Mestre aprobó la consulta y UPC va por la suya

El concejo deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó el proyecto de consulta popular que propuso el intendente. Tendrá solo dos preguntas y apunta a los sindicatos del sector público.

Por Marcos Duarte

mestre-consultaLa extraña competencia consultas populares que protagonizan el oficialismo municipal y el peronismo cordobés parece comenzar su segunda etapa. Luego de que la justicia dictaminara que el round no se concretara en conjunto con las primarias abiertas y simultaneas, los contendientes se desafían mutuamente de cara al 22 de octubre.
El concejo deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó en el día de ayer el proyecto que contiene la convocatoria a la consulta popular que, en su momento, formó parte de la ofensiva de Ramón Mestre contra los sectores sindicales que protagonizaron el paro salvaje en el servicio de transporte público.
Sin embargo, la iniciativa, que estuvo inicialmente motivada en el conflicto con los delegados rebeldes de UTA, fue evolucionando hasta orientarse hacia las prácticas sindicales de los gremios del sector público en general.
El eje principal de las preguntas incluidas apunta al accionar del sindicato de empleados municipales y se alinea con la avanzada del mestrismo contra la entidad conducida por Rubén Daniele.
La papeleta que, en el caso de concretarse lo aprobado, los cordobeses encontrarán en los cuartos oscuros contendrá dos preguntas. La primera es: “¿Está de acuerdo que las asambleas de empleados municipales se realicen fuera del horario y lugar de trabajo, siendo falta grave su incumplimiento?”, y la segunda “¿Está de acuerdo que el gobierno continúe publicando información pública en el portal de gobierno abierto?”.
Claramente, la idea es apelar a la legitimación de la población para limitar una de las principales armas que el SUOEM utiliza para presionar al ejecutivo municipal sin llegar a convocar a una huelga.
El concejal Lucas Balián confirmó esta idea del oficialismo municipal. “Hay que diferenciar, en la pregunta de las asambleas, lo del derecho a huelga. Acá eso no se afecta, está garantizado. Pero la municipalidad debe tener potestad sobre cómo y de qué manera se deben realizar las asambleas, debiendo saber la hora y el lugar” afirmó luego de aprobado el proyecto.
La segunda pregunta tiene que ver con otro de los frentes abiertos en la batalla que el mestrismo viene sosteniendo contra el gremio municipal. Los representantes del SUOEM se oponen a la política de apertura de datos que encaró la administración y tienen varias acciones judiciales planteadas en su contra.
El proyecto original también contenía una pregunta referida al carácter de “servicio público esencial” que el mestrismo pretendía darle al transporte urbano. Los avances obtenidos en la legislatura con respecto al tema y el extremo debilitamiento en el que se encuentran actualmente los sectores que protagonizaron la protesta que paralizó la ciudad fueron los factores que provocaron que este tema saliera de la consulta popular.
Por su parte, los intendentes peronistas reactivaron durante la semana pasada la idea de realizar su propia consulta popular en los municipios que conducen. Según el principal impulsor de la idea, Facundo Torres, esta semana se ultimarán detalles para que se convoque en las principales ciudades del interior provincial.
El intendente de Alta Gracia aclaró que habrá una pregunta unificada para todos los municipios de Unión por Córdoba y otra que quedará a criterio de cada jefe comunal.
La primera tiene que ver con una de las principales líneas políticas que viene tratando de instalar Unión por Córdoba. Los intendentes justicialistas preguntarán sobre la desigualdad en la distribución de subsidios a nivel nacional y el consecuente incremento del costo de los servicios en nuestra provincia.
De todos modos, la intención principal de los alineados con el gobierno provincial es empatar la situación para bloquear lo que definen como una movida electoral del intendente capitalino.
“En la Capital ya anunciaron que volverán a insistir con la consulta. Nosotros cumpliremos todos los pasos legales para hacer lo mismo. Luego resolverá el juez electoral” dijo Torres hace unos días. La meta de la contraofensiva del justicialismo es más que clara.



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