Si el impuesto al cheque se coparticipa completo, Córdoba recibiría 10% más

A fin de año vence el tributo. Es probable que el Congreso determine un cambio en su esquema de reparto; hoy el 70% va al Tesoro Nacional. La decisión sería cambiar el esquema.

En un año el presidente Mauricio Macri deberá haber presentado su proyecto de la prometida reforma tributaria. Entre los impuestos a revisar se cuenta el que pesa sobre los cheques que vence a fines de este año. Desde el Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, señalan que es posible que el tributo siga definiendo una gradualidad creciente del pago a cuenta para los próximos años.
Una clave es que el impuesto tiene una asignación específica para el Tesoro Nacional del 70%, por lo que se vislumbra una lucha con las provincias que pretenderán que se coparticipe de manera completa. En 2016 por el tributo se recaudaron $ 131.700 millones (1,6% del PIB), cifra que implica el 6,4% del total de la recaudación de AFIP (es tercero en el ranking de impuestos nacionales, por detrás de IVA y Ganancias ).
La cifra equivale al 50% del gasto en personal, un 81% del gasto total de capital nacional, o a la totalidad del pago de intereses de la deuda pública con el sector privado realizado el año pasado. Para este año la recaudación proyectada es de $164.933 millones (1,7% del PIB) y, para el 2018, $195.116 millones.
Este año las provincias y CABA recibirán $28.335 millones de lo recaudado mientras que el Tesoro Nacional participará con $17.286 y Anses, por vía de la precoparticipación unos $3.859 millones. En este último caso, debido a la eliminación de la precoparticipación del 15% para Córdoba, Santa Fe y San Luis de finales de 2015 y a la reducción progresiva en la precoparticipación decidida a principios de 2016 para el resto de las jurisdicciones, queda claro que ANSES fue el principal actor afectado ya que sin esas modificaciones hubiera percibido $3.563 millones más.
El Iaraf entiende que por la importancia de lo que aporta difícilmente el impuesto sea eliminado. Si cayera, el Tesoro Nacional perdería recursos por un monto equivalente al 1,4% del PIB, monto que resulta equivalente a un 44% de la meta presupuestaria del déficit primario para 2018.
Las provincias participarían relativamente poco de las pérdidas (casi 0,3% del PIB), puesto quesu participación en la distribución primaria del tributo está acotada por la asignación específica del 70% al Tesoro Nacional.
El escenario más realista presenta la posibilidad de que la recaudación del impuesto al cheque en 2018 ingrese complete a la masa coparticipable. La discusión entre Nación y provincias será por $76.244 millones, medido en pesos del corriente año, que equivalen a un 0,8% del PIB, es decir a una cuarta parte de la meta para el déficit primario, del 3,2% del PIB, comprometida en el presupuesto para 2018.
El Tesoro Nacional perdería la asignación específica actual del 70%, pero como resultado de una masa coparticipable más alta recuperaría una parte. Incluso Anses aumentaría su participación ante el engrosamiento de la masa bruta, aun considerando que la precoparticipación en 2018 bajará a un valor general del 6%, como parte del acuerdo de eliminación gradual de tres puntos porcentuales del 15% que les retenía a las provincias.
En el caso de las provincias su ganancia será proporcional a los coeficientes de reparto de la coparticipación. Expresado en pesos del corriente año 2017, por ejemplo, Buenos Aires se haría de $14.747, equivalentes nada menos que a un 11,2% de la coparticipación esperada para todo el 2017. Para CABA rondaría los $4.630 millones equivale a un 12,5% de su coparticipación anual, mientras que para el resto de las jurisdicciones la ganancia es del 10% de los envíos automáticos por coparticipación actuales.
El Iaraf plantea que el caso del impuesto al cheque ilustra claramente que el debate fiscal esperable para el corriente año, tanto de la reforma tributaria como el del reparto de los impuestos vigentes tendrá, además de los componentes políticos por ser un año electoral, un componente económico clave: los recursos públicos que se manejarán en cada jurisdicción de gobierno ante las distintas posibilidades que se lleven a la mesa.