Narcomenudeo: datos sobre presos sugieren falencias del sistema

Más de la mitad de los encausados en el marco de la “provincialización” son usuarios de drogas. Además, la cantidad de mujeres imputadas supera la media de otros delitos. Hay sectores que reclaman que todos los ilícitos relacionados con estupefacientes vuelvan al fuero Federal.

Por María Viqueira
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2016-12-05-drogaEn septiembre, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que busca restablecer la competencia de la Justicia federal en todos los delitos relacionados con la comercialización de drogas.
Luego de que el presidente Mauricio Macri lanzara el plan “Argentina sin narcotráfico” se reiteraron las críticas hacia la denominada “provincialización” de los delitos que se cometen en “el último eslabón de la cadena”.
En el 2005 se modificó Ley de Estupefacientes (23.737) y se le otorgó a las provincias la posibilidad de perseguir y reprimir el “narcomenudeo”, una facultad que Córdoba ejerció, como pionera, en junio del 2012, cuando creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
En la misma sintonía que la fundadora de su partido, Elisa Carrió – quien cuando se discutía en el Congreso la reforma de la ley 23.737 se opuso a la “desfederalización”, argumentando que tendría un impacto negativo sobre la política criminal en la materia- adujeron que la norma entorpeció la lucha en contra del crimen organizado y reclamaron que la legislación vuelva al estado anterior a la sanción de la ley 26.052.
Los representantes también sostuvieron que la narcocriminalidad se agudizó en las pocas provincias que adhirieron a la esa normativa (Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos, Salta y Tucumán), al entender que los jueces y los fiscales “tienen menos independencia respecto al poder político local”.
Ahora, un informe elaborado por el Área de Investigaciones del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), detalló que 52,4 por ciento de las personas imputadas por “narcomenudeo” en la ciudad de Córdoba consume estupefacientes.
En la investigación –que releva el período comprendido entre diciembre del 2012 y la actualidad- se estableció que la edad promedio de los encausados por ilícitos desfederalizados (como tenencia simple y con fines de comercialización, entre otros) es 33 años.
Entre los datos más relevantes se destaca la alta participación de mujeres (el 29 por ciento de los encartados lo son), un porcentaje que está por encima de la media para otros delitos.
Las precisiones del documento coinciden con el punto que, en general, tienen los letrados que litigan en el fuero Penal. Al ser consultados, los profesionales señalan que una de las ventajas que tenía la concentración de casos en la órbita Federal era que en ese ámbito se seguían los lineamientos que fijó la Corte en el fallo “Arriola”, que en agosto del 2009 declaró la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal y trazó pautas para abordar el uso.
En esa línea, indicaron que tras la provincialización del narcomenudeo los consumidores son llamados “compulsivamente” a declarar y que si bien las fiscalías especiales de la ciudad se están adaptando a los lineamientos del Máximo Tribunal el perfil es más punitivista; en especial, en el interior.
Además, hubo acuerdo en que hay desafíos en lo atinente a la coordinación de las tareas que llevan adelante “las justicias”.
Actualmente, la mayoría de los procedimientos los lleva adelante el Poder Judicial de la Provincia y, por lo general, involucran a meros usuarios o a personas que son detenidas con cantidades poco significativas. Mientras eso sucede, los “peces gordos” siguen operando y hace años que “el narco” no llega ante la Justicia federal.
Hace dos meses, la Procuración General de la Nación difundió un estudio sobre la actividad de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires en causas por drogas durante el 2015 y detalló que el 55% de las investigaciones abordan delitos menores y que nueve de cada diez casos se archivan.
Los datos que difundió la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) confirman una tendencia que se da en todo el país, a saber: que el grueso de los recursos se destina a perseguir a meros consumidores o “microtraficantes”.
La Procunar figura entre las voces que no respaldan la modalidad “dual” para enfrentar el problema. En el 2014 emitió un documento en el cual remarcó que “hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo”.
Según el organismo, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a información que le permitiría conocer la existencia de operaciones de mayor porte.

Escala penal
Recientemente, por mayoría, el TSJ estableció que la escala penal prevista para la comercialización de drogas (de cuatro a 15 años de prisión) es inconstitucional y fijó una pena en abstracto de tres a diez años.
Los vocales Aída Tarditti, Sebastián López Peña, Domingo Sesin y María de las Mercedes Blanc de Arabel se pronuncia en la misma línea que algunas cámaras del crimen locales y otros tribunales del país, que valoran que la decisión del Congreso de sustraer algunos ilícitos de la competencia de la Justicia Federal obedece a que los consideró de menor gravedad.
Por consiguiente, entendieron que la falta de reflejo de esa circunstancia en una menor escala configuró una “omisión legislativa”, lo que determinó su desproporcionalidad y consiguiente inconstitucionalidad.
Por su parte, la minoría -integrada por los jueces María Marta Cáceres de Bollati, Luis Rubio y Carlos García Allocco-, en consonancia con otras posturas jurisprudenciales, argumentó que la desfederalización del comercio minorista de estupefacientes no evidenció un cambio de valoración sobre la gravedad del delito, sino que se debió a una variación de la política criminal, con el objetivo de darle mayor eficacia a la persecución del último eslabón de la cadena del tráfico.