El fantasma de los 14 ranchos

“Si, claramente”, fue su lacónica respuesta a la pregunta de la Voz del Interior sobre si a Juan Schiaretti le faltarían, efectivamente, 7.000 millones en el caso que la provincia de Buenos Aires obtuviera un fallo favorable en su reclamo por fondo del conurbano. ¿Le interesa realmente al gobierno el federalismo fiscal? Parecería que no.

Por Pablo Esteban Dávila

¿Le interesa realmente al gobierno el federalismo fiscal? Parecería que no. Desde la salida del cordobés Nadín Argañaraz del Ministerio de Economía (una víctima de Nicolás Dujovne), nadie en la Casa Rosada ha vuelto a hablar sobre la reforma impositiva ni de la forma en que la recaudación nacional se distribuye entre las provincias. El hecho que el asunto no se haya mencionado en la actual campaña de Cambiemos incrementa las sospechas.
Tampoco el presidente ayuda. “Si, claramente”, fue su lacónica respuesta a la pregunta de la Voz del Interior sobre si a Juan Schiaretti le faltarían, efectivamente, 7.000 millones en el caso que la provincia de Buenos Aires obtuviera un fallo favorable en su reclamo por fondo del conurbano. Dicho en sordina, el titular del Poder Ejecutivo está dispuesto a contemplar, mansamente y sin agravio alguno, de cómo la Corte Suprema podría llegar a detraer recursos del resto de las provincias para asignárselos María Eugenia Vidal, su protegida.
Podría suponerse que, detrás de esta prescindencia, se esconden responsables convicciones republicanas de no interferir con las decisiones de otros poderes. Tal vez. Pero los antecedentes no son concluyentes. Baste recordar que, a poco más de un mes de iniciar su mandato, el presidente dispuso un aumento del 1,40% al 3,75% de los fondos coparticipables que se destinan para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión tuvo que ser “corregida” al poco tiempo ante la crítica unánime de los gobernadores. “Macri habla de federalismo, pero es unitario”, fustigó por entonces Carlos Verna, el mandatario pampeano.
La afirmación de Verna puede que haya resultado profética, al menos hasta cierto punto. Es posible encontrar pistas de este latente centralismo en la conocida inquina de Macri en contra los Ingresos Brutos, el impuesto que sostiene las recaudaciones provinciales. Es obvio que no es un tributo de su agrado. Cada vez que puede, el presidente en persona recomienda a los gobernadores recortarlo para determinados proyectos, generalmente los nacionales.
Muchos gobernadores –incluido el de Córdoba– piensan en términos similares, pero se cuidan mucho de escupir la mano que les da de comer. Ingresos Brutos está lejos de ser perfecto, pero es el mejor que tienen a mano. La Nación, que alegremente recomienda su poda, no ofrece a cambio ningún reemplazo. Así es fácil dar consejos.
El asunto se pone más interesante al advertir que Macri tampoco tiene mucha autoridad moral para hacer este tipo de recomendaciones. Ganancias no fue modificado pese al compromiso de campaña y el resto de la estructura tributaria continúa más o menos igual de lo que estaba durante el kirchnerismo. En materia de gasto público no le va mejor. El déficit sigue siendo elevado y la distribución de los subsidios nacionales privilegia, como lo hacía entonces, al gran Buenos Aires por sobre el resto de las jurisdicciones.
La gran pregunta es cuándo se dará el debate de fondo, esto es, la gran reforma impositiva que se debe el país, incluyendo la demorada Ley de Coparticipación Federal. Hasta que esto no ocurra sólo se discutirá sobre parches que, en la actual agenda económica, parecen afectar exclusivamente a las provincias. Esta certeza explica, en buena medida, el creciente enfriamiento en la relación de los gobernadores peronistas para con la Casa Rosada.
Un país federal no puede especular con la distribución de sus recursos. Las provincias preexisten a la Nación y ese es un dato insoslayable. Los presidentes, cualquiera sea su signo, tienen derecho a desconfiar qué hacen los gobernadores con la plata, pero no deberían tener el poder de manejársela conforme lo aconsejen sus temores financieros o los circunstanciales intereses políticos.
Por supuesto que Macri, como buen empresario, debe ser un fanático de los costos. En su visión, el hecho dispensar legalmente mayores recursos (aunque más no sea en términos relativos) a provincias que históricamente son mal administradas es una ineficiencia imperdonable. La inquietud, aunque válida, no corresponde sin embargo a su jurisdicción. Sólo una ley de responsabilidad fiscal votada por el Congreso –que es el poder que las representa– puede ponerle límites a los desmanes financieros a los que son tan afectos ciertos gobernadores.
Es probable también que el presidente, como cualquier ser humano, desconfíe de gobernadores eficientes que, con mayores ingresos, pudieran hacerle sombra a su armado político. No razonar así sería de extraterrestres. Pero también aquí es necesario –y Macri tiene la oportunidad– de lograr un salto de calidad. Con mayor equidad en el reparto de los fondos públicos, los mejores ejemplos de gobierno podrían ganar el futuro. Ya hemos tenido demasiados gobernadores mendicantes que basaron su éxito electoral en la habilidad para lograr fondos extras por debajo de la coparticipación. Es necesario terminar con esta retahíla de vivillos fiscales y reflexionar sobre la estructura tributaria que nos debemos.
La llegada al poder de Cambiemos mudaría, de allí el nombre, este estado de cosas hacia escenarios más racionales. Es lo que se suponía. No obstante, el hecho que poco o nada se haya avanzado sobre el particular genera lamentos legítimos y una motivada desconfianza sobre sus reales intenciones. Algunos especulan que la enorme incidencia de funcionarios porteños en los cuadros del gobierno produce un efecto de aletargamiento en la agenda que Macri hubo de prometer en su momento. No sabemos si esto es cierto, pero muchas provincias dudan que exista genuina vocación federal entre ellos.
Sería, por cierto, un retroceso volver a agitar el fantasma de “una gran ciudad y los catorce ranchos” de los que hablaba Sarmiento, refiriéndose a Buenos Aires y las 14 provincias de entonces. El kirchnerismo avanzó claramente en aquel sentido; le cabe al presidente revertir tan lamentable antecedente. Debe apurarse: en breve comenzará a transitar la segunda mitad de su mandato y hay muchos gobernadores que están mirando el calendario.



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