivos, se necesita reducir tributos sobre los empleos formales (contribuciones patronales) y sobre las transacciones (ingresos Brutos), en los que los sacrificios fiscales corresponden a provincias ricas y Nación”.
Vasconcelos enfatiza que si esas cinco jurisdicciones logran unificar un plan con el gobierno nacional después de octubre, “la discusión con el resto de las provincias podría avanzar de un modo inédito”.