Hacienda maneja sólo el 0,2% del gasto público

El dato refleja que la tarea de ordenamiento no pasa por el titular de esa cartera solamente; sin un trabajo interministerial, no habrá reducción de erogaciones.

Cuando fue la asunción de Nicolás Dujovne en reemplazo de Alfonso Prat Gay puso en el escenario el debate sobre si el problema del saliente ministro fue el no poder controlar el gasto público; el desafío clave del nuevo es  el ordenamiento de las cuentas públicas. Sin embargo, los datos reflejan que  el sector público depende más del resto del gabinete que del Ministro de Hacienda.
Un trabajo de Idesa sostiene que el balance del 2016 es ambiguo. Se lograron eliminar varias de las distorsiones acumuladas en la organización económica y entablar modalidades de gestión política basadas más en el diálogo y los acuerdos que en la confrontación. Pero el nivel de actividad económica no repunta (la contracción sería del 2% respecto al año anterior), la inflación aunque declinante sigue siendo alta (cerraría en un 40% anual) y el empleo formal está estancado.
Repasa que en la explicación de los motivos de la separación de Hacienda de Finanzas se mencionaron cuestiones personales y que sigue pendiente imprimir más velocidad y profundidad a la reducción del déficit fiscal.
Para analizar la situación fiscal se cuenta con datos del Ministerio de Hacienda correspondientes al acumulado a noviembre. Según esta fuente, el resultado financiero (déficit fiscal) de la Administración Pública Nacional presenta el siguiente comportamiento: a noviembre del 2015, el déficit representaba el 9,4% de los ingresos totales; en los primeros 11 meses del 2016, el déficit equivale al 16,9% del total de los ingresos públicos.  Esto significa que el déficit fiscal en proporción a los ingresos del Estado nacional aumentó en aproximadamente el 80%.
Los números muestran que el déficit fiscal en términos de la capacidad de repago del Estado nacional, o sea, medido como porcentaje de los ingresos, casi se duplicó. Esto se explica, por un lado, por la reducción de los ingresos públicos debido a la disminución de la presión impositiva, fundamentalmente, en el impuesto a las ganancias y las retenciones a las exportaciones. Pero, por otro lado, también porque se mantuvo la inercia en el crecimiento del gasto público, en particular, incrementando las remuneraciones de los empleados públicos, las jubilaciones y las transferencias asistenciales.
Ante esta situación, el éxito del blanqueo es importante. Idesa sostiene que no sólo por los recursos que aporta de manera inmediata sino porque amplia la base contributiva incrementando el flujo futuro de recaudación. Sin embargo, no es garantía de que sea suficiente para corregir el déficit fiscal. Algunas analogías se pueden trazar con las privatizaciones de hace dos décadas que generaron ingresos extraordinarios y mejoraron el flujo del Estado, al dejar de afrontar los déficits de las empresas públicas, pero no garantizaron la sustentabilidad fiscal. Es recomendable asumir que el blanqueo no sustituye la racionalización del gasto público.
Junto con el recambio de ministro y el desdoblamiento de la cartera de finanzas y hacienda pública se destacó como principal objetivo ordenar las cuentas públicas. La meta es pertinente pero las expectativas puestas en el nuevo funcionario de Hacienda son exageradas.
“El ministro de Hacienda tiene responsabilidad central como generador de ingresos públicos, pero secundaria como administrador del gasto. Prueba de ello es que la cartera sólo ejecuta el 0,2% del gasto público. El otro 99,8% depende de decisiones del resto del gabinete. De aquí que a la modernización del sistema tributario hay que sumarle el aporte del todo el gabinete para modernizar la organización y la gestión del sector público”.
El tema central en la agenda de políticas para este año, según la consultora, debería ser el ordenamiento de las cuentas públicas. Entre los temas pendientes más importantes se destacan revisar la multitud de programas nacionales que casi todos los ministerios nacionales ejecutan de manera superpuesta con funciones de las provincias y los municipios, desactivar las estructuras burocráticas que se usan para administrar estos programas y la reforma previsional que la ley de blanqueo asigna al Consejo de Sustentabilidad Previsional.



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