Efecto Marijuan: Juri encarga auditoría externa (’08 – ‘16)

Tras la denuncia que el fiscal federal Guillermo Marijuan realizó contra 52 universidades nacionales, el rector Hugo Juri decidió realizar una auditoría económico-financiera integral de la UNC.

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La auditoría encargada por Juri comprenderá el período completo de Francisco Tamarit y casi el 90 por ciento de los mandatos de Carolina Scotto.

La UNC dio a conocer ayer una de las últimas decisiones que el rector Hugo Juri tomó durante el año 2016, antes que la Casa de Enero entrase en su período de receso. Se trata de la resolución rectoral 2568/2016, que dispone la realización de una auditoría externa económico-financiera de todo el ámbito de la UNC, abarcando el período 2008-2016.

De esta manera, el Rectorado comienza a prepararse para atravesar el proceso judicial que se inició a mediados de noviembre, con las denuncias del fiscal federal Guillermo Marijuan contra 52 universidades nacionales, incluyendo a la UNC.

Además de abarcar el inicio de su propia gestión, la auditoría encargada por Juri comprenderá el período completo de Francisco Tamarit y casi el 90 por ciento de los mandatos de Carolina Scotto, los dos predecesores del actual Rector.

Denuncia generalizada

El pasado 14 de noviembre, el fiscal Marijuan realizó 52 denuncias simultáneas contra casi la totalidad del sistema universitario nacional. Tan solo fueron excluidas la Universidad de la Defensa (reconversión de institutos de las fuerzas armadas) y dos creadas en diciembre del 2015 (Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz y Universidad Nacional de San Antonio de Areco).

El hecho denunciado es malversación de caudales públicos, y pretende ser el inicio de una investigación que abarque el uso de los fondos que el gobierno nacional transfirió a todas las universidades públicas a lo largo de los ocho años de gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La denuncia expresa que “deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades nacionales”, así como también aclara que “todos y cada uno de los pesos recibidos (…) deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”.

La generalización de la denuncia no cayó bien en las universidades, entre otros motivos porque el trato de los dos gobiernos de Fernández de Kirchner para con ellas fue muy dispar, de acuerdo al grado de alineación político partidaria que mantenían, como prueban los informes elaborados por la Auditoría General de la Nación.

Impacto en la UNC

El periodo que Marijuan pidió investigar coincide con los gobiernos de Scotto y Tamarit en la UNC, dos rectores que se alinearon con el kirchnerismo a lo largo de sus mandatos. Sin embargo, Juri decidió extender el período a auditar desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre de 2016, incluyendo el inicio de su propio rectorado.

La resolución justifica la decisión de que la auditoría sea externa en que “esa tarea excede las posibilidades operativas de la Unidad de Auditoría Interna” de la UNC, “la que vienen desarrollando las auditorías sectoriales propuestas en el Plan de Auditoría aprobado oportunamente”.

Además de poner bajo la lupa la gestión económico-financiera, la auditoría analizará “la existencia de adecuados protocolos de funcionamiento y gestión de recursos; manuales de funciones y responsabilidades y mecanismos de control interno”. Según explicaron desde el Rectorado, esto ayudará a mejorar la transparencia de la UNC, elevando su nivel de manera común en todas las dependencias.

A los fines de asignar el servicio de la auditoría, el rector Juri constituyó una comisión que elaborará el pliego de la licitación pública, el que deberá ser presentado a mediados de febrero. La comisión está conformada por los titulares de la Unidad de Auditoría Interna y de la Dirección de Asuntos Jurídicos, y por tres profesores de la Facultad de Ciencias Económicas: los exvicedecanos Osvaldo Ripetta y Ángel Tapia y el docente Hugo Priotto.

La auditoría permitirá a la UNC responder mejor cualquier tipo de información que la Justicia requiera en el marco de la denuncia realizada por Marijuan, así como mejorar los sistemas de control y transparencia que utilizan las decenas de dependencias que componen la Casa de Trejo, explicaron fuentes del oficialismo.



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