La Corte validó postura de Epec

Desde que la jueza Martina Forns extendió el efecto de una cautelar al país, la firma local aclaró que las subas del servicio en la provincia estaban excluidas. La magistrada fue duramente cuestionada por el Máximo Tribunal.

corte-supremaLa Corte Suprema se negó a intervenir en la causa que le envió la jueza Martina Forns –que frenó la suba de la tarifa de la luz con alcance nacional- y le encomendó que “sobre la base de las rigurosas exigencias vigentes en materia de procesos colectivos” verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitaron su intervención en el proceso, de conformidad al criterio que fijó en el precedente “Halabi”.
A principios de agosto, Forns -titular del Juzgado Federal Número 2 de San Martín- ordenó la suspensión de las resoluciones del Ministerio de Energía que determinaron el aumento de la electricidad, en el expediente “Fernández, Francisco Manuel y otros”.
El Máximo Tribunal cuestionó lo que definió como “el desarrollo contradictorio de las actuaciones” por parte de la jueza, con prescindencia de “sus deberes como directora del proceso”, y la reprendió por haber dispuesto una suerte de “salto de instancia” por su cuenta.
La Corte también la fustigó porque, desde un plano institucional, desplazó “discrecionalmente” la radicación del asunto y le trasladó la responsabilidad por la decisión final “de un conflicto de gravedad institucional que la sociedad y los poderes políticos de la Nación y de las provincias vienen aguardando con especial interés”.
Para el Máximo Tribunal, Forns se sustrajo de sus obligaciones como magistrada de la Nación, colocándolo en un escenario judicial en el que, por el momento, no le correspondía conocer.
En esa línea, argumentó que, con su proceder, la jueza “comprometió el prestigio del Poder Judicial”, al frustrar las legítimas expectativas de los ciudadanos, que aguardan la resolución definitiva del conflicto, ignorando “los tecnicismos legales de las disposiciones regulatorias de la competencia, de los procesos colectivos y de la acumulación de causas”.
Ni bien se conoció la decisión de la funcionaria federal bonaerense, el presidente de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (Epec), Jorge González, aclaró que no tenía injerencia en la jurisdicción, y aseguró que no se modificarían las boletas.
Además, recordó que la firma hizo la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos el 24 de febrero, para tratar el incremento que había solicitado, y que dos días después fue aprobado.
González destacó que a partir de ese momento se comenzó a facturar con el nuevo cuadro y que no se presentaron inconvenientes ni con el servicio ni con el pago de los usuarios, ya que no han subido los índices de morosidad.
A pesar de las precisiones del directivo respecto al cumplimiento de los consumidores y al hecho de que el incremento que definió Epec rige desde antes de abril, cuando el Estado Nacional definió el polémico “sinceramiento tarifario”, el “amparismo opositor” prevaleció, sin éxito en este caso. Así, el abogado Horacio Viqueira reclamó que, vía cautelar, la Justicia frenara los aumentos de la luz en Córdoba.

Legitimación
En otro decisorio, la Corte revocó por unanimidad la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que suspendió los aumentos en la tarifa eléctrica, al entender que quienes iniciaron la causa para actuar en representación de todos los usuarios no tiene legitimación.
El amparo fue presentado por diputados de la provincia de Buenos Aires, el secretario general de la Defensoría del Pueblo y el Partido Justicialista, un grupo al que se adhirió el presidente del Club Social y Deportivo 12 de Octubre.
El tribunal se apartó de lo dictaminado por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien opinó que debía avalarse lo resuelto por la Alzada.
Según Gils Carbó, en la causa está en juego “la tutela cautelar del acceso de los usuarios y consumidores al servicio básico de electricidad y, en definitiva, a derechos fundamentales”. No obstante, la Corte enfatizó que “dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que amerite que sea resuelto por la Corte”.
A su vez, destacó que el requisito de la existencia de “caso” en los expedientes relacionados con las actividades del Ejecutivo y del Legislativo debe ser observado rigurosamente, para preservar el principio de división de poderes.