Municipios reclaman una coparticipación más equitativa

En un encuentro organizado por el CPCE fue uno de los temas analizados; las alternativas de financiación fue otro aspecto que marcó la preocupación de las comunas.

Por Gabriela Origlia

cpceEl reparto de recursos, las posibilidades de iniciativas público privados y las alternativas de financiamiento fueron los temas claves del I Encuentro de Secretarios de Economía y Finanzas de municipios de Córdoba organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE).
Los funcionarios municipales insistieron en la necesidad de un esquema de coparticipación  más equitativo y justo de parte de la Provincia a las comunas que, sostuvieron, deben prestar más servicios por las crecientes demandas sociales.
El aspecto es clave en un  contexto en que la Nación prepara una reforma tributaria “integral” que abarcará a los gobiernos locales y también cambios a la Ley de Responsabilidad Fiscal que ingresaría al Congreso después de las elecciones.
La reunión se produjo en una coyuntura nacional en la que hay gobernadores como, Juan Schiaretti, que reclaman a la Nación que no salte a las provincias y gire fondos directo a los intendentes. Por supuesto, estos cruces recrudecen en tiempos electorales.
Hugo Romero, secretario de Finanzas de la Municipalidad de Córdoba, indicó que si la detracción de recursos coparticipables por parte de las jurisdicciones superiores continúa, las administraciones comunales “traducen en tasas” las mayores exigencias de recursos.
“La ley provincial de coparticipación debe ser clara y equitativa”, insistió a la vez que planteó que para muchos municipios conseguir financiamiento es muy complejo.
En el contexto de las presiones sociales que -por cercanía- los municipios aseguran sufrir, hubo quienes sugirieron que la reforma fiscal que impulsa la Nación debe “consensuarse” para evitar tironeos posteriores por los ingresos.
En esa línea, el ministro de Viviendas de Córdoba, José García, coincidió en que ese paso hay que “darlo de abajo hacia arriba” porque los estamentos superiores suelen tener menos clara la situación de las comunas.
Diego Dequino, director del Instituto de Investigaciones de la Bolsa de Comercio, enfatizó que los gobiernos locales gestionan entre el 8 y el 9 por ciento del PBI total argentino, lo que marca la importancia del sector.
Respecto de las herramientas de financiamiento que puedan usar los municipios, indicó que los créditos bancarios son los de más difícil acceso mientras que el mercado de capitales se abre como una oportunidad muy interesante por la diversidad de instrumentos existentes.
“Para aprovechar las posibilidades hay que ordenar la métrica de riesgo crediticio de cada gobierno -agregó-. Desde el punto de vista técnico es más simple para los Estados que para los privados; lo es más complejo desde la decisión política”.
Apuntó que, en general, hay muy escaso uso por parte de los municipios de estas alternativas de financiamiento. “Río Cuarto en 2011 y Córdoba con más vigor en 2012 y 2013 son ejemplos”. La Ciudad de Buenos Aires es “la más activa” pero tiene otro grado de libertad por su estatus jurídico, diferente al resto.
José Abraam, director de Pre inversión Municipal del Ministerio del Interior, dijo que hay cada vez más desafíos a la hora de coordinar planes estratégicos locales o más amplios para el desarrollo de ciudades o regiones.
Desde su área hay líneas de financiamiento para diversas áreas, desde agua potable y saneamiento a la disposición de los residuos, incluyendo planes urbanos. Un estudio de calificación, dependiendo de la complejidad, puede llevar hasta 8 meses.
José Simonella, presidente del CPCE, describió el escenario bancario para “aclarar  hasta dónde se puede esperar soluciones” desde ese segmento a los municipios.
“Tienen que recurrir al mercado de capitales para financiar proyectos de largo plazo, una sola generación no puede soportar la presión que implicaría el plazo bancario”, definió.
Subrayó que la estructura bancaria argentina es “comercial con plazos comerciales. Hay una normativa que limita la sobreexposicion de las entidades financieras al sector público”.



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