Hay un acuerdo en marcha para remover a Gils Carbó

Si el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso se sanciona, la procuradora General de la Nación se iría el año que viene, siempre que la ley pase el test de constitucionalidad. En Córdoba, muchos funcionarios le deben su progreso a su militancia en Justicia Legítima, el colectivo que fundó.

gils-carboDesde que el kirchnerismo dejó el poder la permanencia de la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, está bajo tela de juicio; en especial, por su explícito apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su rol como protectora de los intereses de su Gobierno, un papel que quedó en evidencia cuando el Poder Judicial comenzó a avanzar en varios casos de corrupción resonantes.
A poco de asumir, el ministro de Justicia Germán Garavano le reclamó a la fundadora de Justicia Legítima que diera un paso al costado, un pedido que reiteró sin éxito a lo largo del año.
Pese a la resistencia de la jefa de los fiscales a dejar su lugar, el macrismo descartó removerla por decreto y dejó el tema en suspenso durante algunos meses. Esa pasividad fue cuestionada por distintos sectores, que estiman que el colectivo que lidera es ilegal y que sus integrantes no trabajan en pos de la Justicia, sino para respaldar los intereses de una “facción”.
Se especulaba con que el Gobierno iba a evitar conflictos a la espera de que los miembros del grupo dieran un “giro al oficialismo”, pero ya dio pasos concretos tendientes a reemplazar a Gils Carbó.
Aunque su cargo es vitalicio, avanza el plan para removerla y la haces unos días se constituyó la Comisión Bicameral que revisará su accionar.
Durante el fin de semana, Garavano reiteró que sería sano institucionalmente que la procuradora se retirara y valoró que se necesita un Ministerio Público Fiscal con más controles.
En ese sentido, declaró que la gestión del procurador debe tener un plazo y que no debe intervenir ni en el nombramiento ni en la remoción de los fiscales.
El Poder Ejecutivo ya presentó un proyecto de ley que acota el poder del procurador y es probable que sea aprobado, ya que aunque el oficialismo es minoría en la Cámara Alta hay una negociación en marcha con el peronismo.
De hecho, el Frente Renovador apoya la iniciativa que le pone un límite temporal de cinco años al mandato de la cabeza de los fiscales. Si la legislación se sanciona, Gils Carbó se iría el año que viene; ello así, si la norma supera el test de constitucionalidad.
Graciela Camaño, jefa de los diputados del massimo y titular de la flamante comisión encargada de controlar al Ministerio Público, manifestó en una entrevista que “no cree en los mandatos eternos”. Además, confirmó que están negociando con Cambiemos modificar la normativa que rige el funcionamiento de la procuraduría.
Con respecto a la actual ley del Ministerio Público, Camaño recordó que se sancionó durante el kirchnerismo “con una mayoría muy particular” y que son muchos los diputados y senadores que creen que se puede corregir, para “optimizar su funcionamiento”.
Sobre la posibilidad de que Gils Carbó impugne por inconstitucional los límites a su función, la senadora recordó que los legisladores, como representantes del pueblo y de las provincias, tienen “potestades para cambiar una norma”.
Cabe recordar que en Córdoba casi todos los funcionarios federales estuvieron alineados con el kirchnerismo. Muchos se enrolaron abiertamente no sólo en las filas Justicia Legítima, sino también en la “militancia” política.
El comportamiento del fiscal Enrique Senestrari, por ejemplo, trascendió lo relacionado al debate ideológico sobre el modelo judicial vigente y a lo largo de varios años no se privó de hacer declaraciones de alto voltaje partidario. Lo mismo hicieron otros miembros de la “filial cordobesa” del grupo, como el juez Hugo Vaca Narvaja y la camarista Liliana Navarro.
Uno de los últimos actos “militantes” de los magistrados fueros sus opiniones sobre la marcha que se hizo en la ciudad tras la muerte de Alberto Nisman, en febrero del 2015. Repudiaron abiertamente la iniciativa y acusaron a los colegas del investigador del caso AMIA que organizaron el homenaje de inmiscuirse “en acciones completamente ajenas a su función”. Senestrari se sumó a ese conato de asepsia política y, fiel a su estilo, fue más allá: interpretó que quienes anunciaron su asistencia a la protesta “tenían problemas” con el Gobierno de Fernández de Kirchner y opinó que era “aberrante” que dijeran que era un acto neutral.
Sobre la situación actual de los jueces y fiscales “K” de la ciudad, una fuente consultada por Alfil vaticinó que “pronto van a ser furiosamente macristas”. Además, dejando “a salvo” al fiscal Alberto Lozada, opinó que todos fueron “abierta u ocultamente funcionales al anterior Gobierno”.
Cabe recordar que el avance en las causas por corrupción ya le costó el cargo al cordobés Carlos Gonella. En abril, salpicado por el escándalo que se generó con la detención del empresario Lázaro Báez, renunció a su puesto la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El funcionario militante quedó en la mira de la Justicia por su deslucida actuación en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y está procesado por prevaricato. Se le atribuye haber ordenado que se excluyera al patagónico de las primeras medidas investigativas, como guardián de los intereses del kirchnerismo. Cabe recodar que el ex bancario ni siquiera figuraba en la carátula del expediente.
Gonella salió de los tribunales federales de la ciudad para comandar la Procelac amadrinado por Gils Carbó, sumándose a la lista de militantes que eran funcionarios judiciales de segundo o tercer rango y que migraron a las altas esferas del Ministerio Público y del fuero Federal.
Actualmente comanda la Procelac al también cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial. Si bien comparte con su antecesor su participación en el colectivo fundado por Gils Carbó, tiene más credenciales académicas.
El nuevo jefe de la procuraduría fue el único integrante del Poder Judicial de Córdoba que concurrió al encuentro que Justicia legítima realizó en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, en marzo del 2013.