Buscan que el “narcomenudeo” vuelva a Tribunales Federales

En el 2012, Córdoba dejó bajo la órbita de la Justicia local los delitos que se cometen en el “último eslabón de la cadena de comercialización de drogas”.

Por María Viqueira
[email protected]

drogaLuego de que el presidente Mauricio Macri lanzara el plan “Argentina sin narcotráfico”, diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que busca reestablecer la competencia de la Justicia federal en todos los delitos relacionados con la comercialización de drogas.
Cabe recordar que en el 2005 se modificó Ley de Estupefacientes (23.737) y se le otorgó a las provincias la posibilidad de perseguir y reprimir el “narcomenudeo”, una facultad que Córdoba ejerció. De hecho, fue pionera.
Ahora, los representantes reclaman que la legislación vuelva al estado anterior a la sanción de la ley 26.052, en el entendimiento de que la norma, lejos de ser un instrumento eficaz en la lucha contra el tráfico, entorpeció la tarea e, incluso, facilitó el avance del crimen organizado. En ese sentido, en los fundamentos del articulado subrayaron que en la última década aumentaron delitos conexos con esa problemática, como los homicidios “por encargo o por venganza”.
Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica, recordó que cuando se discutía en el Congreso Nacional la reforma de la ley 23.737 su bloque advirtió sobre las graves consecuencias que tendría la “desfederalización” en la política criminal.
Las críticas a esa práctica no son nuevas. Un informe del 2014 de la Procuraduría Narcocriminal (Procunar) remarcó que “hay menos posibilidades de realizar investigaciones complejas sobre narcotráfico en las provincias en las que la Justicia local se hace cargo de perseguir la venta al menudeo o microtráfico”.
Según el organismo, al no investigar el narcomenudeo, la Justicia Federal ya no accede a información que le permitiría conocer la existencia del contrabando o narcotráfico de mayor porte.
Córdoba dejó el narcomenudeo bajo órbita de la Justicia local en junio del 2012, cuando creó el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene dos fiscalías en la ciudad.
La Provincia adhirió a la Ley de Estupefacientes (26.052), que permite que cada jurisdicción combata los delitos que se cometen en el “último eslabón de la cadena de comercialización de drogas”. Así, asumió competencia en la persecución, investigación, juzgamiento y represión de las figuras de tenencia simple, para consumo personal y con fines de comercialización; comercialización; suministro a título oneroso o gratuito; cultivo de estupefacientes para consumo personal; confabulación para cometer delitos de tráfico desfederalizado y facilitación de un lugar para el consumo. Además, entiende en ilícitos relacionados con el suministro, producción y venta indebida de sustancias medicinales.
En tanto, quedaron a cargo del fuero Federal las causas por narcotráfico. Ya sin Drogas Peligrosas en el mapa, cuenta con la Gendarmería Nacional y con la Policía Federal para llevar adelante las investigaciones.
En abril, el fiscal General Alejandro Moyano expuso ante legisladores de la región centro sobre “narcomenudeo” y valoró que el esquema local funciona. También hizo un balance positivo de la actividad de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), creada en mayo del 2015, la primera unidad de su tipo en el país que, como novedad, está a cargo del Ministerio Público Fiscal y no del jefe de Policía.
Uno de los factores que contribuyeron a la creación de esa estructura fue el denominado “narcoescándalo”, que involucró al comisario mayor Rafael Sosa. El ex uniformado dirigía el área de Drogas Peligrosas, el “brazo ejecutor” de la Justicia Federal cuando intervenía en la totalidad de las causas.
Si bien los letrados que litigan en el fuero Penal coinciden en que hay desafíos en lo atinente a la coordinación de las tareas que llevan adelante “las justicias”, Moyano opinó que la “provincialización” es positiva.
Pero no sólo los abogados tienen reparos. El camarista Federal Abel Sánchez Torres declaró recientemente que carecía de “elementos objetivos” para analizar la bondad de la provincialización del narcomenudeo y aseguró que a veces un caso en el que se secuestra poca droga “perjudica investigaciones más profundas”.
Actualmente, la mayoría de los procedimientos los lleva adelante el Poder Judicial de la Provincia y, por lo general, involucran a meros usuarios o a personas que son detenidas con escasas cantidades de estupefacientes, que los venden para subsistir o para solventar sus propias adicciones, mientras los “peces gordos” siguen operando. Hace años que “el narco” no llega ante la Justicia federal.
Los abogados consultados sobre el tema señalan que una de las ventajas que tenía la concentración de los casos en la órbita Federal era que en ese ámbito se seguían los lineamientos que fijó la Corte Suprema en el fallo “Arriola”, que en agosto del 2009 declaró la inconstitucionalidad del castigo de la tenencia de drogas para consumo personal y trazó pautas de política criminal para abordar el uso.
En esa línea, manifestaron que “los federales ni hablaban con los consumidores” y que ahora, tras la provincialización del narcomenudeo, los integrantes de la FPA los llaman “compulsivamente” a declarar. También dijeron que si bien las fiscalías especiales de la ciudad “se están adaptando lentamente a Arriola”, el perfil es “más punitivista” y que “se reprime al eslabón más débil”; en especial, en el interior.
Según los diputados de la Coalición Cívica, la narcocriminalidad se agudizó en las pocas provincias que adhirieron a la ley 26.052 (Córdoba, Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos, Salta y Tucumán), ya que los jueces y fiscales “tienen menos independencia respecto al poder político local”.

Recursos

Uno de los motivos que llevaron a las provincias a dejar de lado la posibilidad que les dio la reforma fue la falta de recursos para absorber competencias, ya que si bien el kirchnerismo se comprometió a asistirlas financieramente, incumplió esa promesa.
Un ejemplo del fracaso de la norma es el caso de Santa Fe. Cercada por ilícitos violentos relacionados al tráfico de drogas, no adhirió a la legislación, precisamente, por falta de fondos. El ministro de Justicia, Ricardo Silberstein reconoció en junio que la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya tiene dificultades para resolver los problemas que le plantean los delitos de jurisdicción provincial y que “se vería desbordada” si asumiera el desafío de perseguir la venta de estupefacientes en los barrios.