Reforma previsional: TSJ abordará nuevo reclamo

El asunto de judicializó a poco de dictarse la Ley 10.333, en diciembre del año pasado. En esa oportunidad, el secretario general de la CGT Regional Córdoba, José Pihen, hizo el primer intento para frenar la aplicación de la norma, sancionada por las bancadas del peronismo, de la UCR, del Frente Cívico y del PRO

tribunales-TSJLa Sala Electoral y de Competencia Originaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitió formalmente la acción que presentó un jubilado del Banco de Córdoba con el fin de que se declaren inconstitucionales dos artículos de la Ley 10.333, disponiendo que el caso se tramite en un juicio abreviado.
La normativa objetada fue aprobada por la Legislatura Unicameral el 23 de diciembre del 2015, con el apoyo de las bancadas del peronismo, de la UCR, del Frente Cívico y del PRO, y modificó la forma de liquidar los beneficios previsionales.
El secretario general de la CGT Regional Córdoba, José Pihen, judicializó la cuestión días después, en un intento de frenar la aplicación de la reforma.
El Alto Cuerpo no emitió decisión alguna sobre la cuestión de fondo y, por ahora, se limitó a darle trámite a la presentación promovida en contra de la Provincia, en el entendimiento de que el demandante tiene un interés legítimo en que se expida sobre la constitucionalidad de la norma, en cuanto dispone un nuevo sistema de cálculo de haberes aplicable a beneficios acordados con anterioridad para todos los pasivos de la jurisdicción.
Para el TSJ, el actor tiene “interés suficiente para proponer la pretensión declarativa” mediante la cual procura superar la situación de falta de certeza en cuanto a una probable lesión futura, que–según alegó- se materializaría si sus haberes son liquidados de acuerdo con las previsiones de la ley cuestionada.
En esa dirección, explicó que el interés alegado por el ex bancario se concreta, precisamente, frente a la posibilidad de sufrir un perjuicio, que podría derivarse de la efectiva aplicación de los reajustes en sus ingresos.
Así, el TSJ consideró que su intervención en el nuevo caso generado está justificada para alcanzar la finalidad perseguida por reclamante; esto es, producir un “estado de certeza jurídica” respecto de las disposiciones vigentes desde diciembre del año pasado.
A raíz de lo resuelto, le corrió trasladado de la demanda a la Provincia y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, que también deberán expedirse sobre el pedido de una docena de jubilados que pretenden que se les dé intervención en la causa como terceros.
Se trata de representantes de la Unión Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS); del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Córdoba y de los sindicatos de Luz y Fuerza, de Músicos de la Provincia de Córdoba, y de la Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM).
Con anterioridad, la Máxima Instancia local admitió formalmente planteos similares en contra de la Ley 10.333; entre ellos, el del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y el promovido por un grupo de 11 jubilados.
En esa ocasión, sostuvo que Pihen, en su carácter de secretario General del SEP, estaba legitimado para accionar, ya que la legislación es aplicable a los trabajadores del sector que representa. En tanto, aplicó el mismo criterio respecto de los jubilados que, en forma conjunta, se presentaron por derecho propio, toda vez tienen un interés directo para cuestionar la validez constitucional de la normativa.
Ante la polémica que se generó tras la sanción de la norma, dos de los principales referentes legislativos del peronismo, Carlos Gutiérrez y Oscar González, la defendieron.
Los legisladores de Unión por Córdoba coincidieron en resaltar que los jubilados cordobeses “son de los mejores pagos del país” y recordaron que la reforma impulsada por el oficialismo contó con el apoyo de otros partidos.
Además, González declaró que la Caja de Jubilaciones venía arrastrando desde hace mucho tiempo “situaciones que pusieron en riesgo su viabilidad” y que la medida que tomó el Poder Legislativo local “la ponía a salvo”.
Cabe recordar que el Gobierno de Juan Schiaretti garantizó que la jubilación mínima será de 7.500 pesos, una cifra que casi duplica a la nacional. Además, aseguró que el haber jubilatorio promedio rondará en los 17.500 pesos.
También, con el objetivo de compensar el recorte, se estableció los jubilados provinciales que cobran menos de 20 mil pesos recibieran, por única vez, un bono.
Luego de sancionada la reforma, una de las críticas fue que la Legislatura Unicameral “legisló para atrás” y que el cambio del sistema debió regularse a futuro. No obstante, quienes respaldaron la iniciativa aseguran que “garantizó la sustentabilidad del sistema previsional”.