Violencia de género: pese a reparos, habrá “pulseras”

La Legislatura Unicameral aprobó la modificación del Código Procesal Penal. Se sumaron indicios de peligrosidad que facilitarán que los fiscales dicten la prisión preventiva para los sospechosos. Podría haber colisión con la postura que fijó el TSJ en “Loyo Fraire”.

legislaturaSin el apoyo de los bloques de izquierda (FIT-PTS), a instancias del oficialismo, la Legislatura Unicameral modificó el Código Procesal Penal de la Provincia en lo relacionado a la violencia de género.
Según los representantes de Unión por Córdoba, la iniciativa se enmarca en “el objetivo de adelante una política más agresiva, orientada a la asistencia integral”.
Así, el Poder Legislativo cambió el texto del actual artículo 281 de la ley de rito, que regula la prisión preventiva, e incorporó los artículos 281 bis y ter, que suman indicios de peligrosidad que posibilitarán que los fiscales ordenen medidas restrictivas de la libertad cuando se sospeche que el supuesto agresor ejerce “influencia” sobre la víctima.
Además, habilita el uso compulsivo de dispositivos electrónicos en casos de violencia de género (“pulsera electrónica”), con el objetivo de reforzar el control del cumplimiento de las órdenes de restricción de acercamiento.
Desde los primeros meses del año los crímenes contra mujeres marcaron la agenda política local y nacional. En mayo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Luis Angulo, anunció que el Gobierno analizaba adquirir una tecnología más efectiva que los botones antipánico para prevenir ataques.
Se trata de un dispositivo “dual” consistente en pulseras que deben ponerse tanto a la presunta víctima como el supuesto agresor. A través de un mecanismo de geolocalización, el sistema activa una alarma cuando detecta la proximidad de los elementos.
Cuando el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, se reunió con sus pares provinciales en la presentación de la iniciativa “Justicia 2020”, oficializó que el Gobierno nacional iba a promover la implementación del sistema. La novedad se confirmó en julio, con el lanzamiento del plan nacional para la erradicación de la violencia de género, en el cual se incentivan programas de “reeducación para varones” y se propicia que usen tobilleras, que cumplen la misma función que la tecnología de origen israelí que se aplicará en Córdoba.
Al comunicar que se estudiaba la posibilidad de implementar las pulseras, Angulo detalló que si bien se emplean en otros países, aquí podría haber obstáculos jurídicos, ya que implica la colocación obligatoria de un artefacto que no se puede quitar a personas que pueden haber sido denunciadas (o imputadas), pero que aún no han recibido condenas; es decir, a inocentes.
No obstante, el funcionario valoró que “por encima de la cuestión garantista están las vidas de las mujeres” y que él “no tendría inconvenientes” en que la Justicia encuentre los mecanismos para imponerle esa obligación a los sospechosos.
A horas de la segunda marcha bajo la consigna Ni una Menos, en junio, Córdoba adhirió a la Ley nacional 26.485 (de Violencia de Género). Con 56 votos a favor y sólo cuatro en contra, la Legislatura Unicameral puso fin al debate que se profundizó a principios de mayo, luego de los crímenes de Lis Funes y Carina Drigani.
Pese a que la legislación nacional sancionada hace siete años casi no tuvo efectividad y a que no fue acompañada con políticas públicas con influencia en la problemática, la medida era reclamara por distintos sectores.
Como no se diseñaron programas específicos, no hubo fondos para las Provincias, pero el actual Gobierno se comprometió a girar recursos para que cada jurisdicción diseñe e implemente planes. Ahora, Córdoba deberá adecuar los procedimientos administrativos y judiciales pertinentes.
Hubo acuerdo entre los legisladores en cuanto a que es la legislación nacional de Violencia de Género es más amplia, ya que no sólo regula los hechos que ocurren en el hogar y los aspectos físicos y psicológicos del flagelo, sino también otras manifestaciones, como la violencia obstétrica, mediática y laboral.
Pese a las buenas intenciones de los legisladores, caber recordar que hace en el 2013 el Tribunal Superior fijó directrices sobre la prisión preventiva en la causa “Loyo Freire”, tomando en cuenta el criterio de la Corte Suprema.
En esa oportunidad, el Alto Cuerpo local consideró que resultaba “propicia y necesaria, acorde con la natural sensibilidad de los ciudadanos” establecer directrices que rigieran a futuro la aplicación de la peligrosidad procesal, teniendo en cuenta que lo que está en juego con el encarcelamiento cautelar es el derecho constitucional a la libertad durante el proceso.
Entre otras pautas, indicó que para mensurar la peligrosidad procesal no bastará tener en cuenta solamente la severidad de la sanción legal conminada para el ilícito que se le atribuye al imputado, sino otros indicios concretos de peligrosidad procesal, partiendo de que debe disponerse el encierro cuando “sean absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado y no exista una medida menos gravosa”.