Por “tandas”, avanza la causa CBI

Vaca Narvaja procesó a 18 de los 37 imputados, desvinculó a cuatro y postergó pronunciarse sobre el resto.

2016-09-08_VACA_NARVAJA-(1)A tres años de que se generara la pesquisa por los desmanejos de dinero en la financiera CBI, el juez Miguel Vaca Narvaja procesó a 18 imputados, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, intermediación financiera agravada, evasión y lavado de dinero.
Los detenidos Eduardo Rodrigo (presidente de la empresa), Diego Sarrafían y Miguel Vera se destacan dentro de la “tanda” de procesados. También figuran otros miembros de la firma (Aldo Ramírez, Julio Ahumada, Daniel Tissera y Oscar Altamirano) y Darío Onofre Ramonda y su hijo, Darío José.
Ahora, resta que el magistrado resuelva la situación de otros implicados, como la del empresario Euclides Bugliotti, en el marco de expedientes vinculados.
El fiscal Enrique Senestrari había manifestado que tenía “casi todas las piezas” para que el juez definiera la situación de todos los sospechosos, pero en su fallo Vaca Narvaja se refirió a 22 de los 37 involucrados, procesando a 18 y sobreseyendo a cuatro (incluido Jurge Suau, por fallecimiento).
La causa CBI comenzó a principios del 2014, luego de la muerte del vicepresidente de la compañía, Suau, en extrañas circunstancias.
El suicidio del directivo destapó una defraudación millonaria que afectó a los ahorristas que tenían depósitos en los locales de la firma.
Junto con las actuaciones que lleva adelante la Justicia Federal (por las irregularidades en CBI y por el deceso de Suau), el juez provincial Domingo Silvestre declaró la quiebra de la firma.
El caso parecía haberse detenido, hasta que en junio del año pasado trascendieron novedades. En esa oportunidad, el fiscal le pidió al juez que investigara al gerente de la sucursal del Banco Nación local, por su presunta colaboración en maniobras de lavado de dinero. Según Senestrari, Pedro Tito Zurco habría autorizado, sin requerir la documentación necesaria, la apertura de cuentas corrientes que fueron usadas por dos personas jurídicas para hacer ingresar al circuito bancario y transformar en efectivo fondos de cheques de origen ilegal.
Así, consideró que el directivo tuvo vínculos con algunos de los imputados, que depositaban títulos provenientes de operaciones ilícitas de CBI Cordubensis para luego extraer activos y redireccionarlos hacia la financiera. Se trata de dos empresas que nunca tuvieron actividad comercial: Jotemi SA, supuestamente dedicada a comercializar diarios y revistas, y Halabo SA, cuyo giro habría sido la recaudación de cobranzas.
Luego, antes de la feria de invierno, medio de rumores de insuficiencia probatoria y de fallas en la descripción de los hechos, Senestrari dio otro paso para intentar activar la pesquisa y le pidió al titular del Juzgado Federal Número 3 el procesamiento de todos los imputados.
Pese al apuro del instructor –quien en ese entonces vaticinó un debate oral cercano en el tiempo- era previsible no sólo que pasara un lapso prolongado hasta que Vaca Narvaja se pronunciara, sino que –como hizo- segmentara la medida; es decir, que procesara “por tandas”.
El estancamiento de las actuaciones se agudizó en agosto, cuando la Cámara Federal de Apelaciones declaró la nulidad del embargo millonario dictado en contra de los 37 imputados. También “cayeron” las inhibiciones de bienes y las prohibiciones para salir del país.
Cuando la Cámara apartó al juez Ricardo Bustos Fierro y confirmó que Bugliotti seguiría bajo la lupa judicial pero en libertad, le pidió “agilidad y precisión” al instructor.
Para el tribunal, pese a la “actividad procesal importante” que generó la causa, no se le daba ni al investigado ni a la sociedad “una respuesta categórica” en relación a qué hechos con relevancia jurídico-penal estaban siendo investigados.
“La mera cita de artículos del Código Penal no satisface ese deber, porque los hechos son relatados de manera muy general”, consignó también. En esa tesitura, propició “una valoración de las pruebas producidas en forma precisa, clara y circunstanciada”.
Paralelamente, a Vaca Narvaja le encomendó “reordenar el proceso sin aglutinar escritos que puedan hacer perder el núcleo del tema central” y, al parecer, el juez intenta cumplir la directiva.