Justicia Legítima presentó su versión cordobesa (y edulcorada)

La asociación Justicia Legítima conformó oficialmente su filial cordobesa, con un plantel moderado. Resistencia al macrismo y proyectos electorales.

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Miguel Hugo Vaca Narvaja con Carlos Gonella y Enrique Senestrari.


El kirchnerismo cordobés sumó ayer una nueva tribu a su variopinto plantel. Se trata de Justicia Legítima, la agrupación que nuclea a jueces, fiscales, defensores, abogados, profesores universitarios, que intenta llevar los preceptos del “movimiento nacional y popular” al mundo del Derecho.

La primera comisión directiva de la filial cordobesa exhibe a varios “moderados” en sus cargos más importantes, en una adecuación al conservador universo judicial cordobés.

La resistencia a las innovaciones que el gobierno nacional quiere llevar a la Justicia sería uno de los principales objetivos de Justicia Legítima Córdoba, al mismo tiempo que se prepara para los distintos comicios del sector judicial y abogadil de 2017.

La comisión directiva

La nueva presidente de Justicia Legítima Córdoba es la María de los Ángeles Bonzano de Saiz, quien ejerce como jueza en la Cámara de Familia de 1ª Nominación, junto a María Virginia Bertoldi de Fourcade y Fabián Faraoni.

Bonzano además ejerce como docente auxiliar en la Facultad de Derecho de la UNC, en la cátedra de Derecho Privado VI (Derecho de Familia), donde participó del Consejo Directivo durante el período 2013-2015, como opositora al matrimonio de Pedro Yanzi Ferreira y Marcela Aspell.

El defensor oficial Jorge Perano ocupará la vicepresidencia de Justicia Legítima Córdoba. Perano también ejerce la docencia en la UNC, en la cátedra de Criminología, y ha participado activamente de la filial cordobesa del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y del Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos de la UNC, dos centros vinculados al progresismo cordobés.

En la secretaría de la asociación se ubica el vocal de la Cámara del Trabajo, Rodolfo Zunino. Al igual que los mencionados, Zunino también ejerció la docencia en la UNC, pero posteriormente optó por el ejercicio de la profesión. Fue allí cuando participó del estudio Angulo Mendizabal, que tiene entre sus socios al actual ministro provincial de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo.

La tesorería estará a cargo del abogado Ramiro Fresneda, y el cuerpo de vocales lo conforman el fiscal federal Enrique Senestrari, el abogado Miguel Ceballos, el sindicalista Alfredo Seydell y el fiscal Carlos Gonella (quien además ejercerá como representante de Córdoba en la comisión directiva nacional).

 

Resistencia y campaña

La Asamblea Constitutiva de la filial Córdoba contó con la presencia de la presidente nacional de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori. De acuerdo al comunicado de la asociación, la misma hizo un repaso sobre la actualidad de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura y destacó la importancia de trabajar junto a otros actores sociales.

Fuentes del Poder Judicial evaluaron el primer plantel de Justicia Legítima como un equipo encabezado por “militantes moderados”, en lo que sería una forma de adecuarse al muy conservador mundo de la Justicia cordobesa, para así intentar sumar más adeptos.

Las estrellas mediáticas del kirchnerismo, como los fiscales Senestrari y Gonella, fueron en cambio desplazados a puestos secundarios, garantizándoles participación en las decisiones, pero corriéndolos del foco de atención.

El apuro por conformar Justicia Legítima en Córdoba tendría una simple explicación, de carácter electoral. Durante el 2017 renovarán sus autoridades tanto el Colegio de Abogados de Córdoba, como el gremio de los empleados del Poder Judicial. A través de un mediático sello propio, los “legítimos” cordobeses buscarían un anclaje en las listas opositoras a los gobiernos nacional y provincial.

Una de las banderas que levantarían sería la resistencia a la iniciativa Justicia 2020, que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, impulsa en todo el país.

Córdoba ha sido una de las provincias que más ha avanzado en implementar algunas de las medidas de Justicia 2020, pero fuentes gremiales aseguran que se encuentran en estado de alerta por posibles afecciones contra derechos adquiridos por los trabajadores judiciales.



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