Imputación de De Vido complica a Accastello por el Eninder

En el capitulo local por desvíos de fondos de obras públicas durante el kirchnerismo, el fiscal Ramiro González incriminó a ex funcionarios de Villa María. Se investiga la ejecución del convenio de colaboración que firmó la comuna en el 2009 con el Ministerio de Planificación.

de-vido-y-accastelloDesde que el ex intendente de Villa María, Eduardo Accastello, fuera señalado por la Auditoría General de la Nación (AGN) como el “gestor” de maniobras irregulares en el manejo de fondos en el Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional de Córdoba (Eninder), que presidió durante ocho años, ningún referente del kirchnerismo local habló para respaldarlo.
Ahora, la situación del ex candidato a gobernador por el kirchnerismo se complicó y es previsible que su “asilamiento” político se acentúe, ya que figura en la causa en la cual el diputado por el Frente para la Victoria (FpV) y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue imputado por presunto desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de la ciudad que gobernó.
El fiscal Ramiro González interviene en la pesquisa que se instruye a raíz de la denuncia presentada en el fuero Federal por el ex integrante del Tribual de Cuentas de Villa María, José Naselli (Democracia Cristiana), quien aseguró que durante el mandato de Accastello se sustituyó el convenio original que se firmó en el 2009 para los trabajos en el anfiteatro comunal, con el fin de “justificar” el desvío de fondos.
Pese a la gravedad de los datos consignados por el Colegio de Auditores de la AGN -que detalló que Accastello avaló procesos de adjudicación de obras que tuvieron sobreprecios de hasta el 148 por ciento- el ex candidato a gobernador por el FpV intentó desvincularse de las acusaciones en soledad.
A principios de julio, en la AGN se aprobó el informe presentado por Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez. Ese documento sumó un episodio local a la trama de escándalos por corrupción en la obra pública durante la gestión de Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández de Kirchner, después.
Los auditores detectaron sobreprecios en varios trabajos a cargo del Eninder, entre los que figuran la remodelación del anfiteatro villamariense y el nuevo puente que une a esa ciudad con su vecina, Villa Nueva.
Accastello habló ante los medios y aseguró que todas las obras se concretaron en tiempo y forma. También adujo que los precios los fijaba la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, la repartición a cargo del histórico funcionario kirchnerista José López, detenido, procesado y al borde del juicio oral por enriquecimiento ilícito, luego del grotesco episodio de los bolsos en el convento de General Rodríguez.

Dinámica
Convenientemente, el dirigente del FpV apuntó a López y dijo que las relaciones que él gestionaba se daban en el marco de la dinámica “ministro-intendente”. Aunque la frase era confusa, la referencia parecía apuntar al ex titular de la cartera de Planificación Federal, De Vido, hoy imputado.
En el capitulo cordobés que salpica a la obra pública gestionada en la jurisdicción durante el kirchnerismo, Nieva, representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la AGN, salió al cruce del ex intendente en tiempo real, ni bien ensayó su planteo exculpatorio.
Pese a que Accastello aseguró que el informe era una “operación política” del radicalismo, Nieva recordó que el documento fue aprobado por unanimidad y que lleva la firma del el kirchnerista Juan Forlón, uno de los seis integrantes del Colegio de Auditores de la AGN.
Sobre la afirmación de Accastello en relación a la mecánica de fijación de precios, respaldó el trabajo de la auditoría y dijo que sus dichos eran falsos, porque los fondos llegaban directamente a los municipios.
Cabe recordar que las sospechas sobre posibles pagos de sobreprecios por parte del Eninder se remontan al 2009, cuando Naselli denunció los presuntos desmanejos presupuestarios ante la Justicia provincial. En esa oportunidad, el fiscal de Instrucción de 2ª Nominación, Gustavo Atienza, archivó la causa en tiempo récord.
También fueron ignorados los pedidos de los concejales de la oposición, que en varias oportunidades el desempeño del ente e impulsaron solicitudes de informes por obras no terminadas o con modificaciones posteriores a la aprobación.
Luego de que se conocieran las conclusiones de la AGN, el referente kirchnerista fue denunciado penalmente por la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad de Villa María, que le atribuye la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. Si bien esa exposición se hizo ante la Justicia federal de la ciudad, podría pasar a los tribunales de Buenos Aires, en donde se siguen acumulando expedientes por el manejo de la obra pública.
La AGN le remitió al juez federal Ariel Lijo y al Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación el informe sobre el Eninder. Actualmente, Lijo analiza el reparto de fondos nacionales; en especial, a través de la oficina que conducía López. También le mandó el documento a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la comisión parlamentaria mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación.
El requerimiento que el fiscal González le hizo al juez Rodolfo Canicoba Corral alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios, Abel Fatala, el “número tres” de la obra pública durante la “era K”, detrás de López.
También quedaron imputados la ex secretaria de Economía y Finanzas de la comuna, Verónica Navarro Alegre (pareja de Accastello), y el ex jefe del Tribunal de Cuentas, Carlos De Falco.
Según plasmó González, el Ministerio de Planificación Federal había estimado el costo de las obras en casi 25 millones de pesos y la municipalidad las pudo realizar, con dinero propio, por menos de diez millones.