Rodríguez Machado y Tonelli, en arremetida contra Boquín

Son los encargados de deslizar los vínculos de la fiscal con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. La cordobesa resalta que el Gobierno facilita el camino institucional para dirimir la polémica generada por el arreglo con el Correo Argentino.

Por María Viqueira
mviqueira@diarioalfil.com.ar

machado-tonelli-boquin-correoMientras el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y otros funcionarios y referentes del oficialismo se concentran en recordar el derrotero judicial que derivó en el polémico acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo Argentino, otros dirigentes apuntan a la intencionalidad política de la fiscal Gabriela Boquín, quien lo objetó, y a la deficiente gestión del kirchnerismo para cobrar la deuda.
Es el caso de la cordobesa Laura Rodríguez Machado. Desde que estalló el escándalo, la jefa del bloque de senadores del PRO defendió el pacto y descartó que Mauricio Macri haya intervenido para beneficiar a su padre. “Nadie le perdonará la deuda a nadie”, dijo.
En la misma línea que Aguad, manifestó que no hubo condonación alguna porque el Gobierno no aceptó ninguna quita, sino que acordó percibir el total del capital adeudado.
La macrista valoró que hubo un obrar negligente durante la “era k”, ya que ni los funcionarios de Néstor Kirchner, primero, ni de Cristina Fernández de Kircner, después, plantearon una solución efectiva antes del 2015, una omisión que, según declaró, le hizo perder al Estado una importante suma de dinero.
En respuesta a lo que consideró “críticas infundadas”, Rodríguez Machado destacó que “tras 15 años de desidia y postergaciones” el concierto al que se arribó le permitirá al Estado ingresar a sus arcas aproximadamente 600 millones de pesos.
Ayer siguió en la tarea de respaldar al Gobierno y aseguró que como consecuencia de “un profundo desconocimiento” sobre el tema legal en torno a la deuda que la sociedad anónima concursada mantiene con el Estado Nacional “se precipitaron voces que sólo buscan el atajo de la crítica infundada”.
Apuntando a Boquin, la senadora destacó que “ni bien hubo una suspicacia”, el ministro del área involucrada acudió al Congreso.
Además, aseguró que el Gobierno va a poner en funcionamiento a todos los organismos de control del Estado para que verifiquen las objeciones y disparó: “No como pasaba con Amado Boudou, que cuando un fiscal lo denunciaba, lo despedían”.
Por su parte, la presidenta del bloque CC ARI, Paula Oliveto Lago, estimó que el Gobierno no incurrió en delito alguno, pero aseveró que los controles no fueron óptimos. Sin embargo, en la misma tesitura que Rodríguez Macrado, destacó como un cambio positivo que “las instituciones administrativas y judiciales están funcionando”.
Por su parte, el diputado del PRO Pablo Tonelli arremetió sin vueltas en contra de la fiscal. Consideró que el dictamen mediante el cual frenó el acuerdo “dice cualquier cosa” y opinó que “no reúne las actitudes” para ejercer su cargo.
El consejero de la Magistratura valoró que el arreglo que hizo el Estado con la empresa que manejaba el Grupo Macri “sin ser una maravilla, es habitual y razonable”.
Más allá de las valoraciones de los representantes del oficialismo, lo cierto es que la fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial fue designada por Fernández de Kirchner en el 2014, luego de un concurso público de antecedentes y oposición, un procedimiento que se sustanció por el cuestionado régimen de selección de jurados “a dedo” que la Justicia frenó la semana pasada.
De hecho, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó , podría ser enjuiciada políticamente por lo que sus denunciantes describen como “designaciones y traslados de fiscales siguiendo la agenda del kirchnerismo”.
Boquin juró en febrero de 2015 y desde el Gobierno le atribuyen una amistad personal Gils Carbo. Incluso, aseguran que cuando recién llegó al cargo tuvo a la vista el expediente Ciccone, que afectaba al ex vicepresidente Boudou, y que lo frenó.
Boquin tiene 47 años, perfil bajo y académico. Es especialista en concursos y quiebras, pero también dirige el Programa de Defensa de los Derechos del Consumidor, que asiste a los fiscales de su fuero en las investigaciones. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se desempeña como docente en la UCA La Plata y la UBA. Incluso, tuvo un paso por la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Pese a las críticas, estaría dispuesta a llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia en caso de que la Cámara se pronuncie en sentido adverso a su postura.



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