El “bono de fin de año” alcanza a la mitad de los trabajadores argentinos

Un 26 por ciento son asalariados no registrados y servicio doméstico y otro 24 por ciento son trabajadores no asalariados o sea que trabajan por su cuenta.

Industria-TELAMLa disputa por el bono de fin de año profundizó la interna de la CGT; Pablo Moyano amenazó con abandonar la central si no lanzan un paro nacional. Desde el gobierno insisten en que será sólo para los más vulnerables mientras que las provincias viven su propio debate respecto de qué otorgar sin generar más inconvenientes en sus finanzas. Los empresarios indican que el extra debe discutirse por sector ya que no todos están en condiciones de pagarlo.
Los gremios tienen varios reclamos, que incluyen el pedido de reapertura de las paritarias para negociar aumentos de salarios adicionales a los ya acordados, reducir la incidencia del impuesto a las ganancias (en especial del medio aguinaldo) y establecer un bono de fin de año “para todos”. La principal razón en la que se fundamentan estas demandas es la delicada situación social.
Toda la agenda económica y política de esta semana parece concentrada sobre la política de ingresos que involucra a todos los agentes del país, desde los Estados a los privados. Por ahora, pareciera que la Nación no obligará a los privados a pagar el bono de fin de año; mientras que a nivel estatal la definición será política; lo más avanzado es que el alivio del no pago de ganancias para el medio aguinaldo sería para salarios en bruto de arriba de los 40.000 o 45.000 pesos.
Los planteos toman como base los datos recientemente publicados por el Indec que señalan que el 32 por ciento de los argentinos son pobres y muestran que la pobreza está asociada al trabajo informal o a la falta de empleo.
Según los datos oficiales, los asalariados registrados en empresas privadas y los empleados públicos constituyen la mitad del total de ocupados; otro 26 por ciento está conformado por asalariados no registrados y servicio doméstico y el restante 24 por ciento son trabajadores no asalariados o sea que trabajan por su cuenta.
Un análisis de estos números por parte de la consultora Idesa revela que los potenciales beneficiarios de las demandas de los sindicatos representan la mitad de los ocupados; la otra mitad –integrada por los asalariados “en negro” y los que trabajan por su cuenta- quedan excluidos porque no están alcanzados por los convenios colectivos de trabajo, no tienen quién les pague un bono de fin de año, ni aguinaldo para quedar eximidos del impuesto a las ganancias.
Si se excluye a los empleadores y profesionales independientes, se llega a que el 42 por ciento del total de los ocupados son informales. Esto explica que la mitad de los ocupados representados por los sindicatos cobren remuneraciones del orden de los 20.000 pesos mensuales, mientras que el restante 50 por ciento de los informales y los cuentapropistas apenas alcance una media de 9.000 pesos mensuales.
Para Idesa, esas cifras muestran que no alcanza con sincerar las estadísticas oficiales, también hay que hacerlo con las prioridades en la agenda de políticas públicas: “Reabrir las paritarias, bajar la incidencia del impuesto a las ganancias, subsidiar indiscriminadamente los servicios públicos o exigir a las empresas el pago de un bono ‘para todos’ no sólo no ayuda a mejorar la situación social, como declaman sus propulsores, sino que tiende a profundizar la exclusión”.
La vulnerabilidad social aumenta porque mientras los ingresos de los pobres se generan en la economía informal, los precios de la canasta básica se determinan en la economía formal. Las demandas sindicales tienen dos efectos. En primer lugar, no llegan a los trabajadores de ingresos más bajos por trabajar en la informalidad. En segundo lugar, agregan presiones inflacionarias debido a que los precios de los bienes y servicios que integran la canasta básica se determinan en mercados formales, o sea, donde inciden las paritarias, los impuestos y los mayores costos laborales del “bono”.
“El debate sobre políticas públicas está cargado de enunciados en favor de la inclusión social, pero de ideas que van en el sentido contrario. Se declama beneficiar a los pobres, pero aumentar las presiones inflacionarias a través de incrementos de los costos laborales o profundizando el déficit fiscal es regresivo y excluyente. La manera de promover la inclusión social es aportando soluciones para reducir la informalidad”, señala el reporte.



Dejar respuesta