El empleo público, otra vez en la mira

Financiar el aparato estatal es cada vez más costoso y difícil. La manera es más carga impositiva que al sector privado se le hace imposible afrontar. Desde el 2008 hay estancamiento en la generación de puestos privados.

Por Gabriela Origlia

empleo-publicoArgentina tiene problemas para crear empleos y más para que los que se generan sean de calidad. No es un problema nuevo; desde 2014 no se generan puestos de manera significativa en el sector privado. El Estado, en cambio, siguió tomando gente.
Según estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, que sólo considera a los ocupados formales, entre 2007 y 2014 el número de trabajadores registrados subió un 12% en el sector privado, al pasar de 5,8 a 6,4 millones. Es posible que en algunos de estos casos no se trate de un nuevo puesto creado sino de trabajadores informales que pasaron a estar en blanco. Incluso, desde 2008 hay señales de estancamiento entre los privados con una evolución de trabajadores muy lenta.
Durante la era kirchnerista se incorporaron a la nómina estatal 1.400.000 empleados públicos, una cifra que obviamente incrementó el problema fiscal. Es difícil financiar el aparato estatal y la manera de hacerlo es con impuestos cada vez más altos y difíciles de afrontar por la actividad privada. La dinámica se convierte en un círculo perverso.
El empleo público se descontroló a partir de 2005 y creció durante los siguientes períodos hasta 2015 un 48 por ciento, según estimaciones de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En 23 años, de 1980 a 2003, se sumaron 359.000 personas pero desde 2003 a 2015 hubo 1.393.000 trabajadores más.
Según ese trabajo, hasta 1980 había 1.851.000 empleados públicos en todos los niveles (nacional, provincial y municipal); la cifra se mantuvo sin muchas alteraciones hasta 2003, cuando la cifra era de 2.210.000. En 2006 ya se habían sumado 315.000 empleados nuevos y en 2015 se alcanzó un nuevo número: 3.603.000.
En el caso de las provincias el aumento del empleo estatal provincial está muy por encima de la dinámica poblacional. En 2004 había 37 empleados por cada 1.000 habitantes; en 2015 la cifra alcanzó los 51. Las contrataciones estuvieron 36% por encima de lo que creció la población.
En las últimas semanas, por la crisis que atraviesa el distrito, las cifras de Santa Cruz quedaron expuestas: el empleo público pasó de 16.000 a 36.000 lo que representa un aumento del 117%. Por encima del 85% de crecimiento promedio en el resto de las provincias de acuerdo a datos de la secretaría de Hacienda y el Ministerio de Trabajo.
Según estas fuentes –citadas por un trabajo de Idesa- entre 1996 y 2016 los trabajadores estatales pasaron de 1,2 a 2,3 millones. La realidad es muy heterogénea. Mientras San Luis aumentó su dotación de empleados en un tercio, Santa Cruz más que lo duplicó en los últimos 20 años. Según E&R, Catamarca lidera el ranking de empleados públicos provinciales por habitante (142,8); le siguen La Rioja (133,2); Jujuy (112,4); Tierra del Fuego (109,8) y Neuquén (99,7).
En su análisis Idesa señala que el problema afecta de manera general a todo el sector público: “Ni la población ni las reglas y procedimientos de la administración pública asumen la enorme trascendencia que tiene contratar un nuevo empleado u otorgar una nueva jubilación”.
Explica que incorporar un empleado de 25 años de edad al Estado al nivel de remuneración actual es una decisión que implica asumir compromisos por más de $30 millones. Esta es la suma de salarios que habrá que pagarle a lo largo de su vida activa y las jubilaciones una vez que se retire. “Se trata de un pasivo que la contabilidad pública debería registrar ya que el empleado está amparado por un esquema de estabilidad difícil de perforar”.
En los últimos meses se firmaron acuerdos entre Nación y provincias para frenar nuevas designaciones, para que desde seis meses antes de dejar el poder no haya nombramientos. Además, la semana pasada el Gobierno relanzó el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) para modernizar la formación de los agentes del Estado.
El punto clave para que se cumpla todo lo escrito y firmado es que haya premios y castigos para quienes sigan los lineamientos o los dejen de lado. Si al final siempre termina apareciendo una partida de ayuda extra para quien administra mal, ¿por qué debería importar hacerlo bien?



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