Reforma política: el modelo es Córdoba, no Buenos Aires

Cada vez que alguna crisis se cierne sobre la Argentina aparecen los intentos de reforma política. Buena parte de la sociedad los avala, en la ingenua convicción de que el problema es la política en abstracto y nos las políticas (en plural) que los mandatarios de turno ejecutan –o han ejecutado– en sus respectivas administraciones.

Pablo Esteban Dávila

vidal y schiarettiCada vez que alguna crisis se cierne sobre la Argentina aparecen los intentos de reforma política. Buena parte de la sociedad los avala, en la ingenua convicción de que el problema es la política en abstracto y nos las políticas (en plural) que los mandatarios de turno ejecutan –o han ejecutado– en sus respectivas administraciones. El resultado de esta neurosis reformista es que, al final, nadie discute los programas de gobierno sino las estructuras institucionales que les sirven de recipiente, un camino directo a la frustración colectiva.
La reciente estrella de esta pasión reformatoria es la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sus legisladores, junto a los representantes de Sergio Massa, votaron una ley que, entre otras linduras, limita las reelecciones indefinidas de intendentes, consejeros escolares, diputados y senadores bonaerenses. La iniciativa es, por supuesto, bienvenida, toda vez que aquella provincia, especialmente en la dimensión territorial de su conurbano, es presentada invariablemente como una región de barones eternos, prebendas y corruptelas asociadas a la perpetuación en el poder.
La buena imagen de Vidal, junto con el acierto de esta reforma, invita a otros distritos a hacer lo propio. En el caso de Córdoba ya han aparecido algunas voces (incluidas la del propio gobernador) que también sugieren limitar las reelecciones indefinidas en todos los niveles.
¿Es esto relevante para el sistema político cordobés? Definitivamente no. Las reelecciones permanentes no constituyen aquí un motivo de especial preocupación desde hace mucho tiempo. Las razones son simples: se encuentran circunscriptas exclusivamente a municipios y comunas pequeñas, la legislatura unicameral y a los concejos deliberantes locales.
La ley 8102, sancionada en 1991, estableció la alternativa que los municipios de más de 10.000 habitantes se dieran sus propias Cartas Orgánicas, una posibilidad que, en los últimos veinte años, la mayoría de ellos utilizó con gran provecho. Los resultados, desde el punto de vista institucional, han sido halagüeños: todas las ciudades que sancionaron estos instrumentos han impedido que sus intendentes puedan permanecer en el poder por más de dos períodos consecutivos. No ha sido necesaria coacción alguna para lograr esta proeza cívica; simplemente, un sano y espontáneo consenso social sobre lo disfuncionales que resultan para la democracia los gobernantes con pretensiones de perpetuidad.
Quedan fuera de esta limitación los intendentes y jefes comunales de poblaciones más chicas, para quienes no rige este criterio. Sin embargo, la cantidad de personas bajo la férula de estos mandatarios es tan pequeña que, en la práctica, la aplicación de una ley al estilo bonaerense sería, en este sentido, decididamente marginal.
Podría pensarse que, en realidad, lo importante sería aplicarla sobre la legislatura y los concejos deliberantes, cuyos miembros pueden aspirar a cuantas reelecciones deseen. No obstante, tampoco parece que este sea un tema central en la agenda política cordobesa. Dejando de lado que un diputado o un concejal tienen funciones harto diferentes a las de un gobernador o un intendente, no existen casos particularmente visibles de legisladores eternizados en sus bancas. Cuesta encontrar un registro que demuestre lo contrario desde 1983 hasta la fecha.
Una explicación para este fenómeno puede encontrarse en el hecho que, en rigor, la provincia ha vivido tres grandes reformas políticas desde el inicio de la democracia: las modificaciones constitucionales de 1987 y 2001 y la introducción de la boleta única en diciembre de 2008. Este conjunto de iniciativas determinaron un sistema probablemente más dinámico que en otros distritos y, también, con un menor nivel de crítica social. No puede discutirse que Córdoba goza de una calidad institucional muy superior a la de Buenos Aires, lo que se traduce en menores presiones para la adopción de normas disruptivas.
Esto significa que, en rigor, sería prudente no caer en un exceso de legislación que, en realidad, poco aportaría a la mejora del proceso político provincial. Muchas veces, la institucionalidad radica en no cambiar las leyes sólo por una cuestión de modas. Las democracias más exitosas son las que se rigen por normas antiguas, que han demostrado su vigencia en el tiempo sin generar grandes problemas. Córdoba ha disfrutado, con sus inevitables polémicas, de instancias de reforma que gozaron de un razonable consenso partidario y sin que pueda hablarse en propiedad de liderazgos plebiscitarios. El hecho que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti hayan monopolizado, en cierta medida, la vida política del distrito no puede hacer olvidar que sus mandatos han respetado escrupulosamente las disposiciones constitucionales vigentes. Sólo el tercer mandato de Eduardo Angeloz, habilitado por interpretaciones al menos discutibles, presenta notas de cierta disonancia en este devenir.
¿Nada, entonces, debe hacerse? Probablemente. No siempre las reformas deben ser asociadas al progreso político. Hay momentos para actuar y otros para acumular experiencias sobre las transformaciones ya realizadas. Buenos Aires tiene problemas que condicionan al resto del país, pero no necesariamente las demás provincias deben observarse en el espejo de aquélla. Hay algunas que, por cierto, deben trabajar para desmantelar estructuras anacrónicas y basadas en caudillismos ya inaceptables, pero Córdoba no es una de ellas. Por el contrario, el suyo es el modelo a imitar, no que Vidal ha impulsado recientemente.
Debe aceptarse que, aunque los sistemas políticos sean construcciones siempre perceptibles, siempre será recomendable tocarlos lo menos posible cuando hayan demostrado que funcionan razonablemente. Es bueno recordar que, muchas veces, los problemas que se atribuyen a cuestiones estructurales son, nada más ni nada menos, que el producto de políticas erróneas y malas decisiones de gobierno. Y que, contra ellas, el fin de las reelecciones indefinidas o el cambio de tal o cual papeleta electoral no son los antídotos que hacen falta.