Con su cargo en riesgo, Senestrari intenta hacer buena letra

Procedió con rapidez ante una denuncia de la Gendarmería y ordenó la detención del universitario que llamó a “matar” agentes de la fuerza “hasta que aparezca Maldonado”.

Por María Viqueira

senestrariEl fiscal Enrique Senestrari actuó con rapidez ante la denuncia presentada por la Gendarmería el viernes de la semana pasada y ordenó la detención del universitario de 23 años que, vía Twitter, llamó a “salir a matar” efectivos de esa fuerza “hasta que aparezca Santiago Maldonado”.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante el operativo durante la tarde del martes. Antes, el funcionario dispuso un allanamiento en el cual, según precisó, se hallaron elementos que acreditarían que el joven fue el autor del posteo, un accionar que le valió que lo imputara por la presunta comisión del delito de incitación a la violencia colectiva.
Tal como se especulada, el estudiante fue liberado ayer. Al promover el pedido de excarcelación, la defensora oficial Mercedes Crespi manifestó que el arresto implicó “un uso excesivo del poder punitivo del Estado” y valoró que el hecho no constituyó ilícito.
Mientras subía el tono de la polémica por el uso político de la causa -en especial, por el planteo que hizo CTERA en las escuelas de todo el país, que generó una oleada de críticas y el repudio de miles de padres de alumnos- la abogada no se privó de bajar línea. “Me pregunto que hacía Gendarmería investigando y denunciando lo que se dice del caso en las redes en lugar de estar buscando a Maldonado”, aseguró, acotando que la “penalización de cualquier clase de conducta genera contextos de violencia que se reproducen” y derivan en “fuerzas de seguridad sin control”.

Informe
Mientras Crespi ventilaba sus opiniones sobre la pesquisa que se desarrolla en la Patagonia, se difundían las conclusiones del informe que la fiscal de Esquel, Silvina Avila, le envió al Ministerio de Justicia, en el cual expuso que no puede sostener que la Gendarmería sea la responsable de la situación de Maldonado.
La investigadora, quien en su momento insistió -y logró- que el juez Guido Otranto caratulara las actuaciones como “desaparición forzada”, señaló que no hay motivos para afirmar que el tatuador esté sin paradero conocido en contra de su voluntad.
Además, describió un cuadro de poca colaboración por parte de los principales interesados en la localización. Así, narró que el domicilio de Maldonado en El Bolsón no pudo ser determinado porque ninguno de sus allegados dio referencias claras; que nadie sabe si las prendas que el hermano del joven y miembros de la comunidad Mapuche entregaron para que sea rastreado le pertenecen (acotó que se determinó que el “cuello” que aportó Sergio Maldonado fue usado por otras personas); que hay inconsistencias en la declaración del principal testigo y que “no fue fácil” recolectar elementos probatorios.
“Todos los relatos de los presentantes de los diferentes hábeas corpus no arrojaron un hilo conductor para determinar lo que había acontecido y en qué circunstancia”, planteó.
La perla del escrito se relaciona con un convenio internacional, el OIT 169, cuyo acatamiento tuvo más importancia para los denunciantes que la necesidad de localizar a Maldonado. Avila reconoce que el procedimiento desplegado para averiguar si cruzó el Río Chubut el 1 de agosto se frustró por “razones ajenas a la autoridad judicial”, ante la “férrea resistencia” de la comunidad mapuche a permitir que los perros lo relevaran, por tratarse de “territorio sagrado”.
En suma, respaldó al magistrado y dijo que las medidas de prueba que ordenó “bajo ningún punto de vista impactaron negativamente, por acción u omisión, en la búsqueda”.

Cámara Electoral
Con su continuidad entre signos de pregunta, Senestrari dejó de lado la militancia al intervenir en el episodio local del caso Maldonado.
Cabe recordar que hace unos días la Cámara Nacional Electoral le llamó la atención, le dio curso a una denuncia penal y requirió la actuación de la procuradora General por los dichos del agente sobre el presidente Mauricio Macri, en junio, cuando manifestó que deseaba que “cayera” el Gobierno.
Esas declaraciones motivaron que Cambiemos y el PJ lo recusaran y no pudo intervenir en las PASO.
Luego de los comicios, el tribunal le reclamó a Gils Carbó que adopte las medidas tendientes a asegurar la debida administración de Justicia, al estimar que se “resintió” por la conducta de Senestrari, señalando que se trató de una circunstancia “nunca vista” en el fuero.
El ministro de Justicia Germán Garavano también intimó a Gils Carbó para que inicie el proceso de remoción, en el entendimiento de que Senestrari “no está en condiciones morales ni éticas para desempeñarse”, tanto por el tono de sus declaraciones como por sus explícitas simpatías políticas.