El macrismo intentará avanzar sobre Justicia Legítima

Se especulaba con que el Gobierno aguardaba que el colectivo diera un “giro al oficialismo”, pero hay avances para reemplazar a Alejandra Gils Carbó, la líder de la agrupación. En Córdoba, casi todos los funcionarios estuvieron alineados con el kirchnerismo.

gils-carboEl juez federal Alfredo López, a cargo de la pesquisa por la agresión que sufrió el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata, sigue criticado al colectivo kirchnerista Justicia Legítima, al que definió como “una mafia judicial”.
Si bien tras el cambio del Gobierno se esperaba una reacción en contra del grupo, eso no sucedió y hay funcionarios que no se resignan a la actitud pasiva de la Administración de Cambiemos.
Ese es el caso de López. Hace dos semanas, cuando denunció al fiscal general Daniel Adler y a sus colegas Laura Mazzaferri y Nicolás Czizikl por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al considerar que demoraron “injustificadamente” la investigación de los hechos que involucraron al mandatario, lamentó que el Gobierno nacional, a través de los organismos que correspondan, no tome medidas con respecto al accionar de la agrupación, el cual, según juzgó, es ilegal.
“No tienen ningún interés en la Justicia, sólo en militar en favor de una determinada facción”, aseguró el juez, sumándose a las voces que desde hace tiempo recuerdan que el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas.
Al parecer, el Gobierno intenta evitar un enfrentamiento y apela al desgaste. Sin el kirchnerismo en el poder, aunque muchos de sus integrantes siguen defendiendo a capa y espada la gestión kirchnerista, el grupo perdió influencia.
En Córdoba, casi todos los funcionarios federales dejaron de lado el decoro y se enrolaron abiertamente no sólo en las filas Justicia Legítima, sino también en la “militancia” política.
Así, por ejemplo, el comportamiento del fiscal Enrique Senestrari trascendió lo relacionado al debate ideológico sobre el modelo judicial vigente y a lo largo de varios años no se privó de hacer declaraciones de alto voltaje partidario, tanto ante los medios como en las redes sociales.
Lo mismo hicieron otros miembros de la “filial cordobesa” de Justicia Legítima, como el juez Hugo Vaca Narvaja y la camarista Liliana Navarro. Uno de sus últimos actos de flagrante militancia fueros sus opiniones sobre la marcha que se hizo en la ciudad tras la muerte de Alberto Nisman, en febrero del 2015.
Con un repentino ataque de asepsia política, repudiaron abiertamente la iniciativa y acusaron a los colegas del investigador que organizaron el homenaje de inmiscuirse “de modo flagrante en acciones completamente ajenas a su función”. Senestrari fue más allá: interpretó que quienes anunciaron su asistencia a la protesta “tenían problemas” con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y opinó que era “aberrante” que dijeran que era un acto neutral.
Sobre la situación actual de los jueces y fiscales “K” de la ciudad, una fuente consultada por Alfil vaticinó que “pronto van a ser furiosamente macristas”. Además, dejando “a salvo” al fiscal Alberto Lozada, opinó que todos fueron “abierta u ocultamente funcionales al anterior Gobierno”.
Cabe recordar que el avance en las causas por corrupción ya le costó el cargo al cordobés Carlos Gonella. En abril, salpicado por el escándalo que se generó con la detención del empresario Lázaro Báez, renunció a su puesto la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Si bien adujo que había cumplido “un ciclo”, admitió que la incriminación en su contra por su aparente falta de interés en investigar al patagónico influyó en su decisión.
El funcionario militante quedó en la mira de la Justicia por su deslucida actuación en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y está procesado por prevaricato, ya que se le atribuye haber ordenado que se excluyera a Báez de las primeras medidas investigativas. Según se sospecha, monitoreó el caso como guardián de los intereses del kirchnerismo y logró que el ex bancario ni siquiera figurara en la carátula del expediente.
Alfil adelantó que el huracán judicial que se desató con el avance del caso en contra de Báez afectaría al joven, que salió de los tribunales federales de la ciudad para comandar la Procelac amadrinado por Alejandra Gils Carbó, sumándose a la lista de militantes que eran funcionarios judiciales de segundo o tercer rango y que migraron a las altas esferas del Ministerio Público y del fuero Federal.
Actualmente comanda la Procelac al también cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial. Si bien comparte con Gonella su participación en el colectivo fundado por Gils Carbó, tiene más credenciales académicas.
Pérez Barberá fue uno de los pocos jueces provinciales que adhirió a la agrupación y es muy probable que su pertenencia a ese espacio haya influido en su designación en la Cámara en lo Penal Económico y en la Procelac.
El nuevo jefe de la procuraduría fue el único funcionario del Poder Judicial de Córdoba que concurrió al encuentro que Justicia legítima realizó en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, en marzo del 2013.
Ahora, los reclamos de distintos sectores podrían haber tenido eco en el macrismo. Aunque el puesto de Gils Carbó es vitalicio, avanza el plan para removerla. Esta semana se constituirá la Comisión Bicameral que revisará su accionar. El Poder Ejecutivo deberá presentar una propuesta al respecto y el Congreso de la Nación, aprobarla. La idea podría funcionar porque pese a que el oficialismo es minoría en el Senado habría una negociación en marcha con el peronismo.
Entre los potenciales reemplazantes figura Alberto García Lema, quien se desempeñó entre 1974 y 1976 como secretario letrado de la Procuración y fue constituyente por el Partido Justicialista en 1994. También fue procurador del Tesoro durante la presidencia de Carlos Menem y conjuez de la Corte Suprema. También está bien posicionado de Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados. El abogado sería el “candidato” de Macri.
Para el macrismo, el reemplazo de Gils Carbó es un paso vital para el desmantelamiento de la red que tendió el kirchnerismo en los tribunales, en donde nombró a cerca del 80 por ciento de los funcionarios.
Ya en retirada, el anterior Gobierno colocó a jueces, conjueces, defensores y fiscales en diferentes provincias, en un contexto de tensión con el Poder Judicial.
Los más de 60 nombramientos se publicaron en el Boletín Oficial mientras la ex presidenta Fernández de Kirchner confrontaba con la Corte Suprema y exigía el alejamiento del ministro Carlos Fayt por su avanzada edad.
Justicia Legítima fue la fuerza de choche a la que se le encomendó la difusión y la defensa de una de las tantas “cruzadas” en las que el kirchnerismo embarcó a la sociedad argentina: la denominada “democratización” de la Justicia.
En el 2012, presentó el proyecto de ley que, entre otros objetivos, apuntaba a politizar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la designación y remoción de jueces, fiscales y defensores oficiales. Finalmente, la reforma quedó trunca tras un fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de las normas.