El Estado, generador de empleo informal

Un estudio privado indica que cerca de un millón de agentes que figuran como monotributistas y no como personal del sector público.

empleo-telamSegún datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, hay 3,5 millones de empleados estatales pero según un estudio del economista e investigador Marcos Hilding Ohlsson, de la Fundación Libertad y Progreso, esos puestos son entre 4,1 y 4,4 millones.
Explicó que en la Argentina hay mucho empleo informal, no sólo en el sector privado, sino que en el público y hace referencia al último censo: sobre 40.117.096 personas en Argentina 3,6 millones personas decían trabajar para el Estado, mucho más de lo que dicen los presupuestos o las estimaciones privadas. Según CIPPEC, en el 2010 trabajaban en el sector público 3,3 millones y según Fiel eran 2,9 millones.
Un dato “curioso” para el economista es que el censo de 2010 es que dice que hay 3.793.754 millones de asalariados que no aportan ni les descuentan aportes, pero cuando se analiza el sector privado, unas 3.396.560 personas señalan lo mismo. Por lo tanto hay una diferencia de 400.000 personas. “¿Esa diferencia es parte del empleo estatal informal? Puede ser”, acotó.
Según los cálculos de Hilding Ohlsson, Argentina tenía 4.4 millones de empleados estatales a fines del 2015, estimados en 891 mil del Estado Nacional (sumando Universidades y organismos descentralizados), 2,471 mil de los gobiernos provinciales, 728 mil de los gobiernos municipales y otros 338 mil estimados de empleo público informal en distintas áreas.
Insistió en que los datos publicados en presupuestos se puede quedar corto por no considerar todo el empleo público informal: “Y el Estado es el principal empleador informal del país. En todos los municipios hay personas que tienen contratos temporarios por años, gente que factura como si fuese un servicio, beneficiarios de planes sociales cumpliendo tareas de empleado público”.
Agregó que, además, en los últimos años hubo una nueva modalidad de contratación a través de universidades, que “disfrazan los puestos de trabajos técnicos, pero es empleo público encubierto”.
Para la fundación, es insostenible en el tiempo que solamente 7,8 millones de personas sostengan a 7 millones de jubilados, 7,2 millones de planes sociales y 4.4 millones de empleos públicos. “Si se logran crear cuatro millones de empleos privados formales, reduciendo un millón de empleos públicos y dos millones de planes sociales, cambiaría esa ecuación”.
Para atraer inversiones y generar nuevas empresas, es fundamental tener una macroeconomía estable, señala y considera fundamental reducir el déficit fiscal, que en el año 2015 fue de 7% del PIB. Para lograr reducir el rojo y la necesidad de financiamiento hay que trabajar en reducir el gasto público y no aumentar los impuestos. Argentina ya tiene la mayor carga fiscal de su historia, agrega.
Insiste en que para lograr mostrar estabilidad a futuro, es clave “mostrar un plan de mediano plazo de congelamiento o reducción del gasto público”. Además, es fundamental revisar la relación fiscal entre Nación, Provincias y municipio; por eso se defiende el concepto de correspondencia fiscal. Considera importante las reformas estructurales.
“No hacen falta medidas aisladas, sino un paquete de medidas, que van en el sentido de facilitar la creación de empresas, generar un escenario donde las empresas puedan crecer, estabilidad jurídica y protección de la propiedad privada”, propone.
Parte de las causa de que haya tanto empleo informal son los altos costos laborales, el salario mínimo, las rigideces laborales y la legislación laboral, sostiene el estudio e impulsa reducir los costos laborales a partir de eliminar los aportes obligatorios a sindicatos, y, en el mediano plazo, las cargas personales y patronales.
También cree que ayudará la flexibilización laboral: permitir contratos libres entre empleados y empleadores; “blanquear lo que ya hace el Estado en todos sus niveles, al emplear monotributistas, para pagar menos cargas sociales”.
También impulsa eliminar el sueldo mínimo, la negociación colectiva, hacer una reforma sindical (vinculada al derecho a afiliarse, no afiliarse y a desafiliarse de un gremio), y modificar la indemnización/seguro de desempleo.