“Desborde” en tribunales: apuntan al narcomenudeo

El TSJ recibió a representantes de la Asociación de Magistrados. Hay consenso en la necesidad de avanzar con la reforma del Código Procesal Penal. Los jueces insisten con la sobrecarga de trabajo que implicó el traspaso de competencia decidido en el 2012.

Horas antes de que el TSJ abriera el año judicial desde Río Cuarto, el titular de la Asociación de Magistradosl, Mario Capdevila, hizo declaraciones que generaron malestar entre los jueces del Alto Cuerpo, al asegurar que el fuero Penal está “desbordado”.
La referencia del vocal de la de la Cámara 1ª del Crimen a una situación de “crisis terminal” en la Justicia que -según estimó- conlleva el “peligro cierto” de que muchas causas prescriban, fue desmentida tanto por el ministro Luis Angulo como por los miembros de TSJ.
Angulo negó que el área esté colapsada y ponderó el trabajo de la cartera que comanda en pos de la reforma del Código Procesal Penal, un paso reclamado por los actores del sistema de Justicia que iba a salir de la Legislatura a fines del año pasado, pero quedó pendiente.
Entre otras medidas, el cambio normativo fija criterios para la disponibilidad de la acción penal (que permitirá cerrar causas que por su insignificancia no vale la pena seguir instruyendo). También contempla modificaciones en la suspensión del juicio a prueba, para acortar plazos y evitar el desgaste jurisdiccional.
En tanto, la presidenta del TSJ, Aída Tarditti, también desmintió el “desborde” denunciado y valoró que si bien hay mas delitos y juicios, la Justicia Penal funciona.
Ya instalada la polémica, el Máximo Tribunal recibió a representanes de la asociación y hubo consenso en la necesidad de avanzar con la reforma de la legislación de forma.
Uno de los planteos fue que con el traspaso de la persecusión del narcomenudeo a la órbita local la carga de trabajo se incrementó. A ello se sumó una queja que ya expresó en el 2016, cuando se cerró el fuero correccional y las Cámaras del Crimen sumaron a su competencia los expedientes por delitos culposos y por violencia familiar, entre otros.
En el 2012, Córdoba fue pionera en ejercer la posibilidad que se le otorgó a las provincias para perseguir y reprimir el narcomenudeo cuando se modificó Ley de Estupefacientes (23.737), en el 2005.
Dos años después de que Córdoba creara el fuero de Lucha contra el Narcotráfico, un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) remarcó que “hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo”.
En septiembre del año pasado, luego de que el presidente Mauricio Macri lanzara el plan “Argentina sin narcotráfico”, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que busca reestablecer la competencia de la Justicia federal en todos los delitos relacionados con la comercialización de drogas, en el entendimiento de que la “provincailización” facilitó el avance del crimen organizado.
En diciembre, el Área de Investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que depende del TSJ, detalló que el 52,4 por ciento de los imputados por “narcomenudeo” en la ciudad consume estupefacientes.
Luego, el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Alto Cuerpo difundió un documento denominado “Fuero Narcotráfico: datos estadísticos de 2015” que especificó que casi la mitad de los procesos se vincula con la tenencia simple (45 por ciento); que la tenencia con fines de comercialización simple representó el 20 por ciento de los casos y la comercialización el 13 por ciento.
Las precisiones de los relevamientos coinciden con el punto de vista que, en general, tienen los letrados que litigan en el fuero Penal, que señalan que una de las ventajas que tenía la concentración de casos en la órbita Federal era que se seguían los lineamientos que fijó la Corte en el fallo “Arriola”, que en agosto del 2009 declaró la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia para consumo personal y trazó pautas para abordar el uso, basadas en el respeto a las libertades individuales y en principios de economía procesal.
Así, indicaron que si bien las fiscalías de la ciudad se están adaptando a esos lineamientos, el perfil es más punitivista.
En sentido similar, el último estudio de la Procuración General de la Nación sobre la actividad de los tribunales federales de Buenos Aires en pesquisas por drogas detalló que el 55% abordan delitos menores y que nueve de cada diez casos se archivan.
Los números confirman una tendencia que se da en todo el país -incluso en las jurisdicción que, como Córdoba, “desfederalizaron”-, a saber: que hay mucho volumen de recursos económicos y humanos direccionado a perseguir a usuarios.
De hecho, uno de los motivos que llevaron a las provincias a dejar de lado la posibilidad que les dio la reforma fue la falta de fondos para absorber competencias. Un ejemplo es Santa Fe. Cercada por ilícitos violentos relacionados al tráfico, no adhirió a la legislación por falta de recursos. El Gobierno reconoció que la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya tiene dificultades para resolver los problemas que le plantean los delitos de jurisdicción provincial y que “se vería desbordada” si asumiera el desafío de perseguir la venta de estupefacientes en los barrios.
La queja de los jueces en lo criminal locales se enmarca en ese panorama, ya que aducen que necesitan más personal, más espacio físico y, en general, más fondos para llevar adelante las tareas que se les encomendaron.



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