La Justicia sigue en la mira y habrá datos unificados

Se lanzó un plan para sistematizar datos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Es otro frente que abre el Gobierno para mitigar la influencia al kirchnerismo

5703c20beec1f_645x429El oficialismo viene concentrando su atención en el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
El mes pasado, trascendió que la abogada Adriana Donato, cercana al ministro de Justicia, será la próxima titular del Consejo de la Magistratura. En paralelo, se constituía en el Congreso la Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que quedó presidida por Graciela Camaño (Frente Renovador).
La creación de la bicameral se aprobó el junio, pero la tensión política que generó la negativa de Alejandra Gils Carbó a dejar su cargo postergó que comenzara a sesionar. No obstante, Cambiemos logró avanzar en su plan para remover a la fundadora de Justicia Legítima.
El reemplazo de la actual jefa de los fiscales es vital para intentar desmantelar la red de militancia que tendió el kirchnerismo en los tribunales, en donde nombró a cerca del 80 por ciento de los funcionarios.
Al igual que el avance con la bicameral, que quedó presidida por una diputada del massimo, la llegada de Donato a la presidencia del organismo es fruto de un acuerdo. La letrada ingresó al cuerpo en el 2014, en la lista “Gente de Derecho”. En esa oportunidad, compitió en alianza con el PRO y como consejero suplente figuraba Germán Garavano.
Hay un pacto entre los estamentos con el fin de excluir al kirchnerismo de los puestos críticos. Por su buena relación con el ministro, Donato cuenta con el visto bueno del Gobierno y de sus aliados
Para el macrismo, el funcionamiento del consejo es clave, por la gran cantidad de expedientes en trámite por actos de corrupción cometidos durante la gestión del kirchnerismo.
En julio, el cuerpo puso en marcha auditorías en los tribunales Federales con competencia en materia Penal de todo el país, con el foco en las causas en las que están involucrados funcionarios públicos, para intentar determinar eventuales desmanejos o arbitrariedades durante los últimos 20 años. Es previsible el resultado de la pesquisa defina la continuidad de muchos funcionarios.
La medida fue solicitada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y fue aprobada por todos los consejeros presentes.
En los juzgados dependientes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, la tarea quedó a cargo del ex vicegobernador radical Luis Molinari Romero, integrante del cuerpo de auditores de Poder Judicial.
Luego de la feria comenzaron a llegar a la sede de la ciudad los primeros oficios con los requerimientos de información y durante octubre deberían conocerse novedades.
Ayer, Macri firmó el “Convenio sobre Datos Judiciales Abiertos”, una iniciativa que busca unificar la información sobre las actuaciones bajo la órbita del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
El presidente lanzó el portal horas antes de la marcha de familiares de víctimas por casos de inseguridad y otro tipo de hechos (#ParaQueNoTePase), en un acto que se desarrolló en la Casa Rosada y que contó con la presencia del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y de Garavano, entre otros.
Con la implementación del sistema se busca propiciar la definición de políticas públicas “más certeras” mediante la sistematización de datos, según expresó el secretario de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi.
El funcionario afirmó que existía “una gran deuda” en términos de la información referida al Poder Judicial, no sólo de la Nación, sino también de las “justicias provinciales”.
Además, señaló que como cada institución tiene su forma de recolectar los datos había pocas posibilidades de entrecruzamiento. Por eso, destacó la iniciativa y expresó que confía en que todos los actores involucrados honren el compromiso que asumieron.
El anuncio se suma a otro paso que dio recientemente el Gobierno relacionado a la Justicia: la presentación en el Senado un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).
La modificación de esa normativa fue uno de los caballos de batalla de Justicia Legítima, pero el 29 de diciembre del año pasado el decreto 257/15 suspendió la aplicación del nuevo CPPN, que estaba prevista para el 1 de marzo, derogando las leyes dictadas por el Congreso relativas a su implementación.
El Poder Ejecutivo envió su propio texto y entre los cambios propuestos figuran la limitación de las excarcelaciones y hacer efectivas las condenas desde el momento en que se imponen.
El proyecto modifica varios artículos del ordenamiento de rito impulsado por el kirchnerismo y su fuerza de choque dentro del Poder Judicial. Si bien se mantiene el “espíritu” de aquel diseño legislativo (un código acusatorio, con protagonismo de los fiscales en la investigación), contempla nuevas facultades para los jueces y, en general, es más “duro”.
La iniciativa se dio a conocer luego de que se difundiera la convocatoria que hicieron los familiares de las víctimas, una movida que Garavano respaldó abiertamente.
En la previa de ese encuentro, el ministro criticó duramente a Gils Carbó y, como en otras oportunidades, consideró que debería “dar un paso al costado”, al estimar que no es idónea para su función.
En es ese sentido, preciso que hay 100.000 prófugos, que solo la mitad de los delitos son denunciados y que un promedio del cuatro por cuento de las causas llegan a juicio.
Garavano dijo que aunque la Procuraduría General es el área que más creció en materia presupuestaria, eso no tuvo un correlato en el servicio que brinda.
En tanto, defendió la actual política de seguridad y la comparó con la “mirada ideologizada de privilegiar al victimario” que hubo durante el kirchnerismo. “En los últimos años no hemos tenido política criminal y eso ha llevado a una situación de deterioro”, declaró.



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