Buscan “diseño federal” para procedimiento criminal nacional

El Gobierno avanza con su agenda relacionada a la Justicia y el plan de reforma del Código Procesal Penal suma consenso.

congreso-de-la-nacion-argentinaEl Gobierno avanza con su agenda relacionada a la Justicia y su plan de reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) suma consenso.
Luego de presentar la iniciativa oficial en el Senado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, expuso ante la Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del nuevo ordenamiento de rito.
En ese contexto, los legisladores le plantearon inquietudes respecto de la necesidad de compatibilizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con los que ya se vienen analizando en el seno de ambas cámaras.
Cabe recordar que la modificación del CPPN fue una de las cruzadas del kirchnerismo, con el apoyo de su fuerza de choque en temas judiciales, el colectivo Justicia Legítima. Sin embargo, días después de que asumiera Mauricio Macri se oficializó el DNU presidencial 257/15, que suspendió la aplicación de la legislación, prevista para el 1 de marzo, y se derogaron las leyes relativas a su implementación, aprobadas en junio del 2015.
En esa oportunidad, la nueva Administración argumentó que no estaban dadas las condiciones para asegurar la aplicación de la norma y que, de cumplirse con los plazos establecidos por el Congreso, la correcta administración de Justicia correría riesgos.
Según el Poder Ejecutivo, con el decreto se buscó evitar “la aplicación asistemática y carente de integralidad” de un diseño institucional cuya puesta en funcionamiento no estaba “acabadamente planificada”. La medida contó con el apoyo de la comisión bicameral y por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que comanda Julio Piumato.
Ayer, Garavano valoró que la transición al proceso acusatorio es difícil y aseguró que el objetivo del Gobierno es “que las reformas se hagan bien”, tratando de “generar un sistema penal que dé respuestas a las demandas de la población sin afectar los sistemas de garantías”.
Además, estimó que el código derogado “estaba pensado más para la lógica de la Ciudad de Buenos Aires” y que ahora el desafío es lograr que sirva para la Justicia federal de todo el país, que tiene variantes según los distritos.
Sin desconocer la tarea del Gobierno anterior, que abordó la necesidad de modificar la legislación, confirmó que el foco de la nueva gestión es establecer pautas objetivas para detectar cuándo se dan supuestos de entorpecimiento a la Justicia.
El ministro resaltó que la intención es fortalecer el rol de la víctima y de la querella y que se pondrá énfasis en implementar medidas especiales de investigación.
También confirmó que, una vez reformada, la normativa no podrá aplicarse de un día para el otro y agregó que la cartera que encabeza hizo un relevamiento a nivel nacional de “todos los actores del Poder Judicial”.
Paralelamente, detalló que habrá una “reunión interpoderes” entre la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, las Cámaras, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y el Congreso a fin de que se revisen todas las cuestiones necesarias para concertar “una implementación eficaz”.
El objetivo del oficialismo tiene apoyo parlamentario y el senador Rodolfo Urtubey (FpV) anticipó que la oposición va a analizar la propuesta. “Estamos abiertos al debate para sacar las mejores leyes posibles”, dijo el salteño, quien valoró que el sistema de procedimiento criminal debe ser una política de Estado “más allá de banderías políticas”.
Entre los cambios propuestos por el macrismo pueden citarse la limitación de las excarcelaciones y hacer efectivas las condenas desde el momento en que se imponen.
La iniciativa se dio a conocer luego de que se difundiera la convocatoria que hicieron los familiares de víctimas de delitos, un acto que se realizará el próximo martes y que el ministro de Justicia respalda.
El proyecto actual cambia varios artículos. Si bien se mantiene el “espíritu” del diseño legislativo del kirchnerismo (un código acusatorio, con protagonismo de los fiscales en la investigación), contempla nuevas facultades para los jueces y, en general, es más “duro”.
En ese sentido, prevé un paquete de más de 30 artículos destinados a introducir nuevas medidas en las pesquisas por crímenes complejos; establece que un condenado por un delito con penas de más de tres años podrá quedar detenido aunque el fallo no esté firme y amplía las causas para mantener las privaciones de libertad.
En cuanto a las excarcelaciones, fijan pautas para limitarlas y estipula que el fiscal podrá negociar información con los supuestos cómplices y que si esos datos son útiles se podrán reducir sus sanciones.



Dejar respuesta