Romance entre “justicias”: TSJ respalda a Garavano

El vocal del Alto Cuerpo, Sebastián López Peña, apoya la indea de limitar el mandato del procurador General. En un encuentro organizado por la Fundación Mediterránea, aprovechó para “despegar” al Poder Judicial local de las críticas que recibe el fuero Federal. El ministro de Macri fue de la partida y habló de la necesidad de establecer “reglas de juego claras”

sebastian-lopez-penaMañana, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma de la ley que rige el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.
Entre otros objetivos, el oficialismo buscará junto a sus aliados darle media sanción a la legislación que limitaría el poder de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Como la norma establece que el mandato durará cinco años, si prospera, Gils Carbó debería dejar la función el año que viene.
Aunque el puesto es vitalicio, desde que Mauricio Macri asumió la presidencia su ministro de Justicia, Germán Garavano, le reclama que deje el cargo.
El desempeño de la fundadora de Justicia Legítima está bajo tela de juicio desde hace tiempo; en especial, por su rol como protectora de los intereses del kirchnerismo, un papel que quedó en evidencia cuando los jueces salieron de su letargo y comenzaron a avanzar en varios casos de corrupción resonantes.
Para el macrismo, el reemplazo de Gils Carbó es un paso vital para el desmantelamiento de la red de militancia que tendió el kirchnerismo en el fuero federal.
Ayer, en un almuerzo de trabajo organizado por la Fundación Mediterránea, el vocal del Tribunal Superior, Sebastián López Peña, se manifestó a favor de que el mandato del jefe de los fiscales sea acotado y que a nivel nacional se adopte un modelo similar al que rige en Córdoba.
También opinó que las reformas que se le hicieron al Código Penal “rompieron su integridad” y que, por ello, se impone tanto un “cambio de paradigma” como la necesidad de coordinar políticas criminales entre los estados nacional y provincial.
En ese sentido, resaltó que la responsabilidad del procurador es fijar esas medidas, con independencia de quién ocupe el cargo, el cual -según manifestó- debe tener límites temporales para que se haga “un escrutinio periódico” sobre el accionar del funcionario y las políticas que promovió.
Además, López Peña respaldó la ley arrepentido y estimó que no es una presión para los jueces, sino que se trata de una herramienta más.
En tanto, aprovechó para “despegar” al Poder Judicial local de las críticas que recibe el fuero Federal. Así, dijo que la opinión pública tiene una mirada desfavorable sobre el rol de la Justicia porque, en general, el ciudadano medio no distingue entre “los poderes judiciales” y sólo evalúa la actuación del fuero Federal y “de algunos jueces federales”.
El magistrado destacó el papel de Córdoba como pionera en el campo de las reformas procesales y aseguró que tiene mucho para aportar al Programa Justicia 2020.
Por su parte, Garavano enfatizó que el sistema debe “enviar señales claras” en relación a los costos que tiene violar la ley.
Según el ministro, no se trata de subir penas, sino de que los infractores lleguen ante los tribunales.
Otro desafío que planteó es avanzar para garantizar la seguridad jurídica, estableciendo “reglas claras frente al delito y las actividades económicas”.
Al igual que el juez del Máximo Tribunal local, señaló que se impone hacer distinciones entre “las justicias” y opinó que Córdoba, junto a otras jurisdicciones, “va a la vanguardia”.
Sobre la reforma de la ley del Ministerio Público, en clara referencia a Justicia Legítima, la fuerza de choque del kirchnerismo, manifestó que la polémica la generan “intereses sectoriales especializados en frenar transformaciones”.
Finalmente, aseveró que se están dando pasos para “quebrar la coyuntura de intereses en pugna” y que la independencia del Poder Judicial requiere que haya confianza en la Justicia.



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