El FMI, de regreso

Tras una década de ausencia el Fondo Monetario Internacional regresa a la Argentina para realizar la consulta artículo IV. La historia de la Argentina con el FMI ha sido sin dudas traumática. Sin embargo, lo que hoy es una noticia no debería serlo. La realidad es que se trata de un procedimiento de rutina que no acarrea ningún tipo de condicionamiento sobre la política económica.

“Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio,
¡¡¡¡¿Cuándo? ¿Pero cuándo?!!! Si yo siempre estoy llegando…
Nocturno a mi barrio
(Aníbal Troilo)

Por Ignacio Labaqui(*)

christine-lagardeTras una década de ausencia el Fondo Monetario Internacional regresa a la Argentina para realizar la consulta artículo IV. Durante años, la administración anterior mostró como un gesto de autonomía y rebeldía la negativa a la realización de esta revisión anual. En su momento, el entonces ministro de Economía Amado Boudou afirmó que la Argentina no aceptaría la llegada de un virrey para “cortarle las costillas al país”.
La historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional ha sido sin dudas traumática. Desde su ingreso en 1956 hasta que en enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner canceló de manera anticipada la deuda que la Argentina mantenía con el organismo, el país fue un usuario inveterado de los servicios del Fondo. La relación como es sabido no estuvo exenta de rispideces y gobiernos tan disímiles como el de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner tuvieron picos de tensión con los funcionarios del FMI.
Sin embargo, lo que hoy es una noticia –la llegada de una misión de funcionarios del organismo para realizar la consulta artículo IV- no debería serlo. La realidad es que se trata de un procedimiento de rutina que no acarrea ningún tipo de condicionamiento sobre la política económica. Durante años los funcionarios de los gobiernos kirchneristas señalaron hasta el cansancio que el país no aceptaría condicionalidades y por ende que no permitirían la realización de la consulta artículo IV. La realidad es que esta revisión no conlleva condicionalidad alguna. Las condicionalidades –entendiendo por estas las metas fiscales, monetarias y las reformas de políticas públicas que el receptor de asistencia financiera debe cumplir a cambios del desembolso de recursos del Fondo- solo están presentes en los programas de asistencia del organismo.
La consulta artículo IV es algo mucho más sencillo. Un grupo de funcionarios del Fondo se reunirá con diversas autoridades y con analistas privados para hacer una evaluación del estado de la economía argentina. El producto de ello será un reporte que será discutido en el Directorio del organismo, donde el gobierno podrá responder a las críticas que realice el staff del Fondo. La difusión del reporte –incluyendo las respuestas del gobierno a las críticas del staff- es potestad del gobierno.
No hay gesto soberano alguno en rechazar la revisión artículo IV. Bolivia, que dista de compartir las ideas del FMI, realiza sin problemas todos los años esta evaluación. Brasil, gobernado hasta hace escasas semanas por el izquierdista partido de los trabajadores también la realizó de forma regular. Otro de los países del ALBA, el Ecuador gobernado por Rafael Correa, insospechado de querer instaurar el neoliberalismo, también realiza la consulta artículo IV sin problema alguno.
¿Qué consecuencias acarrearía una evaluación negativa por parte del FMI? Comencemos por decir que el país en cuestión podría no difundirla, aunque es obvio que tal vez no sería lo ideal dado que implicaría sugerir que hay algo que ocultar. Pero así y todo cabría preguntarse cuánto influye esta publicación o para el caso otros análisis del Fondo sobre las decisiones de agentes privados. En el pasado, más específicamente durante la década de los 80, durante la tristemente célebre década perdida, contar con un acuerdo con el FMI era pre condición necesaria para que los acreedores privados reprogramaran vencimientos de deuda. Luego, comenzó a hablarse del “sello de calidad” que un acuerdo con el FMI otorgaba a la política económica de un estado, lo cual en teoría debía resultar en un mayor ingreso de inversiones. No hay evidencia concluyente de que eso así.
Bajo circunstancias normales, los mercados financieros prestan poca atención a los reportes del FMI. En situaciones de crisis obviamente una revisión negativa del Fondo que implique un freno a los desembolsos acordados en un programa de asistencia financiera sí es obviamente relevante para el juicio que los inversores financieros realizan sobre una economía en particular. La opinión del Fondo no siempre es tomada por los inversores privados. A modo de ejemplo cabe recordar que en los meses previos a la así llamada “Crisis del Tequila”, el gobierno de Menem tomó la decisión de dar por terminado un acuerdo con el FMI debido a la imposibilidad de cumplir con las metas fiscales acordadas. Hasta tanto se desató la crisis del Tequila, a nadie pareció importarle mucho que la Argentina se saliera de un programa del FMI.
La capacidad del FMI de influir sobre los gobiernos también es a veces exagerada. Suele hablarse de “imposición de políticas” por parte del organismo. Para los gobiernos receptores de ayuda siempre es útil mostrar al FMI como el malo de la película. Sin duda en no pocas ocasiones ese ha sido el caso. Pero es usual que los gobiernos receptores de asistencia utilicen las cartas de intención con el FMI como un modo para presionar por políticas que enfrentan resistencia interna, pero que no necesariamente provienen del Fondo.
Suele asociarse al Fondo con las políticas de los 90 y ello obviamente refuerza el trauma que este organismo genera entre nosotros. Ya dice el viejo dicho que “cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora”. La realidad es que la responsabilidad del FMI con las políticas de los 90 es compartida con el gobierno de Carlos Menem, y es en todo caso una responsabilidad menor. No se trata de exculpar al organismo por dar malos consejos. En modo alguno. Pero cabe recordar que el propio Domingo Cavallo recordó poco después de su salida del ministerio de Economía bajo el gobierno de Menem, que el FMI se oponía a la convertibilidad. Luego, cuando el FMI estaba bajo fuego por su actuación en la crisis del sudeste asiático, el organismo se aferró al “caso exitoso” argentino y sostuvo la convertibilidad como si fuera una invención propia.
Contra el consenso dominante, los peores vicios del FMI respecto de la Argentino no ocurrieron tanto durante los 90, sino más bien luego de la salida de la convertibilidad durante el año 2002, año en el que el organismo, en parte empujado por el cambio de orientación del gobierno de los Estados Unidos respecto del manejo de crisis financieras internacionales producido por la salida de Bill Clinton y la llegada de George W. Bush, y en parte por temor a una nueva equivocación respecto de la Argentina, que luego del desprestigio causado por el manejo de la crisis del sudeste asiático, dejar al organismo en una situación de extrema fragilidad. Fuere como fuere, en aquel entonces el Fondo abandonó a la Argentina a su suerte demorando todo lo que pudo la aprobación de un paquete mínimo de ayuda financiera, y usando al país como una suerte de conejito de Indias sobre el enfoque a utilizar para el manejo de crisis financieras internacionales.
El caso argentino de algún modo fue ejemplar y durante los 2000, los países latinoamericanos parecieron tomar nota de ello, y no sorprendentemente aprovecharon el contexto internacional sumamente favorable para acumular reservas y reducir la vulnerabilidad frente a un evento internacional negativo. Como dato notable cabe destacar que ningún país latinoamericano tuvo que apelar a un programa del Fondo durante la crisis de 2008-09. En una suerte de ironía del destino, el FMI le dio una mano en aquel entonces al gobierno de Cristina Kirchner cuando aprobó una en 2009 una asignación especial de Derechos Especiales de Giro en virtud de la cual el gobierno recibió cerca de US$ 2.500 millones.
Afortunadamente la Argentina no necesita hoy de la asistencia financiera del FMI y la realización del artículo IV no implica imposición ni sujeción alguna de parte de la política económica. La llegada de los funcionarios del organismo al país es noticia hoy por el solo hecho de que hace una década que la Argentina no realiza este trámite, que no conlleva ningún tipo de resignación de competencias o condicionamiento a la política económica. Probablemente en el futuro, la llegada de los técnicos del organismo para conducir esta revisión, pase desapercibida o no ocupe más que unos pocos renglones en la página perdida de un diario, como ocurre en Uruguay, Bolivia, Ecuador o Chile.

(*)Politólogo
Docente e investigador en el Programa de Estudios para América latina, Universidad Católica Argentina (UCA).
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