Las PASO, un GPS para las reformas económicas pendientes

Los resultados del domingo darán una idea de las fuerzas de los distintos actores claves para las discusiones claves que hay por delante, desde la impositiva a la laboral. Antes de octubre, el debate por el Fondo del Conurbano.

Por Gabriela Origlia

El lunes comienzan otros dos meses de campaña en los que las decisiones esperadas por empresarios y consumidores seguirán esperando esta vez a la elección definitiva, posterior a esta especie de gran encuesta en la que terminaron convirtiéndose unas PASO con escasa competencia. El sondeo servirá como una suerte de GPS: cuál es el real peso de Cristina Fernández, cuál el de los gobernadores peronistas –en ese ámbito la apuesta de Juan Schiaretti es fuerte- y cuánto apoyo conserva el presidente Mauricio Macri a casi dos años de su asunción.
En el área económica los temas de agenda se mantendrán, las reformas laboral y tributaria, la reducción del gasto público para achicar el déficit fiscal, la búsqueda de inversiones que siguen demorando en llegar, la baja de la inflación (desaceleró pero no alcanza) y la profundización de la discusión sobre la distribución de subsidios.
El desfile de los gobernadores ante la Corte Suprema de Justicia para sentar posición respecto del reclamo de María Eugenia Vidal sobre eliminar el techo del Fondo del Conurbano anticipará un debate clave. Claramente la discusión es más política que económica; están en juego unos $50.000 millones anuales y la solución siempre implicará que alguno de los actores pierda algo, a excepción de Buenos Aires.
Los propios gobernadores reconocen la “legitimidad” del planteo pero enfatizan que no están dispuestos a poner un peso de los recursos que reciben; también Macri adelantó que está a favor de Vidal, pero tampoco quiere poner plata. El del Fondo del Conurbano es un ejemplo concreto de que se requiere un nuevo acuerdo federal; terminar con los parches que hace décadas se vienen cosiendo a la relación entre la administración central y las provincias.
¿Cuándo será ese debate? Después de octubre. Si efectivamente Cambiemos quiere poner en marcha modificaciones tributarias tendrá que sentarse con la oposición. Es en esa línea que los mandatarios peronistas ofrecen un “acuerdo de gobernabilidad”, claro que la fuerza de ese planteo será mayor o menor conforme a cómo les vaya en las elecciones.
Hay cierto pesimismo entre los empresarios y economistas de que la tan hablada reforma tributaria se efectivice. El primer obstáculo es el déficit fiscal que alcanza los siete puntos del Producto; cómo bajar impuestos con ese rojo. La respuesta del oficialismo apunta a que será sumando más contribuyentes. Hay dudas.
Los gobernadores, por caso, piden que se les coparticipe el impuesto al Cheque a cambio de reducir Ingresos Brutos. Si la Nación aceptara daría una señal de que ese gravamen no va camino a la extinción, salvo que en cuatro o cinco años –plazo que figura en el borrador para su reducción gradual- otra vez se discutiera lo mismo.
Si el cortoplacismo se sigue imponiendo en la agenda, los parches continuarán. La campaña –por decisión de sus protagonistas- se centró no en los temas más significativos a resolver sino en la vigencia (o no) de la ex Presidenta Fernández. El oficialismo eligió esa táctica, probablemente porque los resultados positivos de su gestión (los hay) todavía no son percibidos por la gente.
En el gobierno entienden que la votación de octubre será una suerte de “segunda vuelta”, en la que sus chances en la provincia de Buenos Aires crecen. Más allá de las explicaciones que puedan buscarse sobre los por qué, el “efecto Cristina” opera, la escalada del dólar en las últimas semanas lo grafica. Es que la economía siempre se desarrolla en un contexto político determinado.
Hacer reformas siempre implica costos políticos, las escasas que Cambiemos instrumentó lo demuestran. Después de las PASO de octubre ese concepto seguirá vigente y, hacia adelante, habrá otra elección, la presidencial. Todos los jugadores de la política argentina conocen perfectamente la compleja agenda que hay por delante, por lo que será su responsabilidad –bajo la auditoría de los ciudadanos- si la encaran o se concentran en la próxima votación.



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