Dilema ético y político

Entre los desmanes y maldades perpetrados por el gobierno de Cristina Kirchner, heredados por Macri como verdaderos presentes griegos, hay algunos de difícil remoción. Y entre ellos, uno de los más complicados de todos es la permanencia en el cargo de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.

Por Gonzalo Neidal
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2016-10-24_gils_carbo_cristina_macriEntre los desmanes y maldades perpetrados por el gobierno de Cristina Kirchner, heredados por Macri como verdaderos presentes griegos, hay algunos de difícil remoción. Y entre ellos, uno de los más complicados de todos es la permanencia en el cargo de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.
Sin pudores, la jefa de los fiscales opera como cancerbero de la ex presidenta y varios de quienes fueron sus funcionarios, poniendo trabas al gobierno y a la Justicia en el cumplimiento de las leyes, en lo que se refiere a los delitos que hubieren perpetrado todos ellos durante el ejercicio del poder.
Se trata de una verdadera piedra en el zapato para Mauricio Macri que ha probado de mil maneras hacerla renunciar y no lo ha logrado. Hay que aclarar que la Constitución establece que, al igual que los jueces, la procuradora puede permanecer en su cargo hasta el día que cumpla 75 años de edad. Y a Gils Carbó le falta aún más de una década.
Ahora el gobierno intenta la aprobación de una ley que recorte sus funciones de manera drástica. Todos los expertos (y el elemental sentido común) señalan que se trata de un método de dudosa constitucionalidad. Todos sabemos que hay cargos cuyo mandato no coinciden necesariamente con el de los presidentes pero que, justamente, la robustez de la constitucionalidad de un país puede medirse por la permanencia en esos cargos de los funcionarios ajenos y aún opuestos al gobierno sobreviniente.
Claro que nadie lo cumple. El kirchnerismo barrió a los integrantes de la Corte Suprema previa, acosó a Carlos Fayt, sin conseguir que éste renunciara. En el gobierno de Fernando de la Rúa, se desplazó al titular del Banco Central Pedro Pou y al titular del INADI, Víctor Ramos, pese a que tenían mandato por varios años más. Y el propio Macri desplazó a los presidentes del BCRA y de la AFSCA, organismo que ya no existe.
Macri no da muestras de un cambio de concepto institucional respecto del gobierno anterior al arremeter contra la procuradora. Eso es cierto y en esto tiene razón Elisa Carrió. Pero sucede que, si no lo hace, puede ver trabado el accionar de la Justicia, con consecuencias sobre la imagen de su gobierno y sobre el cumplimiento de sus objetivos políticos.
De tal modo, el presidente enfrenta un dilema ético, además de político. Seguramente habrá sopesado qué opción le resulta políticamente menos costosa. Y habrá llegado a la conclusión que los argentinos, en este momento, valoran más la agilidad de la Justicia que la solidez institucional del país.



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