Autorizar la operatoria de Uber es asunto de cada jurisdicción

Un chofer entabló una acción declarativa de certeza ante el fuero federal. Buscaba que la Justicia dijera que el servicio no está prohibido, pero no obtuvo resultados.

La Justicia Federal determinó que cada jurisdicción debe resolver qué hace con los conflictos que puede suscitar la operatoria de la empresa Uber. La Sala I de la Cámara en lo Civil se declaró incompetente para entender en una acción declarativa de certeza iniciada por un chofer de la compañía, que buscaba un pronunciamiento que expresara que los servicios que ofrece por medio de la aplicación no están prohibidos.
Intentando que el tribunal hiciera precisiones sobre las prestaciones de la firma, el actor alegó que los conductores son socios de Uber y que celebran “acuerdos privados de transporte” que no están vedados por ninguna norma vigente.
Además, tal como ya adujo la firma en reiteradas ocasiones, afirmó que aquella relación contractual está comprendida en el Código Civil y le reclamó a la Justicia que aclarara que en la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no se requiere permiso o licencia, salvo las que se refieren a la habilitación del vehículo para transitar por la vía pública.
También declaró que al prohibir la actividad de Uber las autoridades porteñas tomaron decisiones ilegítimas en materias que son de competencia federal y valoró que las restricciones impiden el comercio interprovincial.
El juez de primera Instancia se declaró incompetente y consideró que debía intervenir el fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. El chofer apeló sin éxito, ya que la Cámara confirmó que el caso debe ser dirimido por los tribunales porteños, porque no se cuestionó ningún acto ni norma dictada por autoridades nacionales vinculada con el servicio.
Además, indicó que el reclamo fue ventilado a título personal, invocando la pretensión de transportar de pasajeros mediante la aplicación UBER en el ámbito de la CABA al margen de la regulación que rige el servicio público de taxis y remises, cuya seguridad y control sólo en ciertos aspectos y puntos geográficos está a cargo de autoridades nacionales.
En ese sentido, indicó que como el conductor busca un pronunciamiento que declare que Uber no está prohibido por ninguna norma dictada por el Gobierno porteño y que tampoco se le puede exigir ningún permiso o habilitación de índole local, el debate entablado se centra en la regulación del transporte de una jurisdicción determinada, algo ajeno a la materia federal.
Cuando Uber desembarcó en el país, los taxistas cordobeses cerraron filas con sus pares porteños. Respaldados por los respectivos gobiernos, hasta ahora lograron dificultar las actividades de la firma.
Aunque en octubre del año pasado un juez porteño desestimó una denuncia penal del sindicato de taxistas, por inexistencia de delito, al considerar que manejar un auto a través de la aplicación no sólo no es una conducta criminal, sino que la presentación fue motivada por la “disconformidad por la aparición de un competidor”, el fuero Contravencional no le pierde pisada a los directivos de la compañía ni a los choferes.
El fiscal Martín Lapadú les enrostra desarrollar una actividad lucrativa en espacios públicos sin autorización y sostuvo que “Uber es un profesional de la ilegalidad que pone en riesgo la vida de sus usuarios”.
Bajo esa premisa, reclamó las detenciones del CEO de la firma, Mariano Otero, y del gerente general, Diego Mariano Oliveira, y el bloqueo de la plataforma. Sólo admitieron su segundo planteo.
La firma norteamericana Uber sigue enfrentado problemas judiciales en todo el mundo. Recientemente, un juez de Belo Horizonte, Brasil, reconoció el vínculo laboral entre un chofer y la empresa y la condenó a pagar todas las obligaciones patronales.
Curiosamente, el conductor se quejó por haber sido tratado como un emprendedor independiente.
“El relato de Uber de que los choferes tienen flexibilidad horaria e independencia sobrevive apenas en el campo del marketing”, disparó el magistrado. Paralelamente, aseveró que la “estrategia” de no tener vínculos con los choferes “es un intento agresivo de maximizar ganancias por medio de la precarización del trabajo humano” y habló de la “uberización” de las relaciones laborales.
En San Pablo, la ciudad más importante de Brasil, Uber se impuso sobre los taxis tradicionales y duplica su flota. La sentencia es otra mala noticia para la compañía norteamericana, que ya gastó más de 60 millones de dólares en litigios de diverso tipo para seguir operando.



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