Empresarios cordobeses reclamaron por la industria del juicio

En la Fundación Mediterránea apoyaron la iniciativa impulsada por el Ejecutivo de reforma del sistema de ART. El ministro Garavano admitió que el sistema judicial no envía señales claras a la sociedad.

Por Gabriela Origlia

fundacion-mediterraneaLa presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, aprovechó la presencia del ministro de justicia de la Nación, Germán Garavano para plantear un tema de interés para los empresarios: el costo de los juicios laborales a los que definió como “insostenibles” para las Pymes por el aumento exponencial de los procesos.
Recordó la evolución de las demandas ingresadas: 6800 en el 2005; 54000 en el 2010 y 122.000 en lo que va del año. “Hay que terminar con la industria del juicio; necesitamos una justicia equitativa para el trabajador y las empresas”, dijo Astori.
De esta manera, la entidad empresario dio su aval al proyecto que hace unos días envió el Poder Ejecutivo al Congreso para modificar el régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), con el objetivo de limitar los juicios por accidentes laborales.
La iniciativa pretende reducir la litigiosidad y acotar la llamada “doble vía”, esto es, que el trabajador pueda reclamar ante la ART y al mismo tiempo presentarse ante la Justicia. Establece que, antes de recurrir a los tribunales laborales, el trabajador afectado (o sus familiares) deben agotar la vía administrativa, ante la comisión médica de la jurisdicción correspondiente.
“En la actualidad, el 70% de las contingencias por un siniestro nacen judicializadas. Es decir, llegan antes a los juzgados laborales que a las comisiones médicas”, argumentaron en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) en el momento del envío.
La iniciativa oficial impulsa la creación del denominado “autoaseguro público provincial” destinado a que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo correspondientes al personal enmarcado en los regímenes de empleo público de esas jurisdicciones. Al respecto, establece que “las prestaciones dinerarias (del autoseguro provincial) deberán ser administradas mediante un régimen de gestión económica y financiera separado del que corresponde a la contabilidad general provincial”, y habilita a los municipios a incorporarse al autoseguro de su propia provincia.
El Ejecutivo apuró el envío de la reforma al Congreso después de que un relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que solo en septiembre la cantidad de juicios iniciados se disparó hasta alcanzar 14.333 nuevas demandas mensuales, cifra que representa un incremento del 45 por ciento respecto al nivel registrado en septiembre de 2015 y una suba de 32% en comparación con agosto último.
Astori también fue más allá de lo estrictamente laboral y reiteró la necesidad de seguridad jurídica y reglas claras para avanzar en las inversiones y de una “justicia independiente de los poderes políticos, que tenga mayor celeridad para juzgar” a la vez que reclamó que juzgue los posibles delitos cometidos en el Estado “no sólo cuando termine la administración, sino cuando se producen”.
Garavano –a quien escucharon, además de los empresarios, legisladores e integrantes de los fueros federal y provincial de Córdoba- planteó que, en líneas generales el sistema judicial argentino no envía las señales correctas a la sociedad con un abordaje multicausal e integral, por lo que su cartera trabaja vinculada con las de Seguridad, la de Desarrollo Social  y el Sedronar.
“El sistema de justicia debe enviar señales claras sobre los costos que tiene violar la ley –agregó- Argentina es un país donde el delito tiene costos muy bajos y a medida que se vincule cada vez más a organizaciones que se parecen a empresas y que cada vez generan más ganancias. Si no se logra establecer un límite, aumentar los costos, no tendremos muy buenos resultados. El desafío no pasa por el monto de las penas sino con las posibilidades de ser atrapado y procesado”.
Señaló que los datos marcan que esas posibilidades son muy bajas; puso como ejemplo el narcotráfico; no alcanza con decomisar mercadería sino que se debe golpear sus ganancias y afectar su flujo de fondos.
También mencionó el vínculo entre sistema de juicio y actividad económica: “Se deben fijar reglas claras y debe ser inclusivo. Los problemas no son nuevos; se sigue trabajando con procesos de dos siglos atrás; hay que hacer cambios profundos, no alcanza con cambiar una ley”.



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