Extremismo sindical en UTA debutó con una derrota

El paro que comenzó como una clara campaña de posicionamiento interno de delegados terminó con la ratificación de 87 despidos. UTA Nacional asumirá la defensa de los cesanteados. El futuro de los díscolos dentro de la organización se decidirá a fin de mes en Buenos Aires.

Por Yanina Passero
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Es una cuestión de percepciones temporales. Nueve días sin servicio de transporte urbano fueron experimentados como una eternidad por parte de los usuarios que destinaron recursos económicos, esfuerzo físico y tiempo para llegar a destino. En este grupo, también, puede ubicarse a los responsables del municipio, quienes mostraron la lógica preocupación por lo extremo de la situación, pero también por el impacto en su capital político.
Ahora bien, nueve días representan la nada misma para que un grupo de delegados de UTA, recién electos, dinamite su incipiente carrera sindical. Es una confirmación de que la mala praxis política por ignorancia o ineptitud es más nociva que el plan maquiavélico mejor diseñado.
El extremismo sindical en UTA debutó con una derrota. Delegados con poco más de un mes en funciones se entusiasmaron con la unción de los trabajadores de sus respectivas empresas en las urnas. Se equivocaron al pensar que había llegado el momento de aprovechar el envión para posicionarse para las elecciones generales de la seccional.
Consideraron innecesario ganarse la confianza de los interventores designados por el capataz de la UTA Nacional, Roberto Fernández. Exigieron con asambleas “piloto” la normalización de la UTA Córdoba y, cerrada la paritaria en contra de sus expectativas, atrajeron a las bases con el señuelo salarial. En ese contexto, no era de extrañarse que el delegado que lideró la huelga, el trotskista Marcelo Marín, aprovechara los micrófonos para confesar su sueño de ser el próximo paladín de los choferes cordobeses.
Con la ilegalidad como bandera, Marín (Aucor) y otros delegados que mantuvieron un perfil alto en la revuelta montaron una anticipada campaña electoral de errada estrategia. Sin dudas, la peor que se haya visto.
Estos representantes de base cargarán sobre sus espaldas el peso de un paro que cerró con pérdidas. Los ítems del fracaso de menor a mayor importancia: no lograron la reapertura de la pulseada salarial, la fecha para la elección general de UTA seguirá bajo siete llaves, cada empleado sufrirá descuentos salariales promedio de 20 mil pesos; y 87 choferes fueron despedidos por avalar una protesta ilegal.
Y el bonus track: la UTA Nacional podría ver seriamente herido su poder de fuego si se incluye al transporte como servicio esencial. Hasta el momento, la fortaleza de las alianzas políticas entre municipio, Provincia y Nación demuestran que existe la intención de que el proyecto sea sancionado.

Reparación de los daños
La división del cuerpo de delegados en la jornada de ayer y el llamado a retomar el servicio por parte de referentes de Ersa y Coniferal –pese a la ratificación de las cesantías y quitas salariales- confirmaron lo que ya se suponía apenas terminó el acto en la sede de UTA con Mauricio Saillén (Surrbac) como invitado especial.
Los choferes se quedaron sin un líder con suficiente legitimación para sostener el “plan de lucha”. La picardía (¿o ignorancia?) de los delegados para salir impunes del paro no será pasada por alto en lo sucesivo. Cabe recordar que aseguraron que no habría represalias por las ocho jornadas de protesta. La supuesta acta firmada fue desconocida por la Municipalidad, Fetap y el Ministerio de Trabajo. La huelga se consumió antes que terminara el noveno día.
Tras la derrota y el desprestigio que marca la reputación de los representantes de base, los interventores vuelven a ser el único canal de contacto. El 29 de junio, día en el que el Tribunal de Ética de UTA Nacional decidirá sobre las actuaciones del destituido ex secretario general de UTA, Ricardo Salerno, y su comisión directiva, los 35 delegados que avalaron un paro ilegal deberán presentar su defensa. La suspensión o la destitución, entre las opciones. La segunda, seduce a los responsables de la entidad central de choferes de todo el país.
Serán las máximas autoridades de UTA quienes intentarán morigerar los daños internos por el descalabro propiciado por un grupo de extremos. Fernández y los interventores (Luis Arcando y Jorge Kiener) asumirán la defensa de los 87 choferes despedidos.
La oportunidad de “ablandar” la posición oficial sobre las desvinculaciones llegará la semana que viene. Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia comunicaron que Ersa, Aucor, Coniferal y Tamse solicitaron una nueva audiencia en el marco de la conciliación obligatoria. Nota al pie: La negociación será reñida porque Mestre no permitirá que le arrebaten el final feliz de un conflicto en el que fue actor central del desenlace.