Drogas: uso y menudeo insumen 55% de recursos

La tendencia se da tanto a nivel nacional como en las provincias que, como Córdoba, asumieron la persecución de ciertos delitos relacionados con estupefacientes.

marihuana_drogaEl último estudio de la Procuración General de la Nación sobre la actividad de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires en causas por drogas detalló que el 55% de las investigaciones abordan delitos menores, como tenencia simple o para uso personal.
Según el relevamiento, que comprende pesquisas que se llevaron adelante durante el 2015, nueve de cada cien casos se archivan.
Los datos que difundió la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), creada en el 2013, confirman una tendencia que se da en todo el país -incluso en las provincias que, como Córdoba, “desfederalizaron” la persecución de ciertos delitos-, a saber: que el grueso de los recursos económicos y humanos se destina a perseguir a meros usuarios.
Cabe recordar que Córdoba dejó el narcomenudeo bajo órbita de la Justicia provincial en junio del 2012, cuando creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene dos fiscalías en la ciudad.
La Provincia adhirió a la Ley de Estupefacientes (26.052), que permite que cada jurisdicción combata los delitos que se cometen en el último eslabón de la cadena de comercialización de drogas.
Así, quedaron a cargo del fuero Federal las causas por narcotráfico. Ya sin Drogas Peligrosas en el mapa, cuenta con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal para llevar adelante las investigaciones.
En abril, el fiscal General Alejandro Moyano expuso ante legisladores de la región centro sobre “narcomenudeo” y valoró que el esquema local funciona. También hizo un balance positivo de la actividad de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), creada en mayo del 2015, la primera unidad de su tipo en el país. Como novedad, la dependencia está a cargo del Ministerio Público Fiscal y no del jefe de Policía.
Si bien los letrados que litigan en el fuero Penal señalan que hay desafíos en la coordinación de las tareas que llevan adelante “las justicias”, Moyano opinó que la “provincialización” es positiva.
Sin embargo, un informe de la Procunar, del 2014, remarcó que “hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo o microtráfico”.
Según el organismo, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a información que le permitiría conocer la existencia del contrabando o narcotráfico de mayor porte.
Actualmente, la mayoría de los procedimientos los lleva adelante el Poder Judicial de la Provincia y, por lo general, involucran a consumidores o a personas que son detenidas con escasas cantidades de estupefacientes. En tanto, hace años que “el narco” no llega ante la Justicia federal cordobesa.

Política criminal
A principios de septiembre, luego de que el presidente Mauricio Macri lanzara el plan “Argentina sin narcotráfico”, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que busca reestablecer la competencia de la Justicia federal en todos los delitos relacionados con drogas.
En el 2005 se modificó Ley de Estupefacientes (23.737) y se le otorgó a las provincias la posibilidad de perseguir y reprimir el “narcomenudeo”, pero los representantes reclaman que la legislación vuelva al estado anterior a la sanción de la ley 26.052, en el entendimiento de que la norma, lejos de ser un instrumento eficaz en la lucha contra el tráfico, entorpeció la tarea e, incluso, facilitó el avance del crimen organizado.
En ese sentido, subrayaron que en la última década aumentaron delitos conexos con esa problemática, como los homicidios “por encargo o por venganza”.
Además, según los diputados de la Coalición Cívica, la narcocriminalidad se agudizó en las pocas provincias que adhirieron a la ley 26.052, porque los jueces y fiscales “tienen menos independencia respecto al poder político local”.
La bancada de la fuerza liderada por Elisa Carrió mantiene el criterio que expresó en el recinto cuando se discutió la reforma de la ley 23.737. En esa oportunidad, advirtió sobre las graves consecuencias que tendría en la política criminal la “desfederalización”.
Uno de los motivos que llevaron a la mayoría de las provincias a dejar de lado la posibilidad que abrió la reforma fue la falta de recursos para absorber competencias, ya que si bien el kirchnerismo se comprometió a asistirlas financieramente, no cumplió.
Un ejemplo del fracaso de la norma es Santa Fe. Cercada por ilícitos violentos relacionados al tráfico de drogas, no adhirió a la legislación, precisamente, por falta de fondos. El ministro de Justicia, Ricardo Silberstein reconoció en junio que la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya tiene dificultades para resolver los problemas que le plantean los delitos de jurisdicción provincial y que “se vería desbordada” si asumiera el desafío de perseguir la venta de estupefacientes en los barrios.



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