Se abre hoy, con dudas, el concurso para procesar la basura

Aunque recién hoy se pondrían en venta los pliegos de la licitación internacional para el procesamiento y deposición final de la basura que generan la ciudad de Córdoba y otros 17 municipios del interior (sólo dos mil toneladas del municipio capitalino), ya han trascendidos detalles del concurso que sustancia Cormecor.

Por Gabriel Osman
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Gabriela Faustinelli, ex directiva del Grupo Roggio y acutal asesora de Servicios Públicos.

Aunque recién hoy se pondrían en venta los pliegos de la licitación internacional para el procesamiento y deposición final de la basura que generan la ciudad de Córdoba y otros 17 municipios del interior (sólo dos mil toneladas del municipio capitalino), ya han trascendidos detalles del concurso que sustancia Cormecor. Se trata de una licitación con un contrato por 30 años, esto es, el mayor negocio en escala municipal que se realizará en décadas y por cuya adjudicación pujarían una treintena de empresas agrupadas en seis propuestas formales.

Los plazos establecidos para la venta de pliegos de condiciones y la apertura de ofertas –presuntamente el 6 de febrero- parece relativamente exigua, dada la importancia del contrato. La complejidad del servicio -que incluye el reciclado de sólido, la generación de biogás y la producción de abonos o compost, más los 30 años de duración de contrato- complica adicionalmente los cálculos de costos y amortización de las inversiones. Estos inconvenientes se potenciarían más aún si hay algunas sorpresas, como ha trascendido, en las bases del concurso, no antepuestas en el casting o preselección previa –sobre antecedentes jurídicos, contables y técnicos- a la licitación formal, que culminó con la precalificación y en las que quedaron marginadas sólo dos de las cerca de 30 que se presentaron.

Los plazos establecidos para la venta de pliegos de condiciones y la apertura de ofertas –presuntamente el 6 de febrero- parece relativamente exigua, dada la importancia del contrato. La complejidad del servicio -que incluye el reciclado de sólido, la generación de biogás y la producción de abonos o compost, más los 30 años de duración de contrato- complica adicionalmente los cálculos de costos y amortización de las inversiones. Estos inconvenientes se potenciarían más aún si hay algunas sorpresas, como ha trascendido, en las bases del concurso, no antepuestas en el casting o preselección previa.



En este caso, el proceso se inició hace un mes aproximadamente, cuando las empresas interesadas presentaron sus antecedentes jurídicos, contables y técnicos, para saber si estaban en condiciones de participar. También ayudaría a despejar cualquier posibilidad de “concursos a medida” que el señalado y concluido casting no otorgara puntajes para la licitación, como que el llamado a la preselección solo exigía un perfil de calidad entre los potenciales oferentes y no el diseño de un orden de mérito con el que se ingresaría al concurso formal.

Si, como ha trascendido, los pliegos contienen una formula donde los referidos antecedentes pesen un 30% (el otro 70% serían para el precio) cuando los oferentes administren 5 o más predios de procesamiento y deposición, quedarían planteadas dos posibilidades: la diferencia de precio dejaría de ser relevante para la adjudicación y se modificarían las reglas del preconcurso. Si dejáramos de lado, por ridículo, cualquier convicción cabalística, alguien debería explicar por qué 5 y no, por caso, 3, 4, 6 predios o cualquier otro número. Además si el referido casting hablaba de algún número era cantidad de toneladas y ponía como corte 1.000 toneladas diarias.

El concurso declararía al contrato como “servicio público”. Si así fuera, esto podría generar reproches legales porque esto no lo pueden establecer los pliegos per se. Esta declaración le compete al Estado a través de una ley. El propio hermano del intendente de Córdoba, Diego Mestre, puede dar fe de esto porque, en su condición de diputado nacional, presentó un proyecto de ley en el Congreso reclamando ese status para una serie de servicios. Habría que preguntarle al prepotente Surrbac qué opina y –los que es más importante aún- qué podría llegar a hacer por una una cláusula de este tipo, que tiene el efecto de enervar su poder de fuego, el paro.

Las dudas y el eventual y posterior debate se aclararán en horas,  cuando pongan en venta los pliegos. También la probable omisión en estos de un mecanismo de actualización del canon, grave en una economía inflacionaria como la nuestra.

Por supuesto que en el diseño de los pliegos no se debe soslayar que la ex secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Gabriela Faustinelli, sigue vinculada, como asesora, a la Secretaría de Servicios Públicos. Y tampoco recordar que fue directiva del Grupo Roggio. Se trata de uno de los oferentes, no ya con el nombre de Cliba sino como Benitto Roggio Ambiental, aunque conservando intacto su interés por reingresar al negocio, como lo han asegurado varios de sus CEO desde el mismo momento que se replegó como concesionario durante la administración de Daniel Giacomino.