Amparo (tardío) condiciona a Adiuc en negociación

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los padres del Belgrano. Ahora, Adiuc busca negociar el pago de los días no trabajados.

La vigilia de Semana Santa sorprendió a los universitarios con una resolución de la Justicia Federal sobre el prolongado conflicto gremial que se vive en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, uno de los establecimientos preuniversitarios de la UNC.
La medida cautelar que solicitó un grupo de padres de estudiantes del Belgrano fue aceptada por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes, quien dispuso “el inmediato retorno a las aulas de los docentes a los fines del dictado de clases”.
Si bien tardía, puesto que los docentes ya habían depuesto el estado de “asamblea permanente” que mantuvieron durante semanas, la medida judicial plantea condicionamientos específicos a los profesores y a su gremio, Adiuc.

Clases intermitentes
A pesar de que el ciclo lectivo comenzó formalmente el 6 de marzo, los estudiantes del Belgrano no han todavía completado una semana de clases.
El ínfimo número de 4 jornadas con actividad áulica se debió a la combinación de paros de actividad, dictados por las correspondientes entidades gremiales, y el autonomista estado de “asamblea permanente” (eufemismo para ocultar paros), que los docentes belgranenses decidieron por sí solos.
El hartazgo empujó a un grupo de padres a solicitar una acción de amparo ante la Justicia Federal, la que ahora fue otorgada por el juez Sánchez Freytes. La resolución del magistrado, lejos de constituirse en un ataque al derecho a huelga, se basaría en la improcedencia de las medidas de fuerza en cuestión, que no habían sido decididas por una entidad gremial.
Esto pone en evidencia la especulación con la que Pablo Carro, secretario general de Adiuc, jugó en el caso Belgrano. El docente de Comunicación retaceó el apoyo a la protesta de sus pares preuniversitarios, demorando una semana en declarar su aval a la medida.
Los mismos argumentos fueron esgrimidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC para opinar que no corresponde abonar el salario de los docentes manifestantes por los días no trabajados, en un expediente que el Consejo Superior deberá resolver en las próximas semanas.
La acción judicial condiciona así al gremio, que ahora deberá esforzarse por obtener dicho pago para sus representados del Belgrano.
Como alternativa, las partes podrían negociar que los días no trabajados sean recuperados al final del ciclo lectivo, una medida que podría tornarse en una mera expresión de deseo a la luz de otras experiencias previas en circunstancias similares.



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