Una paritaria con un gremio Fantasma (Ctera)

El paro docente se justifica por la inexistencia de una paritaria con un gremio fantasma, como lo es Ctera. Esto es jugar a la Ouija con la educación pública.



Por Pablo Esteban Dávila

Hay historias que no dejan de sorprender. El actual conflicto docente es una de ellas.
El asombro no radica en que no hayan comenzado las clases en tiempo y forma; en realidad, lo extraño hubiera sido que iniciaran con normalidad. En esta Argentina patológica, en donde todos dicen defender la Escuela Pública, se ha vuelto una práctica común utilizar al inicio del año lectivo como una fecha de extorsión a cara descubierta. No es éste, por lo tanto, el motivo real de la sorpresa.
La originalidad de la actual situación radica en que el origen, el casus bellis, de la protesta docente es que no hubo una paritaria nacional que sirviera de punto de referencia a las paritarias que, forzosamente, luego deberían cerrar las provincias.
En efecto, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, dejó claro apenas comenzaba el año que no habría una paritaria nacional en 2017. El argumento fue impecable: la Nación no tiene escuelas, maestros ni profesores, dado que el servicio educativo se encuentra íntegramente en manos de las provincias. No parecía sensato sentarse a negociar con burócratas gremiales que, en rigor, no tienen representados que defender.
Esta lógica, digna de Aristóteles, tuvo un costado menos académico. Durante los años del kirchnerismo, la paritaria nacional docente tenía como propósito marcar la cancha a los gobernadores desde la Casa Rosada, otro de los juegos perversos de Néstor y de Cristina. Aunque el ejercicio negociador era, en sí mismo, una enorme simulación, servía para que los maestros provinciales presionaran a sus administraciones con demandas cercanas o superiores a la referencia impuesta desde el Palacio Sarmiento. La mayoría de los gobernadores maldecían aquella práctica, porque los condenaban a pagar sueldos que de otro modo no se habrían reclamado y porque profundizaba su dependencia financiera con la Casa Rosada. Era otra de las formas que el matrimonio Kirchner había encontrado para erosionar al federalismo fiscal y, por consiguiente, profundizar su dominación política.
El gobierno de Cambiemos decidió que ya era tiempo de encomendar a los verdaderos actores de esta trama que negociaran, sin interferencias de la Nación, los niveles salariales acordes a las realidades de cada distrito. Nada que objetar, excepto que los gremios docentes, especialmente el de la provincia de Buenos Aires, tomaron esta prescindencia como una declaración de guerra. De nada sirvió que la gobernadora María Eugenia Vidal acercase su oferta casi al milímetro de las demandas originarias de Roberto Baradel, o que Juan Schiaretti presentara una propuesta por demás razonable a la Uepc cordobesa que, en privado, tenía todas las chances de prosperar. Cualquier atisbo de razonabilidad, o incluso de genuina conveniencia para la masa de los docentes, quedó postergada sin plazos por la cuestión de la paritaria nacional.
Esta es, precisamente, la razón invocada para el paro de 48 horas convocado para hoy y mañana por Ctera, el supuesto interlocutor de Bullrich para la bendita paritaria. Y es el motivo que deja atónito a cualquier argentino con algo de sentido común, pues este gremio no tiene docentes. Desde que los servicios educativos (así como los sanitarios o los de aguas corrientes) fueron transferidos a las jurisdicciones provinciales a finales de los ’70 y comienzos de los ‘90, el gremio nacional no tuvo razón de ser. Se transformó en un sello de goma, útil –según el momento– para quienes continuaron usufructuando su personería o para los funcionarios que lo utilizaron para extorsionar a los gobernadores con un tema harto sensible.
Este paro, junto con la “marcha federal” planificada para el 21 y 22 de marzo obviamente a la plaza de Mayo, determina la naturaleza política del conflicto. Porque es, precisamente, la cuestión federal lo que Ctera (y muchos dirigentes como Baradel) han decidido ignorar olímpicamente. Lo normal sería que un país como el nuestro, en donde las provincias detentan la responsabilidad sobre la educación pública y gozan de autonomía política, se negociase en función de las realidades regionales. No en vano la Argentina es una nación diversa, con múltiples climas y diferentes situaciones demográficas y económicas. Sin embargo se insiste en pensar en forma unitaria, como si la Casa Rosada tuviera la obligación de discernir qué es lo más conveniente para los maestros de Jujuy y los de Tierra del Fuego al mismo tiempo. Baradel y compañía añoran tener al frente un único patrón paternalista, al que pudieran hostigar todo el tiempo sin preocuparse por las particularidades del federalismo y proyectarse nacionalmente como los campeones de la educación pública.
La virulencia de los dirigentes gremiales es inversamente proporcional a la progresiva retirada del kirchnerismo de los círculos de poder. Alumnos y docentes son rehenes de esta escalada que, de momento, parece escapar a cualquier comprensión lógica. Para agregar más confusión, los incrementos ofrecidos por las provincias, incluida la de Buenos Aires, no parecen ser descabelladas. La mayoría contempla uno o dos puntos sobre la pauta de inflación anunciada para el año y algunas, como la de Córdoba, proponen inclusive revisar los cálculos si el índice de precios al consumidor se disparase en algún momento. Pero nada de esto parece bastar para regresar a las aulas. Los argumentos son ahora de una abstracción difícil de entender.
Es, en rigor, una historia de ultratumba. El paro docente se justifica por la inexistencia de una paritaria con un gremio fantasma, como lo es Ctera.Esto es jugar a la Ouija con la educación pública, invocando razones del más allá para lo que debería ser una discusión realista sobre uno de los mayores problemas que atraviesan a los sectores más vulnerables del país. No es casual, por lo tanto, que padres y alumnos huyan a la educación privada tan pronto sus economías familiares lo permitan. Los que no pueden hacerlo están condenados, en forma creciente, a perder días de clases y a recibir un servicio de inferior calidad. Todo en nombre de la defensa de la escuela pública. Un triste sinsentido que hunde a los más pobres en la ciénaga de la pobreza, sin recibir a cambio la promesa de la emancipación de la mano del conocimiento que, como van las cosas, les llegará siempre tarde, mal o nunca.



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