Fallo de la Corte contra el tarifazo no implica que no se pueda achicar el déficit

Un estudio privado analiza qué otras áreas podrían reformarse para bajar el gasto público ante la mayor lentitud en el recorte de subsidios.

DYN15El fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las tarifas implica que la estrategia de reducir déficit fiscal vía recorte de subsidios llevará más tiempo del planeado. El gobierno nacional reconoció que se reduce en 20 mil millones de pesos la cifra que iban a acortar por esa vía; de todos modos no significa que no se puedan revisar otros componentes del gasto público.
Por ejemplo, la consultora Idesa indica que “reformar el sistema previsional y desmantelar intervenciones nacionales superpuestas con funciones provinciales no solo resultan prioritarias sino que, después de la intervención de la Justicia, pasan a ser urgentes”.
El trabajo admite que, entre los principales impactos del fallo uno de los más relevantes es que obliga a continuar derivando una importante cantidad de recursos fiscales a subsidiar las tarifas. Esto entra en colisión con el objetivo de reducir el déficit fiscal, condición indispensable para recuperar la estabilidad de precios, la inversión y el crecimiento. La gradualidad que impuso la Corte altera el plan fiscal que se venía sosteniendo.
En este sentido es importante tener en cuenta que los subsidios económicos representaron aproximadamente el 15% del gasto público primario de la Administración Pública Nacional en la primera mitad del año 2016. El resto se integra por:
El 63% se destina a gastos de carácter social (previsión social, salud, educación, vivienda e infraestructura básica); el 16% se aplica al pago de salarios y funcionamiento del Estado y el seis por ciento se destina a inversión pública.
Estos datos muestran que los recursos fiscales asignados a subsidiar la energía, el transporte y las empresas públicas representan prácticamente un cuarto del gasto social, lo mismo que se gasta en salarios públicos y más del doble de lo que se asigna a obra pública.
Se trata de una enorme cantidad de recursos fiscales que en la mayoría de los casos beneficia a personas de ingresos medios y altos, produce ineficiencias y oportunidades de corrupción y ha llevado a la crisis del sector energético. Sin perjuicio de ello, también muestran que la gradualidad que impuso la Corte no necesariamente implica claudicar en el objetivo de reducir el déficit fiscal. “Muy por el contrario, existen otros componentes del gasto público donde con adecuadas estrategias se puede mejorar las cuentas fiscales”, agrega el informe.
Un área ineludible de reformas es el sistema previsional. Para Idesa, en este aspecto queda más explícito el “error” de no haber contemplado en la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados cambios en la organización del sistema previsional. Plantea que el reconocimiento de las deudas “es justo y necesario, pero también es imprescindible corregir muchas inconsistencias e inequidades que cobijan las normas previsionales vigentes. Si bien en la ley se contempla la creación de una comisión para abordar el tema, su dinámica resulta demasiado cansina frente a la insolvencia en que se encuentra el sistema jubilatorio”.
En el resto del gasto social también hay espacios de reformas. Siguen operando una treintena de programas federales en educación, salud y desarrollo social que en lo que va del año distribuyó $40 mil millones entre las provincias en un esquema heredado de intervenciones nacionales superpuestas con las responsabilidades provinciales.
“Replanteando este rol, se podría desmantelar estructuras burocráticas inútiles que se fueron acumulando durante décadas bajo la lógica de un Estado nacional invasivo de las funciones provinciales y municipales”, sostiene Idesa.
Insiste en que el fallo de la Justicia en el tema tarifario no es un obstáculo insalvable para cumplir con la meta de reducir el déficit fiscal y, por esta vía, bajar la inflación y aumentar la producción. Por el contrario, es un factor adicional que alerta sobre la necesidad de avanzar de manera más veloz y decidida en la modernización del Estado para convertirlo en un instrumento eficaz de promoción del desarrollo social sustentable y equilibrado.



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