Abogados, sin apuro por juicio civil oral

Los colegios de la Provincia se reunieron y fijaron postura con respeto a los planes de reforma del Código Procesal y a la situación del Poder Judicial.

justicia-argentinaEl viernes, los letrados cordobeses se reunieron para debatir y fijar postura sobre la pretensión del Ministerio de Justicia de modificar Código Procesal Civil, con la agenda que fijaron en la “junta” que concretaron en Río Cuarto, hace tres semanas.
Durante la jornada “¿Qué Justicia requiere Córdoba?, de la que participaron autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia (FeCACor), presidida por Mauricio Paschetti, y miembros de los directorios de las 11 entidades de la jurisdicción, se destacó que en más de 30 años de democracia ni Córdoba ni la Nación discutió el modelo judicial que busca adoptar.
En ese sentido, se resaltó que la Ley de Procedimiento Laboral tiene una concepción que data del año 1949 y que permanece inalterable, pese a que se trata del fuero con mayor mora en sus tiempos de respuesta; principalmente, en la capital.
Los letrados coincidieron en que debe conformarse una mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Justicia y por los operadores judiciales, con el fin de relevar la problemática particular de cada circunscripción en los diferentes fueros.
Los abogados concluyeron que tanto las sugerencias como las decisiones respecto a posibles reformas requieren una discusión sobre la asignación presupuestaria al Poder Judicial para los próximos años, al estimar que la experiencia demuestra que las partidas destinadas en los últimos ejercicios fueron “manifiestamente insuficientes” para garantizar una tutela judicial efectiva.
Paralelamente, en el encuentro se señaló que la ausencia de trabajo legislativo sobre el procedimiento de cada fuero generó un “impropio ejercicio de normar” mediante acordadas por parte del Tribunal Superior de Justicia, que no respeta el orden jerárquico establecido en la Constitución Nacional.
Los letrados de Córdoba no advirtieron la necesidad de introducir la oralidad en el proceso Civil y estimaron que las experiencias latinoamericanas y nacionales no cumplieron los objetivos establecidos.
Cabe recordar que la semana pasada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, firmó un acuerdo de cooperación técnica con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), encabezado por Jaime Arellano Quintana.
Angulo declaró que en varios países de América Latina ya hay experiencias en orden al objetivo de cambiar “el paradigma de una Justicia y de un sistema que, en el caso del proceso civil, que es esencialmente escrito, incorpore la oralidad”.
Por su parte, Arellano Quintana indicó que el centro va a colaborar con la cartera provincial para impulsar la reforma procesal, recordando que la oralidad en el sistema aporta transparencia y mayor velocidad de la solución de los conflictos.
Sobre el tema de la oralidad, los abogados manifestaron que la adopción de alternativas rituales foráneas supone una estrategia equivocada, porque se prescinde del aporte jurídico de los doctrinarios cordobeses, lo que sumado a lo que definieron como “la ausencia de diagnóstico previo” puede implicar “un peligroso salto al vacío que degrade el servicio de Justicia”.
También opinaron que deben cubrirse de inmediato las numerosas vacantes de jueces y funcionarios; que el otorgamiento de mayor poder a los magistrados no puede erigirse en sinónimo de inmediatez y celeridad en la Justicia y que “debe ratificarse y reivindicarse el Proceso Judicial como la herramienta natural para la solución de conflictos de intereses, resultando cualquier otra sólo un medio alternativo para lograr ese fin”.
En esa tesitura, enfatizaron que la intervención del abogado es necesaria en cualquier proceso judicial, sin distinción de temática o cuantía, por imperativo de las mandas constitucionales de defensa en juicio, debido proceso legal y tutela judicial efectiva. “Todo ataque expreso o tácito al ejercicio de la abogacía pretende la vulneración de derechos del justiciable”, determinaron en la reunión.
Con respecto a informatización, los letrados cordobeses fijaron posición en torno a que ese paso exige la adhesión a la Ley Nacional sobre la materia. “La eficacia vinculante de las comunicaciones procesales -e cédulas- y los decretos y resoluciones que se incluyen en el SAC (Sistema de Administración de Causas) no pueden estar libradas a la decisión unilateral del administrador judicial del servidor, dejando en indefensión al abogado y lo que es más grave, los intereses del justiciable”, subrayaron, precisando que el Comité de usuarios del SAC debe garantizar la participación de representantes de los colegios de profesionales del derecho en un plano de igualdad con los funcionarios del Poder Judicial local.



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