El “camino institucional” le da respiro a Justicia Legítima

La postura de Carrió, que quiere que la procuradora Gils Carbó sea enjuiciada políticamente, ocasionó que se postergara el debate de la reforma de la ley del Ministerio Público.

elisa-carrioEl interbloque de Cambiemos en el Congreso Nacional postergó el debate del proyecto para reformar la ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, que estaba previsto para hoy y que, entre otras cuestiones, acota el mandato del titular de la Procuración General a cinco años, renovables por un plazo más, y crea una comisión bicameral con amplias facultades para monitorear su desempeño.
En gran medida, la decisión se basó en la postura de la diputada Elisa Carrió, quien pese a haber votado, casi en soledad, en contra de la designación de Alejandra Gils Carbó, considera que la iniciativa en trámite es inconstitucional.
Si bien la líder de la Coalición Cívica presentó sus observaciones una semana después de que el proyecto recibiera dictamen, recordó que “desde que comenzó a debatirse el tema” le adelantó su punto de vista a dirigentes y legisladores del oficialismo.
Para Carrió, para un eventual desplazamiento de la procuradora General de la Nación debería utilizarse el resorte institucional del juicio político.
De esa manera, criticó lo que definió como un “acuerdo corporativo”, en referencia al pacto entre macristas y massistas para modificar la legislación, un paso que generó controversia aun entre los críticos de la funcionaria.
En esencia, las objeciones se centran en que el concierto entre el oficialismo y el peronismo se debe a “cuestiones personales” en contra de Gils Carbó y que, de sancionarse la ley, podría atentarse en contra de la independencia que le garantiza el artículo 120 de la Constitución Nacional al Ministerio Público.
Además de una cuestión de principios, la resistencia de Carrió podría deberse a una estrategia, ya que se da por hecho que, si se da el cambio legislativo, Gils Carbó emprenderá una batalla judicial el año que viene, cuando deba dejar la función.
Al respecto, cabe tener en cuenta que la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco ya se expidió sobre el asunto en noviembre de año pasado, cuando dijo que el cargo de procurador es vitalicio.
Así, todo parece indicar que la fundadora de Justicia Legítima salió del centro del debate legislativo. Sus fieles seguidores, entre los que figuran casi todos los federales cordobeses, respiran aliviados.
No obstante, aunque el Frente Renovador advirtió que no continuará con el tratamiento de la iniciativa hasta que Cambiemos no resuelva sus diferencias internas en torno al articulado, Gils Carbó no está a salvo de enfrentar el camino de un proceso disciplinario.
Mientras Cambiemos intentaba que no se suspendiera la sesión, el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien le pidió en reiteradas ocasiones a la funcionaria militante que diera “un paso al costado”, declaró que el Gobierno “es respetuoso de los roles”, que entiende que “se ha generado debate” en el Parlamento y que “si no hay consensos no habrá modificación”. El lunes, en Córdoba, fue menos conciliador y manifestó que la polémica provenía de “intereses sectoriales especializados en frenar transformaciones”. El tiempo dirá si ayer trató de reducir daños o evaluaba otra estrategia.

El caso Gonella
El desempeño de la fundadora de Justicia Legítima está bajo tela de juicio desde hace tiempo; en especial, por su rol como protectora de los intereses del kirchnerismo, un papel que quedó en evidencia cuando comenzaron a darse avances en casos de corrupción resonantes.
Gils Carbó fue clave en el blindaje judicial del kirchnerismo. En su avance sobre la Justicia, la gestión anterior debilitó a los jueces y fortaleció a los fiscales.
Entre otros pasos de dudosa calidad institucional, la procuradora se arrogó el poder de designar a los jurados de los concursos. Además, trasladó a sus subordinados siguiendo la agenda del Poder Ejecutivo. Un caso emblemático es el de Carlos Gonella, que había concursado en Formosa pero fue enviado a Córdoba y luego llegó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El huracán judicial que se desató con la detención del empresario Lázaro Báez lo eyectó de su cargo.
El joven cordobés ya estaba procesado por prevaricato, por amputar de la instrucción de la causa conocida como la “ruta del dinero K” los temas sensibles para el titular de Austral Construcciones.
En el 2013 explotó el caso que involucra a Báez y a su entorno de colaboradores. Según sospecha la Justicia, Gonella monitoreó la causa como guardián de los intereses del Gobierno anterior y logró que el patagónico ni siquiera figurara en la carátula del expediente.
Las muchas irregularidades en las que incurrió Gils Carbó podrían alimentar una causa sólida por mal desempeño y, en ese caso, la posición de la Corte sería favorable a las intenciones de Cambiemos y de sus aliados, ya que anuló varias medidas que tomó.