Antes de fin de año, Córdoba actualizaría ley de muerte digna

Tal como adelantó en julio el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura Unicameral, Daniel Passerini, se busca armonizar el criterio en la materia. Las diferencias de la norma nacional con la local generan confusión entre los médicos.

sesion-legislaturaAntes de fin de año Córdoba podría tener su legislación sobre muerte digna “armonizada” con la normativa que rige a nivel nacional.
En julio, el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura Unicameral, Daniel Passerini, anunció que el Poder Legislativo iba a abordar las diferencias entre las leyes vigentes en la materia, con el fin de evitar las confusiones que generan entre los médicos.
Así, la Provincia comenzó a analizar la posibilidad de adaptar la legislación local (ley 10.058) tanto a la regulación nacional (26.742) como a las previsiones del nuevo Código Civil, que regula la muerte digna en sus artículos 59 y 60.
Mientras la ley provincial prescribe que siempre se deben ofrecer “medidas mínimas ordinarias” y “acciones tendientes a suministrar hidratación, higiene, oxigenación, nutrición o curaciones al paciente en etapa terminal”, la legislación nacional y el ordenamiento común vigente desde el 1 de agosto del 2015 contemplan la posibilidad de detener la alimentación y la hidratación de un paciente, al considerar que esas medidas son “tratamientos médicos”.
A su vez, el artículo 59 del Código Civil, que versa sobre el consentimiento informado para actos médicos, determina que es necesario cuando el afectado padezca una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en esa situación.
Además, establece el derecho a rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital en caso de que “sean extraordinarios o desproporcionados en relación a las perspectivas de mejoría, o produzcan sufrimiento desmesurado, o tengan por único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable”.
Otro contraste entre las normas es que mientras en Córdoba hay un registro para que las personas que quieran expresar su voluntad de no ser tratadas se inscriban, a nivel nacional alcanza con la declaración del paciente o la de sus familiares.
Tal como adelantó el legislador de Unión por Córdoba, en agosto comenzaron las reuniones con los expertos. Los legisladores fueron asesorados por la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos y habría acuerdo en la Comisión de Salud para ampliar los alcances de la ley de muerte digna, incluyendo la posibilidad de que los pacientes se nieguen a ser alimentados o hidratados para que se prolongue su vida. Según se estima, antes de fin de año los cambios podrían tratarse en el recinto.
La propuesta -tendiente a suprimir el artículo 5, inciso G, de la ley local (que establece que la hidratación y la nutrición son cuidados mínimos)- cuenta con el apoyo de todos los representantes que integran la comisión, con excepción de Aurelio García Elorrio.
Cuando Passerini comunicó la intención de “armonizar” la normativa cordobesa, Carlos Soriano, miembro de la Comisión de Bioética del Consejo de Médicos de la Provincia, adelantó que pediría que los legisladores debatieran la iniciativa y declaró que “el 90% de los médicos no conoce en profundidad la legislación”.
En ese sentido, el especialista también aseguró que por el temor de los profesionales a incurrir en mala praxis hay pacientes que sufren “encarnizamiento terapéutico” y que “se prolongan estados agónicos en situaciones irreversibles”.
Por eso, valoró que es indispensable que la normativa local se reforme y se adapte.
Hace poco más de un año, la Corte Suprema de Justicia sentenció en la causa que inició la familia de Marcelo Diez, quien vivía en estado vegetativo desde hacía 20 años, y autorizó que se suprimiera la alimentación e hidratación artificial que se le brindaba.
El Alto Tribunal concluyó que esas medidas eran fútiles y que no había “ninguna expectativa terapéutica”, por lo irreversible de la condición del paciente.
En esa oportunidad, la Corte citó la ley 26.529 -de los Derechos de los Pacientes- y resaltó las modificaciones que se hicieron tras la sanción de la ley 26.742 (de muerte digna), en el 2012, una legislación que tuvo su puntapié a raíz de otro el caso resonante: el padecimiento de la niña Camila Sánchez, quien nació en estado vegetativo tras una negligencia médica.
El fallo de la Corte, que reconoció que una persona puede dejar de ser nutrida para no retrasar el acaecimiento de su muerte, puso de manifiesto las diferencias entre las legislaciones, ya que en Córdoba la Ley de Declaración de Voluntad Anticipada (10.058), excluye en forma expresa la posibilidad de solicitar que se suspendan las medidas mínimas de soporte vital.
De hecho, ni bien trascendió que el Máximo Tribunal admitió el recurso de las hermanas de Díaz, el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna, confirmó que un fallo así no podría cumplirse en la jurisdicción.
La ley cordobesa rige para todos los establecimientos de salud públicos y privados de la Provincia, pero no incluye a los dos hospitales que dependen de la Universidad Nacional: el de Clínicas y la Maternidad.