Gils Carbó: Cambiemos no claudica, pero analiza “plan B”

La vía legislativa sigue como opción, pero el Gobierno advirtió los posibles costos.

La fundadora de Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, colocó a dos militantes en la Procelac.

Luego de que la posición Elisa Carrió generara un “grieta” dentro del oficialismo con respecto a la reforma del Ministerio Público, que iba a tratarse el miércoles, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Pablo Tonelli, aseguró que la permanencia de Alejandra Gils Carbó en el cargo de procuradora General “es incompatible con el Gobierno”.
Así, pese a que el oficialismo está analizando un cambio de estrategia para que la fundadora de Justicia Legítima deje la función y explora el camino del juicio político, Tonelli dijo que se seguirán “buscando consensos” para avanzar con el cambio legislativo.
El legislador del PRO precisó que se revisará el proyecto de ley en lo atinente a las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, una de las observaciones que hizo Carrió.
Hace un mes, la bicameral quedó bajo el mando de Graciela Camaño, del Frente Renovador, la fuerza que trabajó durante los últimos meses junto a Cambiemos para apurar la sanción de la norma.
Carrió, quien casi en soledad votó en contra de la designación de Gils Carbó, considera que la iniciativa en trámite, que prevé acotar el mandado del procurador a cinco años, es inconstitucional.
Para la líder de la Coalición Cívica, la funcionaria debe enfrentar un proceso disciplinario y no ser apartada en virtud de lo que definió como un “acuerdo corporativo”.
Desde que asumió el presidente Mauricio Macri, su ministro de Justicia, Germán Garavano, le reclama a Gils Carbó que deje el cargo.
Durante algunos meses, el asunto no tuvo mayores repercusiones. Esa pasividad terminó cuando la continuidad de la influencia del colectivo kirchnerista que encabeza la jefa de los fiscales quedó en evidencia luego de la agresión que sufrió Macri en Mar del Plata. En esa oportunidad, el juez federal Alfredo López, a cargo de la pesquisa, hizo duras declaraciones y definió a la agrupación como “una mafia judicial”.
López denunció al fiscal general Daniel Adler y a sus colegas Laura Mazzaferri y Nicolás Czizikl por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al considerar que demoraron “injustificadamente” la investigación de los hechos, y lamentó que el Gobierno no tomara medidas con respecto al accionar de Justicia Legítima, el cual, según juzgó, es ilegal.
Así, se sumó a las voces que desde hace tiempo recuerdan que el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas.
El Gobierno intentó evitar un enfrentamiento y apeló al desgaste, pero ante la falta de resultados comenzó a explicitar sus intenciones y, finalmente, envió el proyecto de reforma de la ley.
Ese paso generó polémica aún entre los detractores de la funcionaria y sus críticas, en general, que se centran en que el concierto entre el oficialismo y el peronismo se debe a “cuestiones personales”.
Sin embargo, Tonelli enfatizó que la propuesta normativa “va más allá del mandato de Gils Carbó”, ya que contempla “una verdadera reorganización de la Procuración General”.
La resistencia de Carrió podría deberse a una estrategia a fin de evitar que, si se da el cambio legislativo, Gils Carbó emprenda una batalla judicial el año que viene, cuando deba dejar la función.
Cabe tener en cuenta que la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco ya se expidió sobre el asunto en noviembre de año pasado, cuando dijo que, a su juicio, el cargo de procurador es vitalicio.
La diputada chaqueña sabe que el accionar de la fundadora de Justicia Legítima, protectora de los intereses del kirchnerismo y pieza clave en el blindaje judicial que comenzó a ceder con el cambio de Gobierno, amerita una causa por mal desempeño. Entre otras maniobras de pobre calidad institucional, la procuradora se arrogó el poder de designar a los jurados de los concursos. Además, trasladó a sus subordinados siguiendo la agenda del Poder Ejecutivo. Un caso emblemático es el de Carlos Gonella, que concursó en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), de donde salió procesado y eyectado por su deslucida actuación en el caso conocido como “la ruta del dinero K”.
Por su parte, Garavano parece abierto a un cambio de plan. El ministro anunció que el Gobierno “es respetuoso de los roles”, que entiende que “se ha generado debate” en el Parlamento y que “si no hay consensos no habrá modificación”. El lunes, en Córdoba, fue menos conciliador y manifestó que la polémica provenía de “intereses sectoriales especializados en frenar transformaciones”.
Las muchas irregularidades en las que incurrió Gils Carbó podrían usarse para edificar una causa sólida por mal desempeño y, en ese caso, la posición de la Corte podría ser favorable a las intenciones de Cambiemos y de sus aliados, ya que anuló varias medidas que tomó.
La vía legislativa no se dejó de lado, pero el Gobierno advirtió los posibles costos jurídicos y es posible que el Poder Ejecutivo impulse el juicio político en contra Gils Carbó, una de sus promesas durante la campaña electoral del 2015.
En medio del revuelo, la fidelidad de los integrantes de Justicia Legítima sigue intacta. Hace unos días estuvo en Córdoba la jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de la entidad que reúne a abogados, fiscales y magistrados, para disertar. El acto fue difundido por funcionarios federales locales que, más que interesados en el debate sobre el modelo judicial vigente, parecen militantes partidarios.



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