Menem vetado: el patrullaje moral de la Cámara Nacional

La justicia argentina es bastante predecible en el arte de asestar golpes mortales a quienes ya no detentan el poder. Son pocos los jueces que se animan a procesar a funcionarios que gozan de fuerte apoyo popular o mientras manejan a su antojo los recursos del Estado. Prefieren mostrar su valentía cuando los sospechosos se encuentran ya en el llano, preferentemente con mala prensa.

Por Pablo Esteban Dávila

menemCarlos Menem no puede ser candidato a senador. Para la Cámara Nacional Electoral (CNE) el expresidente no tiene “idoneidad” suficiente por pesar sobre él una condena, aunque reconoció, entre sus argumentos, que “no importa desconocer las altas responsabilidades institucionales que (…) ha desempeñado ni prescinde de la presunción de inocencia de la que goza”. En esta presunción se había basado, precisamente, el fiscal electoral Jorge Di Lello para recomendar que se le permitiera presentarse.
La finta jurídica de la CNE para esquivar tal cuestión es bastante asombrosa. Menciona que la idoneidad incluye “carecer de antecedentes penales” y que “cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse”. Vale decir que, para estos jueces, tener una condena que aún no se encuentra firme implica carecer del mismo estatus moral que el común de las personas. No se sabía que, entre sus funciones, la Cámara tuviera el del control de la moralidad, una especie de poder de policía sobre las candidaturas de los partidos políticos.
Nuevamente aparecen este tipo de fallos que avanzan sobre cuestiones constitucionales básicas como el principio de inocencia. Técnicamente, y pese a estar condenado en dos causas, el expresidente todavía goza de esta garantía, porque la Corte Suprema no se expidió en ninguna de ellas. Puede gustar mucho, poquito o nada, pero así es el Estado de Derecho. El otro camino es Venezuela.
Debe dejarse de lado la clásica vocinglería sobre los tiempos de la justicia y demás lamentos. Todo eso es cierto, pero Menem (como cualquier otro en su lugar) tiene el derecho a utilizar las herramientas vigentes para defenderse, aún si esto implica extender hasta el paroxismo los plazos legales, incluyendo su eventual detención. No se puede pretender que el acusado colabore con su condena alegremente y al compás de lo que diga la prensa.
Somos de la opinión que la CNE se expidió de esta forma porque es gratis. Salvo los riojanos, son pocos los argentinos que se preocupan de la suerte del expresidente. Y, como La Rioja está muy lejos de la Capital Federal, no parece demasiado importante lo que allí suceda. Siguiendo el criterio de la Cámara, muchos políticos procesados –que los hay y muchos, Cristina Fernández entre ellos–no tendrían las “cualidades singulares” que, según sus considerandos, se requeriría de cualquier candidato. Sólo hay que esperar que alguno de los acusados caiga en genuina desgracia para que la CNE descubra su falta de idoneidad moral. Paciencia.
La justicia argentina es bastante predecible en el arte de asestar golpes mortales a quienes ya no detentan el poder. Son pocos los jueces que se animan a procesar a funcionarios que gozan de fuerte apoyo popular o mientras manejan a su antojo los recursos del Estado. Prefieren mostrar su valentía cuando los sospechosos se encuentran ya en el llano, preferentemente con mala prensa. Allí despliegan el arsenal investigativo que antes se privaron de utilizar y, llegado el caso, encontrando argumentos más que opinables para pronunciar condenas que, en la generalidad de estos casos, son del agrado del público.
Menem puede atestiguar en primera persona este tipo de conductas judiciales. Sus condenas versan sobre asuntos que, en otro momento, hubieran sido calificados como decisiones políticas y, por lo tanto, ajenas a la acción de los magistrados. El tema de la venta de armas al exterior parece ser uno de ellos. Es claro que, si el riojano no hubiera sufrido la anatema de tantos detractores políticamente correctos (especialmente del progresismo izquierdoso) tal sentencia no podría haber sido dictada. Condenar a un presidente por un decreto que autoriza a vender armas no parece una causa legítima, especialmente cuando se espera que alguien en tal posición tome decisiones que no siempre son del gusto o del entendimiento popular.
Otro tanto sucede con la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero de 1995. El riojano fue sacado varias veces del expediente, y otras tantas vuelto a encartar. Después de tanto tiempo y quién sabe cuántas investigaciones, sus vínculos con el hecho no parecen en absoluto directos, pero siempre alguna instancia decide que debe continuar bajo proceso. En todas estas etapas jurídicas la razón subyacente es la misma: la gratuidad de continuar acusándolo para dilatar el tema y evitarse las críticas.
Si se pudiera argumentar en forma contrafáctica debería decirse que, en el caso de Menem, la valentía de un juez debería juzgarse por su decisión de absolverlo antes que por su propensión a condenarlo o, en el mejor de los casos, a procesarlo por cualquier liviandad. Es una clase de valentía negativa, esto es, de abstenerse de hacer lo que todo el mundo espera que se haga aunque no existan las evidencias suficientes.
En resumidas cuentas, la resolución de la CNE es una suerte de epílogo de la extensa saga de acusaciones, procesamientos y condenas que persiguen a Carlos Menem desde el final de su mandato en diciembre de 1999. El sentido común sugeriría que si alguien tan malvado llegó al poder y se mantuvo pacíficamente durante tanto tiempo a pesar de su ruindad, la Argentina no tiene remedio.
Pero una lectura tan lineal no se sostiene. Si el actual senador hubiera mantenido hasta el presente altos índices de aprobación pública muchas de las causas que hoy lo persiguen no se hubieran iniciado nunca. Lo cierto es que muchos jamás le perdonaron ni las privatizaciones, ni la modernización del Estado, ni su política exterior prooccidental, mucho menos que hubiera sido él quién derrotara definitivamente el golpismo militar. La mejor forma de vengarse por semejantes “afrentas” fue denunciarlo sistemáticamente por cualquier cosa y esperar que el momento fuera oportuno para que la Justicia decidiera que no existía ningún riesgo para hacer de él un abonado a los tribunales y gozar, de paso, de un minuto de fama. Ya se sabe: tratándose de Menem ser valiente no cuesta nada.



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