Consumo medicinal: el autocultivo de cannabis quedó fuera de la agenda

Hay acuerdo entre la Nación y varias provincias –entre ellas, Córdoba- para que el uso terapéutico no incluya la producción personal de los preparados. La Provincia hizo una apuesta por la prevención y el tratamiento de adicciones y dirigirá recursos estatales hacia las personas.

schiaretti-prevencion-drogasEn noviembre, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que legaliza el uso del aceite de cannabis con fines medicinales.
Si bien la norma tomó impulso por el reclamo de los pacientes que necesitan tratarse con ese preparado, durante el debate parlamentario alzaron sus voces quienes sostienen que también debería permitirse el autocultivo, para que cada persona pueda fabricar su propia medicación.
El oficialismo y sus aliados apuntan a regular con un programa nacional la investigación médica y científica de las propiedades de la planta. También buscan que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sea la encargada de gestionar la importación de los fármacos a base de cannabis, cuando los afectados por dolencias determinadas que cuenten con la indicación médica así lo requieran.
La Nación y casi todas las provincias –entre ellas, Córdoba- acordaron bloquear los intentos para liberar del autocultivo. Así, en la Cámara Alta se promoverá sólo la importación del aceite a base de cannabis, que será de acceso público y gratuito.
La posibilidad de que el Estado sea el encargado de cultivar también se dejó de lado; en especial, por las complicaciones que se generaron en Uruguay. A tres años de la ley que legalizó producción y comercialización de marihuana, la venta al público no comenzó y el Gobierno de Tabaré Vázquez decidió postergarla.
Las plantaciones están listas, pero la mayoría de las farmacias no se adhirieron al convenio para vender y el abastecimiento para los residentes, lo únicos autorizados para comprar cannabis, no está garantizado.
Vázquez no simpatiza con la legislación aprobada durante la gestión de José Mujica. Sin embargo, no restringió la vigencia de la legalidad del cultivo para consumo personal ni el funcionamiento de los “clubes cannábicos”.
Esta semana, Mauricio Macri tomó en cuenta el pedido de la Pastoral Social y declaró la emergencia nacional en materia de adicciones hasta diciembre del 2018.
El grupo eclesiástico encabezado por el padre José María “Pepe” Di Paola reclamó la puesta en marcha de medidas preventivas y sanitarias y que se deje de lado la criminalización de los consumidores. Con su decreto, Macri siguió la recomendación de los religiosos y de otros sectores, al plasmar como objetivos de la medida el tratamiento y la inclusión social.
Entre otras pautas, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) para que implemente acciones. De esa manera, jerarquizó el rol de repartición, prácticamente dejada de lado durante la gestión del kirchnerismo.
En Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti lanzó un plan de asistencia para toda la jurisdicción. Vía decreto, se creó la Red de Asistencial de las Adicciones (RAAC), mediante la cual se puso en marcha un sistema único e integral, de carácter preventivo y asistencial, para todas las complejidades.
Como respuesta a las muchas demandas para que mejore la atención sanitaria de los adictos, la Provincia destinará más presupuesto para las reparticiones gubernamentales que trabajan contra el flagelo y facilitará la obtención de subsidios para las ONG que ofrecen tratamientos.
En la misma sintonía que la Administración nacional, Córdoba dirigirá recursos estatales hacia las personas. El programa requerirá una inversión de 100 millones de pesos sólo el año que viene.
Tanto Macri como Schiaretti tomaron la hoja de ruta sugerida en el documento que difundió la Iglesia, que sostiene que la prioridad son las acciones de prevención y recuperación.
Bajo esa premisa, hay consenso en no promover la legalización del cultivo de marihuana, para ningún fin. En el Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas 2016-2020, preparado por la Sedronar, se hace foco en la tolerancia social como uno de los motivos del aumento del consumo.
Según el informe que tienen en su poder los secretarios de adicciones, el uso de marihuana se incrementó por la “alta tolerancia social”.
La política de Estado parece encaminada a prevenir y tratar la drogadicción, un flageo que según los curas “no fue el foco de atención de ninguno en los últimos 40 años”.
El titular de la Sedronar, Roberto Moro, declaró que uno de los problemas de Argentina durante los últimos 20 años es que siempre se le dio al consumo problemático “una mirada desde lo ideológico”. Por su parte, Juan Carlos Mansilla, subsecretario de Prevención de Drogas de la Provincia y director del Programa Nacional “Municipios en Acción” del Sedronar, valoró que debe haber “un acompañamiento del problema desde una mirada educativo- terapéutica y no represiva”.
En diciembre del año pasado, la continuidad de la secretaría fue puesta en duda por el nuevo Gobierno. El cura Di Paola tomó partido y dijo que debía seguir funcionando, pero cumpliendo sus objetivos; es decir, definiendo medidas y articulando programas de prevención y asistencia. Asimismo, exigió que se creara un ámbito para abordar la dependencia a las drogas.
El curso que tomaron las cosas parece revelar que el Gobierno fortalecerá a la Sedronar, que contará con más fondos.



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