Gobierno especula con “giro al oficialismo” de Justicia Legítima

Pese a las quejas de muchos sectores por la inacción con respecto al colectivo kirchnerista, es previsible que la nueva Administración aguarde que los federales se alineen y evite caer en la confrontación.

2016-08-24_JUSTICIACon el cambio de Gobierno muchos especulaban con que el colectivo kirchnerista Justicia Legítima iba a perder impronta e influencia en los tribunales federales, pero hasta ahora las cosas parecen seguir tal como estaban.
La relación de la actual Administración la procuradora General de la Nación y referente del grupo, Alejandra Gils Carbó, tuvo momentos tensos, pero con el paso de los meses la tensión cedió.
Hay funcionarios que no se resignan a esa actitud pasiva, como el juez federal Alfredo López, a cargo de la pesquisa por la agresión que sufrió el presidente Mauricio Macri en Mar del Plata.
El magistrado lamentó que el Gobierno nacional, a través de los organismos que correspondan, “no tome ninguna medida” con respecto al accionar de la agrupación, que –según juzgó- es ilegal. “No tienen ningún interés en la Justicia, sólo en militar en favor de una determinada facción”, aseguró.
En ese sentido, denunció que detrás del atraque a Macri hay un “plan sistemático de desestabilización” y condenó las permanentes expresiones públicas de referentes kirchneristas “instando a derrocar” al Poder Ejecutivo.
López denunció al fiscal general Daniel Adler y a sus colegas Laura Mazzaferri y Nicolás Czizikl por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, al considerar que demoraron “injustificadamente” la investigación de los hechos.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le restó un poco de importancia a los dichos de López y manifestó que “no tiene evidencias” para sostener que haya un plan desestabilizador. Sin embargo, advirtió que “todavía hay coletazos” en la transición que está atravesando “gente que está acostumbrada a la confrontación”
Al parecer, el Gobierno intenta evitar un enfrentamiento innecesario y apela a que el colectivo de un giro hacia el oficialismo, ya que sin el kirchnerismo en el poder es previsible que su estrella se opaque y las cosas caigan por su propio peso.
Si bien el reglamento de la Justicia nacional determina que los funcionarios no pueden participar en agrupaciones políticas, decenas de federales del país y de Córdoba dejaron de lado el decoro que les impone su función y “militaron” abiertamente no sólo en Justicia Legítima, sino también en el kirchnerismo.
Sobre la situación actual de los jueces y fiscales “K” en los tribunales federales de la ciudad, una fuente consultada por Alfil dijo sin vacilación: “Todos tenemos la certeza que van a ser furiosamente oficialistas de nuevo”.
Además, aseguró que “salvo (el fiscal) Alberto Lozada, todos eran abierta u ocultamente funcionales al anterior Gobierno”, pese a que “la mayoría ingresó durante la dictadura”.
El avance en las causas por corrupción del kirchnerismo ya le costó el cargo a un cordobés que progresó en la carrera gracias a sus simpatías políticas. A fines de abril, salpicado por el escándalo que se generó con la detención del empresario Lázaro Báez, Carlos Gonella renunció a su puesto la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), luego de encabezar la repartición durante cuatro años.
Si bien Gonella adujo que dejó el cargo porque cumplió “un ciclo”, admitió que la incriminación en su contra por su aparente falta de interés en investigar al patagónico influyó en su decisión.
Cabe recordar que el funcionario militante es duramente cuestionado por su deslucida actuación en la causa conocida como la “ruta del dinero K” y está procesado por prevaricato, ya que se le atribuye haber ordenado que se excluyera a Báez de las primeras medidas investigativas.
Según sospecha la Justicia, monitoreó la causa como guardián de los intereses del Gobierno anterior y logró que el ex bancario ni siquiera figurara en la carátula del expediente.
Alfil adelantó que el huracán judicial que se desató con el avance del caso contra el empresario afectaría al joven, que salió de los tribunales federales de la ciudad para comandar la Procelac durante la administración kirchnerista, amadrinado por Gils Carbó. Así, se sumó a la lista de militantes que eran funcionarios judiciales de segundo o tercer rango y pasaron a ocupar cargos en las altas esferas del Ministerio Público.
Días después del encarcelamiento de Báez, cuando la Sala II de la Cámara Federal rechazó el pedido de libertad del patagónico, recordó el penoso papel de Gonella al comienzo del trámite.
Actualmente comanda la Procelac al también cordobés Gabriel Pérez Barberá, ex juez de la Cámara de Acusación de la Justicia provincial, en donde se desempeñó durante nueve años.
Si bien comparte con Gonella su participación en el colectivo “K” fundado por Gils Carbó, tiene más credenciales académicas.
Pérez Barberá fue uno de los pocos jueces provinciales que adhirió a la agrupación y es muy probable que su pertenencia a ese espacio haya influído en su designación en la Cámara en lo Penal Económico y en la Procelac.
El nuevo jefe de la procuraduría fue el único funcionario del Poder Judicial de Córdoba que concurrió al encuentro que Justicia legítima realizó en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, en marzo del 2013.